domingo, 28 de noviembre de 2010

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Sábado, 27 de noviembre de 2010

A último minuto

Por Sergio Kiernan

Cortando clavos y abriendo la posibilidad de que el Ejecutivo haga trampa con los tiempos, la renovación de la Ley 3056 pasó al jueves que viene. Iba a ser votada en el recinto este 25, pero los trámites internos se demoraron porque la Comisión de Planeamiento sólo firmó este martes 23. Esta reunión de Planeamiento –ya no de asesores sino de los diputados miembros– fue calificada por un participante como “abrumadora” por la cantidad y energía de los vecinos presentes. Los patrimonialistas quedaron agradablemente sorprendidos por la cantidad de caras nuevas que vieron: cada vez se suma más gente a los reclamos por el patrimonio.

Con lo que la ley-marco salió de la comisión y ahora hay que contar los días. Si todo sale bien, se vota el jueves 2 de diciembre, en la habitual sesión final de la Legislatura, que es una cabalgata de votaciones apiladas. La 3056 vence el último día del año y es aquí donde los agentes de la industria inmobiliaria, el ministro Chaín y su subsecretario Lostri, pueden hacer la trampita. Resulta que pese a los esfuerzos denodados de varios miembros del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, no se pueden liberar para la piqueta todos los edificios que pasan por ahí. Hasta las representantes de Cultura y del Icomos, que pelean para “desestimar” todo lo posible, entienden que algo hay que catalogar, aunque sea menos de la décima parte de lo tratado.
Pero resulta que Chaín y Lostri por algo son socios comerciales –construyen edificios y les hacen obra pública a medida– y se las arreglaron para transformar al CAAP en una máquina de liberar parcelas. Es que si el Consejo “desestima” una propiedad, ésta se puede demoler instantáneamente.
Pero si el CAAP “estima” un edificio, éste no queda automáticamente salvado sino apenas inhibido mientras su carpeta inicia el bizantino trámite de catalogación en la Legislatura. Entretanto, no se puede demoler... a menos que se caiga la ley. Si el 31 de diciembre el Ejecutivo –Chaín y Lostri– no promulgaron la renovación de la 3056, si no la publicaron en el Boletín Oficial, algún vivo o avisado puede “entender” que hay un vacío legal y procederá a demoler lo inhibido. Después le pondrán una multita o algo, pero el daño estará hecho.
Con lo que habrá que seguir de cerca, pese a las fiestas, el camino de ese despacho, observando qué hacen los dinámicos socios de los especuladores, arriesgados a ofender sus deberes como funcionarios públicos.
En la reunión de los diputados fue instrumental Eduardo Epszteyn, que ayudó a acelerar los tiempos. Y se vio un acto público de lucidez del diputado Campos, que elogió la iniciativa del APH de la City que impulsa Patricio Di Stefano. Antonio Campos se oponía por razones equivocadas y es encantador ver que tiene la altura de cambiar de posición.
Cuadra e Imprenta
Pensándolo un poco, era cuestión de tiempo que pasara: conociendo el hambre de terrenos grandes que tienen los especuladores, la supervivencia de la galería-restaurante La Cuadra y del pequeño shopping La Imprenta era tenue. Pese a que son de lo último que le resta de patrimonio a esa zona tan demolida entre Libertador y Luis María Campos, el CAAP los “desestimó” y los dinámicos Chaín y Lostri cumplieron con sus clientes. El barrio, sin embargo, está en armas.
La Imprenta era la imprenta y boletería del Hipódromo de Palermo, que fue el motor del barrio. Las viejas máquinas están hoy en el museo del hipódromo de San Isidro, bien preservadas. La Cuadra era uno de los muchos studs que puntuaban el barrio, una tipología de la que ya no queda otro ejemplar.
En 1986, los arquitectos Fortesa y Sábato dirigieron el proyecto que se ve hoy: los dos edificios conectados a través de una casa donde alguna vez se vendió forrajes, cada uno tratado a su manera. La Imprenta mantiene su sencillez formal, con nuevas aperturas. La caballeriza, creada en 1928 por el arquitecto Flores Pirán, intervenida de un modo minimalista que da gusto ver. Quien visite el lugar, se encontrará con una fachada francesa de lo más paqueta a la que le faltan nada más que los ventanales originales, reemplazados por paños fijos de vidrio para los dos locales que dan a la calle (por alguna razón inexplicable, los comerciantes creen que venden más si vandalizan las ventanas).
Entrar es encontrarse con una caballeriza intacta, con su pavimento de adoquines, columnitas de metal, vereda perimetral y boxes con pesadas puertas de madera con equipamientos de bronce. Cada box es un local –el 16 fue el hogar de Yatasto, el pingo de Carlos Gardel– y el espacio central, techado, es el restaurante. Es un lugar muy bien llevado, un tipo de intervención sano e incruento que debería ser modelo.
Nada de esto le interesó al CAAP, más atento a los intereses de la industria inmobiliaria que a su misión de ayudar a preservar el patrimonio. La furiosa disidencia de su única miembro consistentemente coherente, Mónica Capano –a cargo de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad– no alcanzó para frenar el negocio. Capano está preparando un dictamen muy crítico contra la autorización de demolición y, este martes a las 18 horas, va a trasladar su tertulia de La Ideal al restaurante La Cuadra como protesta.
El defensor del Pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado también está tomando cartas en el asunto y prepara una recomendación para Chaín y Lostri. Lo que les dirá a los funcionarios es que hubo un evidente eco en la sociedad ante la posibilidad de que demuelan estos edificios, con lo que queda en claro que tienen un valor que trasciende sus ladrillos. El Ejecutivo debería frenar la autorización y mandarla de vuelta al CAAP, para que éste revise su decisión.
De urgencia, el diputado Sergio Abrevaya, con apoyo de Epszteyn, preparó un proyecto para proteger la caballeriza en los términos de la ley 1227 de Patrimonio, con lo que Desarrollo Urbano no puede intervenir. Parte de la movida es enviarle una nota a Lostri para que se dé por enterado y congele cualquier obra hasta que se expida la Legislatura. Habrá otra nota para Josefina Delgado, de Cultura, a ver si, por fin, se mueve.
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Sábado, 27 de noviembre de 2010

Financiamiento para los depredadores

Por Facundo de Almeida *

La asociación indisoluble entre el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y la industria de la construcción es evidente. El ministro Daniel Chaín y el viceministro Héctor Lostri son ellos mismos (sub)desarrolladores inmobiliarios y hasta están dispuestos a alterar la ubicación de obras públicas establecidas por ley para beneficiar a sus emprendimientos, tal como se relató dos semanas atrás en esta misma columna.

El Banco Ciudad sorprendió hace dos años con la positiva y destacada participación de su presidente, Federico Sturzenegger, en la reunión de trabajo que convocó la entonces presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, la ex diputada Teresa de Anchorena, para tratar el proyecto de ley de Transferencia de la Capacidad Constructiva, que parece haber vuelto a la vida parlamentaria en este último tiempo. Pero algo cambió en el banco, porque sus autoridades acaban de anunciar una beneficiosa línea de créditos para la construcción de nuevos edificios para viviendas y oficinas.

Es curioso que desde un ente público se impulse una medida crediticia para alentar la construcción de nuevos inmuebles cuando, por una parte, la ciudadanía está reclamando que se garantice el derecho constitucional de preservar el patrimonio arquitectónico, y por el otro, las estadísticas demuestran la estabilidad de la población porteña.

Los sucesivos censos de población, incluyendo el reciente según las primeras estimaciones, indican que el número de habitantes en Buenos Aires se ha mantenido más o menos estable en tres millones de habitantes desde hace 50 años. En todo caso lo que aumentó es la población de las villas y esos créditos no parecen destinados a solucionar ese grave problema habitacional.

Todo esto es más delicado aún porque el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo con el Código de Planeamiento Urbano sancionado en el año 2000. Allí se creó el Fondo de Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec) que tiene como objetivo la restauración de inmuebles de valor patrimonial y, prioritariamente, la puesta en valor de edificios históricos para ser destinados a vivienda social.

El Ferec debería posibilitar que, con esos recursos, el Banco Ciudad otorgue créditos blandos destinados a los propietarios de inmuebles protegidos que decidan restaurarlos, y a grupos asociativos, para que revitalicen inmuebles deteriorados y tengan así una vivienda digna.

La misma ley establece varias fuentes de financiamiento para ese fondo, una de ellas genuina, es decir que no necesita ser incluida y aprobada cada año en la Ley de Presupuesto. El 15 por ciento de todo lo recaudado en concepto de tasas de delineación y construcción –que se paga cuando se emprende una obra– debe ser destinado sin más trámite a ese fondo.

El boom de la construcción de los últimos años hace suponer que esa recaudación –que los organismos estadísticos porteños no publican en forma discriminada y de la que sólo puede obtenerse alguna referencia por la estimación que hace el Poder Ejecutivo cada año cuando envía el proyecto de ley de Presupuesto a la Legislatura– fue bastante abultada.

Por ejemplo, en el proyecto de ley de Presupuesto para el 2011, el Poder Ejecutivo porteño estima que por ese ingreso no tributario se recaudarán 125 millones de pesos, eso quiere decir que deberían ir al Ferec unos 18.725.000 millones de pesos durante el próximo año.

Este aporte sería muy significativo para el sostenimiento del patrimonio porteño, si tenemos en cuenta que el Ministerio de Cultura ha presupuestado para todas sus áreas de patrimonio durante el próximo año 12.216.947, de los cuales un 80 por ciento aproximadamente se destina a gastos corrientes y sueldos.

En Desarrollo Urbano los datos no son muy alentadores tampoco, a pesar de haber reconocido los propios funcionarios el incremento notable de trabajo a partir de la sanción de las leyes 2548 y 3056. Para 2011 el Ejecutivo estima un gasto de 4.907.539 para la Dirección General de Interpretación Urbanística, que incluye mucho más que los temas patrimoniales, y donde la pequeña Supervisión de Patrimonio Urbano ni siquiera figura como tal en la ley de leyes.

No hay duda, entonces, de que la creación del Ferec representaría una estimable fuente de recursos para compensar y ayudar a los propietarios de inmuebles protegidos a poner en valor sus inmuebles. También sería una forma de recuperar, por ejemplo, esos miles de edificios que tiene la ciudad en su poder, la mayoría antiguos y muchos de ellos ocupados por familias que no tienen otro lugar donde vivir. Una tarea en la que podría colaborar la valiosa, pero menospreciada por los actuales funcionarios, Escuela Taller de Casco Histórico.

El único intento serio de reglamentar la creación de ese fondo fue en 2006, cuando Mario Sabugo era subsecretario de Planeamiento Urbano y elaboró un proyecto de decreto que no prosperó.

La omisión de crear el Ferec implica que durante diez años se han destinado recursos para fines distintos de los que dispone la ley, lo que podría constituir la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el que incurre aquel que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, como dice claramente el Código Penal de la Nación.

Lic. en Relaciones Internacionales. Magíster en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com

jueves, 25 de noviembre de 2010



Debe estar muy enojada la Campoy!

CLARIN 24/11/10 - 01:54

PorPepito Cibrián. Productor teatral.

El angel de mi madre debe estar volando por La Imprenta, porque durante nueve años funcionó allí su escuela de teatro, fueron los mejores de su vida. Por allí pasaron miles de alumnos, también daba clases su hermana, mi tía Carmen. Recuerdo noche tras noche, tantísimos momentos con ellos, las cenas que compartíamos en La Stampa. El proyecto debe ser un gran negocio inmobiliario, pero no se puede demoler y romper así el estilo de un barrio, es una masacre. ¡Debe estar enojadísima la Campoy!
Creo que si la ciudadanía se organiza, si la gente sale a defender su espacio, el patrimonio, su historia, su lugar, como sucedió en Caballito, tiene que poder evitarlo. El derecho de la sociedad va más allá del derecho individual. En ningún lugar del mundo permitirían una cosa así. A nadie se le ocurriría arrasar las Barrancas de Belgrano. Ya se demolió bastante, se destruyó bastante. Además, en un barrio como ese, donde no se puede circular ni estacionar, lo único que falta es que construyan torres. Si los vecinos se organizan, nadie los para.