miércoles, 12 de diciembre de 2007

Lostri

A DIAS DE LA ASUNCIÓN
Funcionario macrista en la mira

La senadora Vilma Ibarra se presentó en Bolívar 1 para entregarle al jefe de Gobierno Jorge Telerman una carta de preocupación por la futura designación "para que en plan del diálogo de transición, él se lo comunique a Mauricio Macri". El futuro funcionario en cuestión es Héctor Lostri, próximo subsecretario de Planeamiento Urbano, quien está procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. (Aquí la denuncia textual)

Por María José Pérez Insúa

Acompañada por el diputado electo Gonzalo Ruanova, y la actual legisladora Beatriz Baltroc, la actual senadora Vilma Ibarra fue este lunes al Palacio de Gobierno porteño para entregarle una carta de preocupación al jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, cuestionando la designación de Héctor Lostri como futuro subsecretario de Planeamiento Urbano.

"Le entregaremos a Jorge Telerman porque no hay instancia formal en la que entregárselo a Mauricio Macri, así que en plan de esta transición de diálogo que ellos tienen, se lo entregaremos al actual Jefe de Gobierno para que se lo comunique al electo", aseguró Ibarra a esta agencia.

Hace pocos días, el arquitecto Lostri fue presentado como el futuro subsecretario de Planeamiento Urbano. Sin embargo, su asunción peligra ya que está involucrado en una causa judicial, elevada ya a juicio oral ante el Tribunal en lo Criminal Federal de la Capital número 3.

Junto a él, están siendo juzgados el arquitecto Rodrigo Cruz y Atilio Álvarez, ex titular del Consejo del Menor y la Familia durante el Gobierno de Carlos Menem.

Según se sospecha, entre octubre de 1995 y octubre de 1997, Lostri y Cruz fueron contratados por Álvarez, en base a una vinculación personal que tenían, para refaccionar diversos institutos de menores que dependían del Consejo.

La nota pide que Lostri no asuma por estar procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

EL TEXTO DE LA CARTA

"Los abajo firmantes nos dirigimos a Usted a fin de peticionarle que en su carácter de Jefe de Gobierno electo se abstenga de designar como funcionario público para su próxima gestión, al Sr. Hector Lostri.

El Sr. Héctor Lostri ha sido presentado ante la Legislatura de la Ciudad como próximo Subsecretario de Planeamiento Urbano en la reunión realizada el 19 de noviembre de 2007, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Destacamos que el citado Sr. Lostri se encuentra procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de participe necesario en la causa “Alvarez, Atilio y otro S/ Procesamiento”.

El Sr. Héctor Lostri habría accedido en forma irregular a trabajos de reformas en institutos de menores a raíz de su vinculación personal con el ex titular del Consejo del Menor. Es relevante señalar que la causa se encuentra en instancia de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal número 3.

Consideramos que los hechos que se investigan en la causa de referencia y el grado de avance de la misma – elevación a juicio oral- ameritan la abstención de tal designación hasta tanto recaiga sentencia definitiva y no existan dudas sobre la comisión de delitos dolosos por parte de una persona que debe desempeñarse en la función pública y precisamente instrumentando las políticas y proyectos para la ejecución de la obra pública en la Ciudad.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente".

martes, 10 de julio de 2007

Seccion: Judiciales
Jueza prohíbe nuevas obras en Caballito
Ordenó Alejandra Petrella al Gobierno que no otorgue nuevos permisos de demolición o de obra. Es la segunda medida judicial. A raíz de la primera, Telerman suspendió por 90 días la concesión de permisos de obra.

La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires "que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona", en el barrio de Caballito.
La jueza en lo contencioso administrativo tributario Alejandra Petrella hizo lugar así a la medida cautelar planteada por un vecino de la zona, Mario Oybin, y resolvió la postergación de todos los emprendimientos de esa naturaleza en el área "hasta tanto se resuelva el fondo del presente amparo".
En el fallo, la magistrada alude al artículo 30 de la Constitución local, acerca de la obligatoriedad "de una evaluación de impacto ambiental en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente".
Oybin había reseñado en su amparo que "la cantidad de modificaciones edilicias que se están produciendo en la zona modifican el medio ambiente urbano, violando la normativa local y nacional".
El vecino lamentó que los emprendimientos no cumplieran con los requisitos de la ley 123, ya que al analizarse cada una de las obras y no todas globalmente, se omite realizar una evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública que ordena la norma.
En ese sentido, Oybin subrayó que en el barrio de Caballito comienzan a sufrirse problemas de presión de agua y colapso de cloacas derivados del crecimiento demográfico.
Petrella resaltó que la Constitución porteña rechaza el concepto de "contaminador pagador", y obliga a "preservar y defender antes de recomponer...
Cuando todo tiene precio, nada tiene valor y es en situaciones como estas cuando debemos optar por darle valor al entorno que nos cobija".
A principios de agosto, el mismo vecino había solicitado el juzgado N°12 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Alejanda Petrella, la suspensión de las obras actuales y que el Gobierno deje de otorgar permisos de edificación. Fue este pedido el que llevó al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, suspender por 90 días la concesión de permisos de obra en diversos barrios de la ciudad, entre ellos, Caballito.

Suspenden por 90 días nuevos permisos de obra en seis barrios

Son zonas de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón. Alcanza a construcciones nuevas de más de 13 metros de altura y ampliaciones. Es por el temor de los vecinos al colapso de servicios.







Daniel Gutman dgutman@clarin.com

Buscando tomar la iniciativa política ante las crecientes protestas vecinales por el boom de la construcción de edificios en distintas zonas de la Ciudad, el jefe de Gobierno ordenó ayer la suspensión del trámite de nuevos permisos de obras en áreas de seis barrios porteños.

La medida tomada por Jorge Telerman, que había sido anticipada el domingo por Clarín, involucra a las zonas llamadas "de alta densidad" (identificadas como R2A, C3 y E3 en el Código de Planeamiento Urbano) dentro de los barrios de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón.

A partir de hoy, cuando el decreto se publique en el boletín oficial y entre en vigencia, sólo se tramitarán los permisos de obra nuevos para esos seis barrios cuando se trate de construcciones de hasta 13,50 metros de altura (esto es, planta baja y dos o tres pisos). La medida no afectará a las obras que ya está iniciadas o a las que ya tienen sus permisos otorgados.

Según cifras oficiales, la cantidad de metros cuadrados construidos en estos barrios ha aumentado últimamente a un ritmo del 2% anual o más, cuando la media histórica de Buenos Aires oscila entre 0,5 y 0,6% por año. Son los de mayor crecimien to en la Ciudad junto a Puerto Madero, un barrio nuevo pensado para que se construyan torres.

Sólo el 3% de los permisos de obra otorgados en el último semestre en los barrios en cuestión corresponden a casas y el 97% a edificios. En el primer semestre de este año, estos seis barrios concentraron un 44% del total de autorizaciones otorgadas en toda la Ciudad, con 487.500 metros cuadrados.

En el plazo de tres meses que se abre hoy, el Gobierno dice que "se chequeará de manera definitiva el estado y nivel de la infraestructura de servicios públicos en estos barrios". Es que el principal argumento de los vecinos que se oponen al crecimiento indiscriminado de la construcción es una supuesta afectación a la calidad de los servicios, que en algunos casos ya se estaría sintiendo.

"Hoy (por ayer) me reuní con las empresas de luz, agua y gas para que tengamos en muy poco tiempo un mapa fehaciente de cuál es el estado de infraestructura en servicios", dijo Telerman.

Su ministro de Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, agregó: "Actualmente no hay ningún grado de colapso. Pero queremos tener claro qué puede pasar en los próximos años si se mantienen estos niveles de crecimiento".

Especialistas consultados por este diario, pronosticaron que la Ciudad puede aguantar entre 10 y 15 años con los actuales niveles de construcción sin que haya problemas con los servicios.

En los considerandos del decreto se hizo mención directa al fallo dictado la semana pasada por la jueza Alejandra Petrella, que ordenó la suspensión del otorgamiento de permisos de obra en 16 manzanas de Caballito. Fue a pedido de un vecino de ese barrio, que planteó el peligro del colapso de los servicios.

Entre las acciones que el Gobierno de la Ciudad prometió llevar a cabo durante esta "tregua" al otorgamiento de permisos de construcción en los seis barrios, figuran:

· Promover ámbitos de debate con los vecinos de los seis barrios involucrados, para que puedan opinar sobre el modelo de edificación que prefieren. Así, se promete que se abrirán espacios para que todos puedan opinar en los CGP comunales, la Legislatura y foros vecinales.

· Proponer a la Legislatura una modificación en la ley 123, de impacto ambiental. Esta norma sólo exige la presentación de un estudio en la materia (que analice la afectación sobre la red de servicios o el tránsito de la zona) en los casos de edificio con más de 10.000 metros de construcción. La idea sería bajarlo a 7.000.

· Reglamentar la ley de ruido. La Legislatura ya la dictó pero el Ejecutivo nunca la llevó a la práctica. Allí se establecería que en las obras en construcción se puede trabajar los días hábiles entre las 7 y las 22, ya que actualmente no hay ninguna norma que impida trabajar durante la noche o los feriados.

· Controlar que las obras cumplan con la normativa que existe, ya que actualmente el Gobierno de la Ciudad no las sanciona cuando, por ejemplo, trabajan con máquinas y materiales en las veredas.

Al mismo tiempo que anunció la medida, Telerman buscó dar una señal de que el Gobierno no buscará detener el crecimiento de la actividad: "Por supuesto, la construcción va a seguir en la Ciudad. Todo indica que en los próximos tres años vamos a triplicar la cantidad de construcciones. Esto habla de inversiones, de mano de obra, de trabajo".

sábado, 7 de julio de 2007

Protestas vecinales por mega emprendimientos inmobiliarios

Justicia prohibe construcción de torres

La justicia porteña prohibió la construcción de nuevos edificios en una zona del barrio de Caballito hasta que se realice un estudio de impacto ambiental, mientras organizaciones vecinales convocaron a un "ruidazo" para el jueves, en protesta por nuevas obras.

La jueza en lo contencioso admnistrativo y tributario de la Capital Federal, Alejandra Petrella, hizo lugar a una medida cautelar presentada por un vecino de Caballito, que se opone a la construcción de una obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona.

La magistrada hizo lugar al pedido impulsado por Mario Oybin para que se interrumpan las obras proyectadas en el lugar
"hasta tanto se resuelva el fondo del presente amparo", dice el texto, y aclara que el gobierno porteño deberá abstenerse de "otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio".
La jueza recordó que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la obligatoriedad de hacer una "evaluación de impacto ambiental en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente".
Petrella remarcó el rechazo que manifiesta la Constitución porteña al concepto "contaminador pagador" y, en ese sentido, expresó que es necesario "optar por darle valor al entorno que nos cobija".
La decisión de la magistrada se produjo en el marco de la resolución del gobierno porteño que el lunes suspendió por 90 días los trámites de presentación de permisos para nuevas obras en seis barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Caballito.
La suspensión "afecta los trámites de presentación de nuevas obras, no se paran las obras ya iniciadas, ni los trámites vigentes", aclaró el ministro de Planificación y Obras Públicas porteño, Juan Pablo Schiavi, cuando se difundió el decreto.
El alcance del decreto comprende a las zonas de alta densidad habitacional de los barrios Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón, además de Caballito.
En tanto, unas 60 organizaciones vecinales de la Capital Federal y el conurbano bonaerense convocaron a realizar un "ruidazo", el jueves a las 20, en protesta por la construcción de edificios y torres en barrios porteños.
Los organizadores informaron que la protesta se concretará en esquinas de los barrios Caballito, Mataderos, Palermo, Flores, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Villa Urquiza, Colegiales, Parque Chas, La Boca, Pompeya, Almagro, Liniers, Villa Soldati, Parque Patricios, Villa Lugano y San Telmo.
La protesta también comprende concentraciones en el Gran Buenos Aires, Bernal, Castelar, Ramos Mejía, Vicente López y Lomas de Zamora.
"Se invita a la ciudadanía a concurrir a los actos y a quien no pueda ir que adhiera haciendo ruido desde sus casas con bocinazos, silbatos, cacerolazos, entre las 20 y las 20.10, del jueves próximo", expresaron las organizaciones.
Asimismo, reiteraron el riesgo de colapso de los servicios por las construcciones en los barrios.
Sin embargo, manifestaron que "el decreto del gobierno porteño que paralizó los nuevos permisos de obras en la ciudad es el primer paso para resolver el problema, siempre que se inscriba en una solución integral".
"La especulación constructora e inmobiliaria no reconoce fronteras", afirmaron, y agregaron que "el estado nacional debe intervenir ante la construcción indiscriminada y salvaje de edificios en Capital y Gran Buenos Aires".
Fuente: DYN

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SOCIEDAD › LA JUSTICIA ORDENO QUE NO SE CONCEDAN NUEVOS PERMISOS DE OBRA

Un freno a las torres de Caballito

Por un recurso presentado por los vecinos, una jueza dispuso que el gobierno porteño no autorice nuevas obras en una amplia zona de Caballito. Y que se paren las que no tienen habilitación.[cerrar]

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Por Sonia Santoro

Los vecinos del barrio de Caballito respiraron. Ayer una jueza frenó la construcción de nuevas obras en un radio de unas veinte manzanas, hasta tanto se realice una evaluación del impacto ambiental que las nuevas construcciones, principalmente edificios de varios pisos y torres, puedan tener en el barrio. “Estamos muy contentos porque es un fallo que sienta precedentes en esta lucha del barrio y otras zonas de la ciudad y del Gran Buenos Aires”, celebró Mario Oybin, de la organización SOS Caballito.

“Barrio de casas. No queremos edificios.” El pasacalles atraviesa la calle Cucha Cucha al 900 en el barrio de Caballito. Esta, como varias en la zona, es una calle empedrada y de casas bajas. Allí vive Mario Oybin quien, preocupado por la construcción de un edificio de 10 pisos junto a su casa, presentó en agosto de este año un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad para evitar que siga este ritmo vertiginoso de construcciones en un barrio que considera colapsado en cuanto a los servicios públicos y privados: desde cloacas y electricidad hasta cantidad adecuada de escuelas y de garages.

El lunes, la jueza en lo Contencioso Aministrativo Alejandra Petrella ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires “que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de amparo”. Y ordenó además la realización de un estudio de impacto ambiental, ya que es obligatoria esta evaluación “en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente”.

Petrella señaló además que “se desconoce por completo qué consecuencias disvaliosas sobre el ambiente puede generar el crecimiento demográfico que se produciría si por cada lote en donde existía una vivienda unifamiliar se construye un edificio para más de diez o quince familias. Particularmente considerando que del relevamiento efectuado se desprende que ya existen en la zona problemas de presión de agua y saturación y colapso de cloacas”. Y fundamentó su fallo en que el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 26 de la Constitución de la ciudad estipulan el derecho de todo habitante de la ciudad a gozar de un ambiente sano y a usar el recurso de amparo cuando se siente agraviada en este sentido.

Por otro lado, la jueza señaló que si bien en la zona hay sólo dos obras con permiso, la constatación judicial observó que existirían al menos nueve emprendimientos en construcción o recién terminados. “Desde mayo que los vecinos nos estamos movilizando por esto y encontramos que en el barrio hay unas 30 obras en construcción”, cuenta Oybin, miembro de la Asociación SOS Caballito, surgida al calor de la preocupación por la pérdida de la fisonomía tradicional del barrio a comienzos de 2006.

Desde entonces, organizan movilizaciones semanales que van convocando a cada vez más gente: hoy son unas 300 personas por semana. Denuncian, entre otras cosas, que “las cloacas de la ciudad fueron construidas a principios del siglo pasado y estaban pensadas para una ciudad de 800 mil habitantes, eso trae falta de agua y olores nauseabundos constantes; no hay lugares en las escuelas, los garages cobran fortunas, el Hospital Durand no da a basto y los medios de transporte tampoco”.

Por otra parte, se sienten discriminados porque algunos sectores consideran su pedido “aristocrático”. “Esto no es aristocrático. El 70 por ciento de la vivienda que se construye es para nivel ABC1; departamentos con pileta, sauna y demás”, planteó Oybid. Osvaldo Sidoli, abogado patrocinante junto a Alejandra Butti, celebró la medida, pero señaló que “vamos a ir por más, vamos a presentar amparos por otras zonas, ya hemos planteado otros en Palermo, Villa Pueyrredón y Belgrano. Este es un problema de toda la ciudad”.

“Lo que reclamamos es la participación del vecino en la urbanización. No pedimos que se suspendan todas las obras y no se construyan nunca más, sino que haya participación ciudadana en las obras que nos afectan”, planteó Butti. “Y no que la calidad de vida y el medio ambiente esté regulado por el mercado”, agregó Oybid. En este sentido, los vecinos dicen que no son ajenos a la necesidad de crecimiento de la ciudad, pero piden que no se permitan edificios de más de 10,5 metros de altura, es decir, de tres pisos, y sobre todo que haya planificación.

El próximo paso para la jueza será definir la autoridad competente para realizar la evaluación de impacto ambiental. Los abogados estiman que en un mes y medio deberían estar los resultados y que antes de fin de año se conocería la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión: si la cantidad de modificaciones edilicias que se están llevando a cabo impactan en el medio ambiente urbano, afectando l

La batalla cultural

Por Facundo de Almeida*

En este suplemento hemos afirmado en reiteradas oportunidades que la cuestión del patrimonio arquitectónico se incorporó definitivamente a la agenda política, y es un tema más como la salud, la educación o la seguridad. La demostración más clara de esta nueva situación son las numerosas leyes que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se sancionaron en los últimos años. Entre 1996 y 2005, los primeros diez años de existencia de la Legislatura, se aprobaron 44 leyes patrimoniales y entre 2005 y 2009 las normas sancionadas fueron 107. En 2010, sobre un total de 269 leyes aprobadas, 48 estuvieron referidas a la protección del patrimonio arquitectónico, muchas de ellas despachadas en comisión en el período anterior.

Pero a su vez estas leyes contuvieron cada una de ellas una gran cantidad de inmuebles que ahora están protegidos. Durante los primeros diez años parlamentarios sólo se incorporó una cantidad relevante de inmuebles en el Código de Planeamiento Urbano, sancionado en el año 2000. Esta norma incluyó la lista de edificios relevados y protegidos en San Telmo a partir de una ordenanza de 1979 que cristalizó el trabajo del arquitecto José María Peña, y contempló una veintena de áreas de protección histórica, que permanecieron sin reglamentar hasta 2009.

En el último lustro también se aprobaron normas que cambiaron sustancialmente el sistema de protección, y se implementaron y reinterpretaron otras existentes que contribuyeron a modificar los criterios y alcances de la preservación patrimonial.

La Legislatura porteña ocupa hoy buena parte de las reuniones de comisión de planeamiento urbano y de las sesiones del plenario en la discusión de leyes patrimoniales, y forma parte de la tarea semanal de los diputados aprobar numerosos proyectos en el tramo de “leyes sin disidencias ni observaciones” –según la jerga legislativa–, algo que hasta hace pocos años era una rareza.

Esta renovada actividad legislativa, que tuvo su punto de inicio con la creación de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, también se ha reflejado en el interés de la prensa. Hoy, el patrimonio es materia noticiable no sólo para un suplemento especializado como m2 sino también para secciones de interés general, de política e incluso para medios audiovisuales. Este cambio fue incentivado por numerosos grupos de ciudadanos que se organizaron y tomaron la defensa del patrimonio cultural como una causa propia.

La cantidad y calidad de las leyes aprobadas es muy importante, pero también es cierto que todavía falta mucho por hacer. Se han perdido algunas batallas, pero el panorama general es muy alentador, aunque es cierto que faltan normas más adecuadas de protección, y sobre todo que se cumplan las existentes para evitar las demoliciones ilegales y las pseudo legales, que son hoy las más numerosas.

De todos modos, la batalla principal que han ganado los patrimonialistas es la batalla cultural. Hasta hace poco tiempo era frecuente escuchar a funcionarios, ciudadanos, arquitectos y depredadores patrimoniales, de todo pelaje y color, renegar públicamente sobre las medidas de protección patrimonial y justificar las demoliciones con argumentos que pretendían equiparar construcción nueva con el desarrollo.

Felizmente, la acción ciudadana, la labor de funcionarios y legisladores comprometidos, la atención de la prensa y la intervención eficaz de buena parte del Poder Judicial, cambiaron completamente el panorama, y hoy los depredadores, al menos, se llaman a silencio.

Poco tiempo atrás, la protección patrimonial llegaba justo hasta un paso antes de chocar con los intereses económicos que se le oponían. Es decir, se protegía aquello que de alguna manera no necesitaba protección porque nadie lo quería destruir.

En 2011 ese límite se ha cruzado definitivamente y lo recordaremos por ser el año en que un banco multinacional debió retroceder y restituirle el nombre al Teatro Opera, y en el que una gran constructora tuvo que renunciar a un proyecto inmobiliario, acorralada por los vecinos de Palermo, que no permitieron que se perdiera La Cuadra y La Imprenta. Falta mucho por hacer, por eso no hay dudas de que algo ha cambiado en Buenos Aires.

* Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com

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