Las organizaciones sociales y políticas, asambleas y entidades vecinales hoy reunidas venimos a denunciar que la Ciudad de Buenos Aires está siendo planificada por y para las corporaciones inmobiliarias que se enriquecen apropiándose del suelo porteño, generando una ciudad excluyente que profundiza las grandes desigualdades sociales que la atraviesan y agravando una crisis socioambiental de consecuencias incalculables.
Lamentablemente, los intereses del mercado inmobiliario tienen su clara representación política, tanto en el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como en sus aliados circunstanciales en la Legislatura porteña.
Esto les garantiza la privatización de tierras públicas y la sanción automática de leyes redactadas a la medida de negociados espurios, a costa de la destrucción de los barrios y la alteración de la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad y de las futuras generaciones. El reciente caso del barrio elitista "Costa Urbana" de IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca Jrs. es el ejemplo que sintetiza el saqueo histórico de tierras públicas y el tratamiento preferencial que la Legislatura tiene para estas iniciativas.
En contraparte, sostenemos la urgente necesidad de planificar la ciudad con una lógica humanista, participativa, armónica con la naturaleza y que contemple las necesidades e intereses de la población que la habita. Ese es el verdadero Desarrollo Urbano: preservar la tierra pública para plazas y grandes parques y destinar edificios del Estado que se encuentren en desuso para equipamiento urbano en educación, salud, servicios, centros de cuidado, efectiva descentralización de la gestión estatal, vivienda asequible, espacios de cultura y deporte.
esto, consideramos de vital importancia que la Legislatura deje de funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo y que, en el marco del proceso electoral que atravesamos, su próxima composición represente y dé respuestas a las diversas iniciativas y proyectos de ley que desde los barrios porteños venimos elaborando.
Por estos motivos, exigimos que:
1) Se preserven y amplíen las tierras del Estado porteño para el incremento de los espacios verdes públicos de suelo absorbente, junto con el arbolado urbano de follaje frondoso.
2) Se protejan los humedales ribereños y se garantice el acceso público, gratuito e irrestricto a la costa en toda la ciudad.
3) Se ponga un freno a las constantes modificaciones al Código Urbanístico en favor de proyectos que vulneran la calidad ambiental y alteran la identidad barrial, así como al Código de Edificación, que empeora las condiciones de habitabilidad.
4) Se deroguen todas las leyes que implicaron la urbanización de tierras nacionales en el ámbito de la Ciudad, habida cuenta del cambio climático y su incidencia.
5) Se implementen políticas que incorporen en la planificación urbana el uso de energías renovables y estrategias para la mitigación del cambio climático.
6) Se respete la participación ciudadana y sus opiniones y propuestas se vean reflejadas en las normas y en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas.
En línea con este último punto, consideramos que la Audiencia Pública convocada para el 15 de octubre y donde se tratará el Convenio que habilitaría el proyecto de Costa Urbana debe incluir también la participación presencial de los ciudadanos y ciudadanas, además de la virtual. El gobierno de la Ciudad habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas pero restringe la participación ciudadana en los asuntos que le afectan directamente en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática.
Necesitamos una ciudad integrada, sustentable, inclusiva, segura, planificada democráticamente, donde su suelo sea puesto a disposición de las necesidades básicas de su población para vivir dignamente y preservar así su invaluable patrimonio natural e histórico-cultural. Esa es nuestra lucha común.
¡Más verde, menos cemento!
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