No A LA S TORRE S EN SAN TELMO!
DOMINGO 7 DE MARZO EN LA PLAZA DORREGO, ESQUINA HUMBERTO I Y DEFENSA DE 14 A 17 HS.
LOS VECINOS DE SAN TELMO, BARRACAS Y MONSERRAT, QUE NOS SENTIMOS AFECTADOS VAMOS A ESTAR JUNTANDO FIRMAS, PARA QUE SE REVISE DE MANERA URGENTE ESTE PROYECTO Y SE PAREN LAS DEMOLICIONES.
TE INVITAMOS A SUMARTE ES IMPORTANTE QUE VENGAS
Seccion: Judiciales
Jueza prohíbe nuevas obras en Caballito
Ordenó Alejandra Petrella al Gobierno que no otorgue nuevos permisos de demolición o de obra. Es la segunda medida judicial. A raíz de la primera, Telerman suspendió por 90 días la concesión de permisos de obra.
La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires "que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona", en el barrio de Caballito.
La jueza en lo contencioso administrativo tributario Alejandra Petrella hizo lugar así a la medida cautelar planteada por un vecino de la zona, Mario Oybin, y resolvió la postergación de todos los emprendimientos de esa naturaleza en el área "hasta tanto se resuelva el fondo del presente amparo".
En el fallo, la magistrada alude al artículo 30 de la Constitución local, acerca de la obligatoriedad "de una evaluación de impacto ambiental en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente".
Oybin había reseñado en su amparo que "la cantidad de modificaciones edilicias que se están produciendo en la zona modifican el medio ambiente urbano, violando la normativa local y nacional".
El vecino lamentó que los emprendimientos no cumplieran con los requisitos de la ley 123, ya que al analizarse cada una de las obras y no todas globalmente, se omite realizar una evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública que ordena la norma.
En ese sentido, Oybin subrayó que en el barrio de Caballito comienzan a sufrirse problemas de presión de agua y colapso de cloacas derivados del crecimiento demográfico.
Petrella resaltó que la Constitución porteña rechaza el concepto de "contaminador pagador", y obliga a "preservar y defender antes de recomponer...
Cuando todo tiene precio, nada tiene valor y es en situaciones como estas cuando debemos optar por darle valor al entorno que nos cobija".
A principios de agosto, el mismo vecino había solicitado el juzgado N°12 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Alejanda Petrella, la suspensión de las obras actuales y que el Gobierno deje de otorgar permisos de edificación. Fue este pedido el que llevó al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, suspender por 90 días la concesión de permisos de obra en diversos barrios de la ciudad, entre ellos, Caballito.
La jueza en lo contencioso admnistrativo y tributario de la Capital Federal, Alejandra Petrella, hizo lugar a una medida cautelar presentada por un vecino de Caballito, que se opone a la construcción de una obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona.
La magistrada hizo lugar al pedido impulsado por Mario Oybin para que se interrumpan las obras proyectadas en el lugar
"hasta tanto se resuelva el fondo del presente amparo", dice el texto, y aclara que el gobierno porteño deberá abstenerse de "otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio".
La jueza recordó que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la obligatoriedad de hacer una "evaluación de impacto ambiental en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente".
Petrella remarcó el rechazo que manifiesta la Constitución porteña al concepto "contaminador pagador" y, en ese sentido, expresó que es necesario "optar por darle valor al entorno que nos cobija".
La decisión de la magistrada se produjo en el marco de la resolución del gobierno porteño que el lunes suspendió por 90 días los trámites de presentación de permisos para nuevas obras en seis barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Caballito.
La suspensión "afecta los trámites de presentación de nuevas obras, no se paran las obras ya iniciadas, ni los trámites vigentes", aclaró el ministro de Planificación y Obras Públicas porteño, Juan Pablo Schiavi, cuando se difundió el decreto.
El alcance del decreto comprende a las zonas de alta densidad habitacional de los barrios Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón, además de Caballito.
En tanto, unas 60 organizaciones vecinales de la Capital Federal y el conurbano bonaerense convocaron a realizar un "ruidazo", el jueves a las 20, en protesta por la construcción de edificios y torres en barrios porteños.
Los organizadores informaron que la protesta se concretará en esquinas de los barrios Caballito, Mataderos, Palermo, Flores, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Villa Urquiza, Colegiales, Parque Chas, La Boca, Pompeya, Almagro, Liniers, Villa Soldati, Parque Patricios, Villa Lugano y San Telmo.
La protesta también comprende concentraciones en el Gran Buenos Aires, Bernal, Castelar, Ramos Mejía, Vicente López y Lomas de Zamora.
"Se invita a la ciudadanía a concurrir a los actos y a quien no pueda ir que adhiera haciendo ruido desde sus casas con bocinazos, silbatos, cacerolazos, entre las 20 y las 20.10, del jueves próximo", expresaron las organizaciones.
Asimismo, reiteraron el riesgo de colapso de los servicios por las construcciones en los barrios.
Sin embargo, manifestaron que "el decreto del gobierno porteño que paralizó los nuevos permisos de obras en la ciudad es el primer paso para resolver el problema, siempre que se inscriba en una solución integral".
"La especulación constructora e inmobiliaria no reconoce fronteras", afirmaron, y agregaron que "el estado nacional debe intervenir ante la construcción indiscriminada y salvaje de edificios en Capital y Gran Buenos Aires".
Fuente: DYN
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SOCIEDAD › LA JUSTICIA ORDENO QUE NO SE CONCEDAN NUEVOS PERMISOS DE OBRA
Por un recurso presentado por los vecinos, una jueza dispuso que el gobierno porteño no autorice nuevas obras en una amplia zona de Caballito. Y que se paren las que no tienen habilitación.
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Por Sonia Santoro
Los vecinos del barrio de Caballito respiraron. Ayer una jueza frenó la construcción de nuevas obras en un radio de unas veinte manzanas, hasta tanto se realice una evaluación del impacto ambiental que las nuevas construcciones, principalmente edificios de varios pisos y torres, puedan tener en el barrio. “Estamos muy contentos porque es un fallo que sienta precedentes en esta lucha del barrio y otras zonas de la ciudad y del Gran Buenos Aires”, celebró Mario Oybin, de la organización SOS Caballito.
“Barrio de casas. No queremos edificios.” El pasacalles atraviesa la calle Cucha Cucha al 900 en el barrio de Caballito. Esta, como varias en la zona, es una calle empedrada y de casas bajas. Allí vive Mario Oybin quien, preocupado por la construcción de un edificio de 10 pisos junto a su casa, presentó en agosto de este año un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad para evitar que siga este ritmo vertiginoso de construcciones en un barrio que considera colapsado en cuanto a los servicios públicos y privados: desde cloacas y electricidad hasta cantidad adecuada de escuelas y de garages.
El lunes, la jueza en lo Contencioso Aministrativo Alejandra Petrella ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires “que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de amparo”. Y ordenó además la realización de un estudio de impacto ambiental, ya que es obligatoria esta evaluación “en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente”.
Petrella señaló además que “se desconoce por completo qué consecuencias disvaliosas sobre el ambiente puede generar el crecimiento demográfico que se produciría si por cada lote en donde existía una vivienda unifamiliar se construye un edificio para más de diez o quince familias. Particularmente considerando que del relevamiento efectuado se desprende que ya existen en la zona problemas de presión de agua y saturación y colapso de cloacas”. Y fundamentó su fallo en que el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 26 de la Constitución de la ciudad estipulan el derecho de todo habitante de la ciudad a gozar de un ambiente sano y a usar el recurso de amparo cuando se siente agraviada en este sentido.
Por otro lado, la jueza señaló que si bien en la zona hay sólo dos obras con permiso, la constatación judicial observó que existirían al menos nueve emprendimientos en construcción o recién terminados. “Desde mayo que los vecinos nos estamos movilizando por esto y encontramos que en el barrio hay unas 30 obras en construcción”, cuenta Oybin, miembro de la Asociación SOS Caballito, surgida al calor de la preocupación por la pérdida de la fisonomía tradicional del barrio a comienzos de 2006.
Desde entonces, organizan movilizaciones semanales que van convocando a cada vez más gente: hoy son unas 300 personas por semana. Denuncian, entre otras cosas, que “las cloacas de la ciudad fueron construidas a principios del siglo pasado y estaban pensadas para una ciudad de 800 mil habitantes, eso trae falta de agua y olores nauseabundos constantes; no hay lugares en las escuelas, los garages cobran fortunas, el Hospital Durand no da a basto y los medios de transporte tampoco”.
Por otra parte, se sienten discriminados porque algunos sectores consideran su pedido “aristocrático”. “Esto no es aristocrático. El 70 por ciento de la vivienda que se construye es para nivel ABC1; departamentos con pileta, sauna y demás”, planteó Oybid. Osvaldo Sidoli, abogado patrocinante junto a Alejandra Butti, celebró la medida, pero señaló que “vamos a ir por más, vamos a presentar amparos por otras zonas, ya hemos planteado otros en Palermo, Villa Pueyrredón y Belgrano. Este es un problema de toda la ciudad”.
“Lo que reclamamos es la participación del vecino en la urbanización. No pedimos que se suspendan todas las obras y no se construyan nunca más, sino que haya participación ciudadana en las obras que nos afectan”, planteó Butti. “Y no que la calidad de vida y el medio ambiente esté regulado por el mercado”, agregó Oybid. En este sentido, los vecinos dicen que no son ajenos a la necesidad de crecimiento de la ciudad, pero piden que no se permitan edificios de más de 10,5 metros de altura, es decir, de tres pisos, y sobre todo que haya planificación.
El próximo paso para la jueza será definir la autoridad competente para realizar la evaluación de impacto ambiental. Los abogados estiman que en un mes y medio deberían estar los resultados y que antes de fin de año se conocería la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión: si la cantidad de modificaciones edilicias que se están llevando a cabo impactan en el medio ambiente urbano, afectando l