Hace medio siglo se publicaba La muerte y la vida de las grandes ciudades, la obra de Jane Jacobs que cambió el concepto de ciudad y de urbanismo, introduciendo la visión del que la habita, combatiendo las teorías y levantando la exigencia a los funcionarios.
Por Sergio Kiernan
Fue la más feroz, eficiente e influyente crítica del planeamiento urbano en Estados Unidos, la creadora de un nuevo paradigma. Y era una mujer diminuta, amable, bastante idealista, estupenda escritora y universitaria con curso incompleto. Jane Jacobs introdujo en la crítica a las ciudades algo que faltaba hacía rato: el sentido común de los que viven en esas ciudades y son sus dueños. Y le bastó apenas un libro, La muerte y la vida de las grandes ciudades, para dejar como pajarones a los que siguen diciendo que los que no son arquitectos tienen que aceptar y callarse las modas de los profesionales. De un plumazo, de un librazo, Jacobs demostró qué presumido y vacío es ese slogan. Este año se cumplen cincuenta de la publicación de su primera y más famosa obra, algo que será festejado en todas las latitudes donde se piensan las ciudades.
Jacobs nació en 1916 en la ciudad minera de Scranton, en Pennsylvania, hija de un médico con una buena y próspera práctica en ese lugar de accidentes y huelgas duras. Pero la joven Butzner se aburría y apenas terminó la secundaria se tomó el tren a la gran ciudad: Nueva York se ganaba una vecina que daría que hablar.
Era la Gran Depresión y la joven Jane no tenía más que trabajos ocasionales, boyando entre el periodismo free-lance y la taquigrafía por horas. En esos años de monedero flaco se acostumbró a caminar y caminar, pasando los días libres usando y observando la ciudad, tratando de entender por qué algunas zonas funcionaban y otras no. A la vez hacía cursos sueltos de sociología y de física, su otro gran amor, en la Universidad de Columbia.
Durante la guerra pasan dos cosas que formarían su carrera. Una es que comenzó a trabajar regularmente en la prestigiosa revista Architectural Forum, donde gradualmente se especializó en urbanismo. La otra es que conoció al arquitecto Robert Jacobs, se casó y se mudó a Greenwich Village, que todavía no era un barrio bohemio y mantenía la mezcla de clases sociales, de fábricas pequeñas, talleres y residencias, que caracterizaba a la mitad inferior de la isla de Manhattan.
La segunda cosa que pasó fue que el gobierno de Nueva York descubrió el planeamiento urbano moderno en la persona de Robert Moses, el asesor del mítico intendente Fiorello La Guardia. Moses se las arregló para destruir buena parte de la escala del viejo Nueva York, construyendo torres, autopistas y túneles con fondos federales. Para los ’50, con sus hijos pequeños y ya afirmada como crítica de temas urbanos, Jacobs peleaba con Moses a cara cerrada y en términos cada vez más amplios. Es en ese momento en que comienza a trabajar en su libro, publicado en 1961.
La definición de la obra es tajante y está en el primer párrafo del primer capítulo: “Este libro es un ataque al actual planeamiento y reconstrucción urbanos. Es también, y principalmente, un intento de presentar nuevos principios de planeamiento y renovación, diferentes y hasta opuestos a los que se enseñan hoy en todas partes, de las escuelas de arquitectura a los suplementos dominicales y las revistas femeninas. Mi ataque no se basa en detalles sobre métodos de renovación o en bizantinismos sobre modas en diseño. Es, en realidad, un ataque a los principios y objetivos que han formado el planeamiento y la renovación ortodoxos de la modernidad”.
La verdadera polémica y lo que hizo de La muerte y la vida de las grandes ciudades un clásico y un texto básico es su profundo ataque a la teorización rampante. Jacobs observa la ciudad real, viendo qué funciona y qué no, y por qué. Su punto de vista es el de la vereda, el del usuario, el que vive y trabaja en el tejido urbano, el que cría niños y usa los parques, el que va trabajar y considera esa criatura original llamada ciudad su hogar y ecología naturales. Esta ciudad tiene un nivel de realismo material y es una ciudad que debe ser respetado. Jacobs no tiene demasiado uso para el esteticismo de la City Beautiful, pero lo considera parte de la ciudad por su énfasis en los parques, en el ornamento público y la calidad de los edificios. La pelea empieza con los racionalismos diversos y en particular con las teorías que consideran superior el suburbio, el barrio parque y la baja densidad. Y la pelea se agrava con el adorado Le Corbusier, a quien Jacobs considera frescamente un desubicado, y con el planeamiento moderno de autopistas y torres aisladas de su entorno.
En contraposición a renders y ciudades radiantes, Jacobs arranca desde la vereda, literalmente. El primer capítulo de su libro se titula “La particular naturaleza de las ciudades” y tiene tres secciones dedicadas a los usos de las veredas: seguridad, contacto y la asimilación de los chicos. Lo que plantea la autora es que un barrio funcionando debidamente, con la debida mezcla de usos y personas, es capaz de contener y proteger a quienes pasan por allí, sean vecinos o ajenos. Esto se explica con ejemplos muy concretos de accidentes y problemas atendidos por vecinos, de esquinas que dan miedo y esquinas donde se espera el colectivo en paz. También se habla en los mismos términos de chicos jugando en la vereda y siendo “educados” por la comunidad, y de la vereda como espacio de contacto social entre desconocidos y personas muy diferentes, que agudamente es definida como la función más importante de las ciudades.
Lo mismo se aplica a los parques, a los monoblocks, a las avenidas comerciales: razones concretas para éxitos o fracasos concretos. Jacobs hasta explica, con tanta caminata, por qué las cuadras cortas son mejores que las largas, cómo es suicida destruir el patrimonio edificado y cuánto daño hacen los autos a los barrios. El centro exacto de su utopía urbana es la diversidad, de usos y de gentes, y asumir que la función principal de una ciudad es crear contactos. Uno de sus capítulos más brillantes e influyentes es el que estudia los monobloques construidos por Moses como solución para los problemas sociales. Moses masacró barrios enteros de Nueva York, cuadras y cuadras de edificios pequeños y en mal estado donde se vivía mal y se exhibían las patologías de la vida urbana. El reemplazo fueron hectáreas de césped con bloques de departamentos aislados en sus plazas, con centros urbanos en los grandes patios internos formados por cuatro o más bloques. El resultado fue una patología urbana aún mayor, por la pérdida de todo sentido de comunidad. Los habitantes de estos edificios se vieron físicamente separados de sus vecinos, en un diseño que hacía que los transeúntes literalmente cruzaran la calle y caminaran por el otro borde, el que mantenía la normalidad de edificios variados, comercios y la línea municipal continua. Harlem quedó marcada por décadas por estos experimentos en ingeniería social.
Leída en la Argentina medio siglo después, la obra de Jacobs es un arsenal de ideas y de explicaciones contra la presunción de los teóricos y de los vagonetas en función. La pena es que su obra sea casi inaccesible entre nosotros: su libro mayor se editó en España en 1967 y se reeditó en 1973, y su segunda obra sobre urbanismo, La economía de las ciudades, se editó en 1971 por única vez. Las copias son casi inhallables y la que existe en la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos no se consulta desde los ‘90. Jacobs vive en castellano en Internet y en los apuntes de ciertos profesores que les dan a sus estudiantes una salida a la ortodoxia. Lo curioso del asunto es que cada vez que se hace una audiencia pública y los vecinos explican su oposición a la última genialidad municipal, los argumentos parecen salidos de las páginas de Jacobs...
Jane Jacobs murió en Canadá en 2006, diminuta y con noventa años. Hay un premio que lleva su nombre y no es para arquitectos ni urbanistas: se lo dan sus seguidores a algún civil que haga algo por su comunidad y su barrio. Entre los ganadores figuró un almacenero que se dedicó a limpiar su esquina de vendedores de droga para que los chicos pudieran jugar ahí otra vez.
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martes, 18 de enero de 2011
Los sapitos van perdiendo
El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, tiene definiciones bastante claras. Como cuando califica a los “sapitos” viales del Gobierno de la Ciudad como un “desatino”. El ombudsman adjunto es, además, amable, ya que se podrían usar adjetivos mucho más duros ante lo que es una evidente chantada electoral: obras rápidas, no muy útiles, pero vistosas, para que el candidato oficialista las inaugure a tiempo e impresionar a los votantes. Que no solucionen un problema serio de la ciudad, que sean buen dinero gastado en parches, es lo de menos.
Lo que para variar no previeron en el macrismo es que los vecinos se opondrían furiosamente a los trabajos. En todo lo que hace a políticas urbanas, en el gobierno porteño piensan como especuladores inmobiliarios ya que, como dijo famosamente el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, por primera vez toda la cadena de mando, de Mauricio Macri para abajo, es formada por profesionales del rubro. Esa profesión, como todas, tiene sus dogmas interesados, sus mitos, y en este caso la ley de hierro es creer que toda obra es buena en sí. De ahí el desconcierto de los funcionarios cuando los vecinos les frenan pavimentaciones y peatonalizaciones, rechazando obra nueva.
En este caso, los vecinos entendieron la trampa inmediatamente. Buenos Aires sigue surcada por un abanico de vías ferroviarias trazadas hace un siglo en una ciudad de baja densidad, con espacios todavía abiertos y tránsito casi nulo. Es una red realmente amplia, algo raro de ver en una ciudad, y un problema nunca resuelto. Como el espacio urbano ahora es dominado por autos y colectivos, los trenes resultan barreras singulares, muros al tránsito que deforman la ciudad, como puede comprobar cualquiera que cruce de sur a norte a la altura del Once. La enorme inversión de enterrar las vías o cribar su recorrido con túneles viales nunca se realizó. Con lo que el tránsito se empaca y los trenes circulan más despacio y con menos frecuencia, porque todo el tiempo hay que abrir barreras.
Por eso la trampita atractiva del gobierno porteño, de arroparse en la “visión” de solucionar el problema histórico. Sólo que lo que planearon tenía como prioridad lucirse, no solucionar. El amplio mapa de quince túneles tenía la curiosa característica de dejar afuera todos los cruces importantes, las reales galletas viales en avenidas y calles de alta circulación. Lo que creaban los funcionarios eran aliviadores para autos particulares, de modo que uno pudiera escaparle al embotellamiento de la barrera baja por callecitas laterales, cruzando la vía por túneles de pequeño tamaño, los sapitos. Es una idea de vivos, no de planificadores, ésta de dejar en la estaca a colectivos, camiones, fletes y otros pobreríos, mientras los autos particulares zafan.
Pero quienes viven en esas calles tranquilas se vieron venir ruidos y tránsitos. El defensor adjunto Gómez Coronado destacaba el entusiasmo y la claridad de los vecinos en las audiencias públicas, que entendieron que se les pedía que sacrificaran un interés legítimo a cambio de nada, de un parche. Los vecinos, una y otra vez, reclamaron que el tránsito se quedara en las avenidas y que, por tanto, se hicieran obras en serio en las avenidas.
Gómez Coronado acompañó el reclamo que, como para festejar el nuevo año, tuvo un fuerte eco en la Justicia porteña cuando el juez Juan Cataldo intimó al Ejecutivo a paralizar las obras y frenar las licitaciones. Los argumentos recogen los que Gómez Coronado barajó en sus resoluciones contra los sapitos de septiembre y octubre.
Lo que para variar no previeron en el macrismo es que los vecinos se opondrían furiosamente a los trabajos. En todo lo que hace a políticas urbanas, en el gobierno porteño piensan como especuladores inmobiliarios ya que, como dijo famosamente el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, por primera vez toda la cadena de mando, de Mauricio Macri para abajo, es formada por profesionales del rubro. Esa profesión, como todas, tiene sus dogmas interesados, sus mitos, y en este caso la ley de hierro es creer que toda obra es buena en sí. De ahí el desconcierto de los funcionarios cuando los vecinos les frenan pavimentaciones y peatonalizaciones, rechazando obra nueva.
En este caso, los vecinos entendieron la trampa inmediatamente. Buenos Aires sigue surcada por un abanico de vías ferroviarias trazadas hace un siglo en una ciudad de baja densidad, con espacios todavía abiertos y tránsito casi nulo. Es una red realmente amplia, algo raro de ver en una ciudad, y un problema nunca resuelto. Como el espacio urbano ahora es dominado por autos y colectivos, los trenes resultan barreras singulares, muros al tránsito que deforman la ciudad, como puede comprobar cualquiera que cruce de sur a norte a la altura del Once. La enorme inversión de enterrar las vías o cribar su recorrido con túneles viales nunca se realizó. Con lo que el tránsito se empaca y los trenes circulan más despacio y con menos frecuencia, porque todo el tiempo hay que abrir barreras.
Por eso la trampita atractiva del gobierno porteño, de arroparse en la “visión” de solucionar el problema histórico. Sólo que lo que planearon tenía como prioridad lucirse, no solucionar. El amplio mapa de quince túneles tenía la curiosa característica de dejar afuera todos los cruces importantes, las reales galletas viales en avenidas y calles de alta circulación. Lo que creaban los funcionarios eran aliviadores para autos particulares, de modo que uno pudiera escaparle al embotellamiento de la barrera baja por callecitas laterales, cruzando la vía por túneles de pequeño tamaño, los sapitos. Es una idea de vivos, no de planificadores, ésta de dejar en la estaca a colectivos, camiones, fletes y otros pobreríos, mientras los autos particulares zafan.
Pero quienes viven en esas calles tranquilas se vieron venir ruidos y tránsitos. El defensor adjunto Gómez Coronado destacaba el entusiasmo y la claridad de los vecinos en las audiencias públicas, que entendieron que se les pedía que sacrificaran un interés legítimo a cambio de nada, de un parche. Los vecinos, una y otra vez, reclamaron que el tránsito se quedara en las avenidas y que, por tanto, se hicieran obras en serio en las avenidas.
Gómez Coronado acompañó el reclamo que, como para festejar el nuevo año, tuvo un fuerte eco en la Justicia porteña cuando el juez Juan Cataldo intimó al Ejecutivo a paralizar las obras y frenar las licitaciones. Los argumentos recogen los que Gómez Coronado barajó en sus resoluciones contra los sapitos de septiembre y octubre.
domingo, 22 de agosto de 2010
El agente de la desregulación interesada
La tragedia de la calle Mendoza es producto del sistema montado por Macri para los especuladores inmobiliarios.
Por Sergio Kiernan
Las tres muertes del martes en el derrumbe del gimnasio en la calle Mendoza son apenas el extremo trágico de un sistema muy bien montado en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño mantiene activamente ciertas garantías para la especulación inmobiliaria: falta de inspectores, multas bajísimas, impunidad para los pisos de más y una fiaca llamativa en hacer cumplir la ley. A esto se le suma un verdadero combate por parte del Ejecutivo de todo intento real de legislar la protección de áreas históricas, limitar las alturas constructivas y cuidar el patrimonio edificado.
Inspectores fantasma
Hace muchos años que Buenos Aires perdió la capacidad de inspeccionar nada. El macrismo en el poder ofreció garantías al sector más especulativo de la construcción, el de las grandes firmas desarrolladoras, de que habría un vacío de hecho en eso de hacer cumplir la ley. Con una coherencia notable, el gobierno porteño lleva dos años y medio creando un buen ambiente para las torres, resistiendo todo avance legal que limite alturas y cambie zonificaciones. Y cuando no puede evitar una ley o reglamentación lograda por los vecinos, la solución es simple: las obras clandestinas, los pisos de más, las demoliciones fulminantes de fin de semana, no serán detectadas. Cuando el papelón sea público e inevitable, la multa será ínfima, ya que los valores no se indexan desde hace años y Mauricio Macri ni piensa elevarlos.
Al frente de este mecanismo está un arquitecto cuya carrera es un gris de ausencia hasta el día en que juró como ministro de Desarrollo Urbano del flamante gobierno PRO, en diciembre de 2007. Daniel Chain es un incondicional de Macri: difícilmente tres muertos bastarán para desbancarlo. Al contrario que otros funcionarios cuya idoneidad el gobierno descubre ahora que no era suficiente, Chain es exactamente lo que se pensó al nombrarlo. Su tarea es evitar todo límite a la construcción especulativa, y eso lo hace muy bien.
En los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron con permiso de obra –nadie sabe cuánto se hizo sin esos permisos– cuatro millones y medio de metros cuadrados de obra nueva. Estos edificios a estrenar y ampliaciones de otros existentes raramente son inspeccionados, y cuando lo son aparece una rara tendencia pública de aceptar hechos consumados. Por ejemplo, en el caso de la tragedia del gimnasio de la calle Mendoza, la misma Uocra había denunciado a mediados de junio que se estaba demoliendo un supermercado sin apuntalar las medianeras, medida básica de seguridad. La inspección tardó tanto que, cuando llegó, había un prolijo baldío cercado. Los profesionales no detectaron “ninguna anomalía” porque los trabajos habían terminado, y por tanto se fueron. Fin del tema.
Por supuesto que no fue el macrismo el que inventó al inspector blando, o la misma falta de inspectores, o las leyes enrevesadas que impiden cualquier límite legal. Pero también es cierto que llevaron el arte de ignorar el problema a un nivel superior. Ante los tres muertos que causó su política, el ministro Chain dijo que “se necesitarían doce mil inspectores” para controlar todo, lo que equivale al número de arquitectos registrados en la ciudad. Chain se rió de la misma idea y la consideró un “mamarracho”.
El sofisma es de los favoritos del ministro, al que le gusta decir que no se puede poner un inspector en cada esquina. Lo que no dice Chain, pero sabe, es que los problemas son otros:
- Las multas son tan bajas, que resultan un costo más, en caso de ser descubiertos, y ni se comparan con lo que se ahorra al quebrar la ley.
- Pese a que se subieron y mucho los derechos de construcción, y hasta se inventó un impuesto a la demolición, no se hizo la inversión de crear un cuerpo de inspección en serio. El sistema está largamente colapsado.
- No existe una legislación que castigue administrativamente a los infractores. Lo que el gobierno porteño puede hacer equivale a una nalgadita y de las suaves.
Impunidades
Basten dos ejemplos para ilustrar el tema. En abril de 2008, un “empresario” pidió permiso para destruir una casa histórica en la esquina de Bolívar e Independencia. El pedido asombró hasta al más gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit, el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área de protección histórica. Y, cuarto elemento, el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento ramplón, un uso que está prohibido directamente por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona.
El “empresario” no se asustó e insistió con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento. A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su truco final. Un llamado telefónico avisó a la Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada. Los guardias acudieron y comprobaron que no existía peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando como corresponde una copia de la actuación. Con el papel en la mano, el especulador corrió al scanner y se inventó un bonito permiso de obra trucho, que colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora destruyó la casa de apuro. Para la mañana del viernes se llevaban los últimos escombros.
El tema fue un escándalo y los funcionarios por una vez en la vida se sintieron personalmente burlados, con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del terreno le avisaron que nunca le darían licencia para un estacionamiento y que sólo podría construir dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio. Al arquitecto que había recomendado la destrucción del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad, lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de patrimonio marca un castigo simple, de metros cuadrados de menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente recuperó ante un juez su matrícula –por la libertad de trabajo– y la empresa de demoliciones ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios de los abogados.
Un ejemplo más reciente permite apreciar que la situación no varió. En julio comenzó la demolición del viejo asilo de hombres de San Vicente de Paul, en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Aldo Sessa y Nicolás García Uriburu, vecinos del lugar, denunciaron el hecho y se cansaron de esperar alguna acción. Finalmente recurrieron a la Defensoría del Pueblo porteño y el Defensor Adjunto Gerardo Gómez Coronado se comunicó por escrito y por teléfono con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que, como indica su nombre, se dedica a estas cosas. En la Dgfyco le dijeron que inspeccionarían el lugar.
Tardaron casi dos semanas en aparecer por Sánchez de Bustamante y cuando lo hicieron, un miércoles por la tarde de este agosto frío, se encontraron con un portero que no los dejó entrar. ¿Qué hicieron los representantes de la ley? Se fueron, alegando que al no poder entrar no podían comprobar que hubiera una demolición. Curiosamente, los escombros y los muros ausentes podían verse claramente por las ventanas del edificio, en la que ya se demolió hasta la capilla.
Organizaciones de vecinos como Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito y la Proto Comuna Caballito, por mencionar algunas, tienen verdaderas colecciones de denuncias desatendidas, ignoradas o que resultaron en nada. Las organizaciones de Caballito convocaron a un encuentro vecinal por los desprendimientos en una obra en la calle Riglos al 300. Según los vecinos, llamaron hace más de una semana a la Dgfyco y la respuesta fue que “antes de un mes pasamos”.
Como sabe cualquiera, los automovilistas no respetan los semáforos en rojo no porque piensan que hay un policía en cada esquina, sino porque piensan que podría haber uno justo en la esquina donde están, y porque saben que las multas son caras. Los vecinos ya aprendieron que la falta de autocontrol de las constructoras se debe a que saben que sus semáforos rojos no están nunca controlados, y las multas son monedas.
Terrenos ocupados
La segunda garantía que ofrece Macri y administra Chain es frenar esta novedad tan desagradable, la movilización de los vecinos por el patrimonio. Para la especulación inmobiliaria, cada lote ocupado por una pieza patrimonial es un desperdicio, ya que todos los edificios antiguos tienen una cosa en común: son más chicos que las torres que se construyen hoy. En léxico profesional, estos pobres edificios tienen que ser condenados a la destrucción por no llegar a la “carga máxima” que la ley permita.
Justo al asumir Macri, en diciembre de 2007, esta tensión hizo crisis y la solución fue un parche. Se tomó el dibujo del Paisaje Cultural porteño que la Ciudad había propuesto a la Unesco y se sancionó la Ley 2548, creando por un año un mecanismo especial para los edificios construidos antes de 1941. Quien pidiera demoler una de esas piezas tenía que pasar por un trámite especial, la revisión por una entidad casi desconocida llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
El Caap tenía una vida tranquila hasta esta ley propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, ya que su única tarea era asesorar cada tanto al ministro de Desarrollo Urbano. Con sus nuevos deberes, comenzó a reunirse una vez por semana y decidir si los trámites se aceptaban –el edificio en cuestión se demolía– o si tenían el suficiente valor para ser girados a la Legislatura, para ser catalogados.
El ministro Daniel Chain y el también arquitecto Héctor Lostri, su secretario de Planeamiento, pronto percibieron el poder que la ley inesperadamente les daba. Si se pedía la demolición de un edificio valioso, éste podía –tal vez, quizá– ser protegido por la Legislatura, como recomendaría el Caap. Pero si el Consejo descartaba el trámite, el edificio se demolía y listo, sin más trámite. Era una orden final, una sentencia de destrucción inmediata. Y un regalo del cielo para los especuladores apurados.
Para cuando el mecanismo legal se extendió a toda la ciudad, en diciembre de 2008 y como Ley 3056, Chain no sólo no se opuso sino que hasta fue el que pidió que durara por dos años y no por uno. El ministro había encontrado la herramienta para sacarse de encima a los patrimonialistas de una vez: que el Consejo tratara los edificios que entraban por ventanilla, como marcaba la ley, y también los del “entorno”. No importaba que la ley ni mencionara otra cosa que los casos que entraran por pedido de particulares.
Así se inventó una máquina de permitir demoliciones a paso rápido, que en lo que va del año rechaza siete trámites por cada uno que acepta girar a la Legislatura (algún día, porque los trámites no se envían “por falta de personal”). El Caap depende administrativamente de Lostri, es presidido por una burócrata incondicional, Susana Mesquida, y logró paralizar hasta a las representantes del Ministerio de Cultura, que se supone votarían por algo menos mercenario pero hasta proponen demoliciones propias. El nivel de preciosismo de los consejeros puede ser bizantino: una ventana cambiada condena instantáneamente a un edificio como “descaracterizado”. La pena para el pecado es su rentable destrucción.
En un momento de los debates de cada martes, en el Consejo se escuchó la verdadera razón de tanto rigoreo con las pobres casas viejas. No era una cuestión de teorías o adhesión a Le Corbusier: a menos que fuera una pieza muy especial, siempre había que tener en cuenta el “potencial” del lote según la zonificación. La prioridad, para esta gente, son los metros cuadrados que se pueden construir a nuevo sobre el patrimonio porteño.
Otro servicio a la demolición fue matar de raíz el sistema de protección al patrimonio. La Ley 1227 ordena que el Ministerio de Cultura redacte y proponga a la Legislatura una reforma del Código de Planeamiento –máxima instancia legal en cuanto a la construcción– creando un régimen específico para los edificios antiguos y catalogados. Tres gobiernos porteños ignoraron la orden y, sorpresa, fue el actual el que finalmente la cumplió. La secretaria de Patrimonio, Josefina Delgado, logró que su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le firmara un proyecto notable por su rigor, con multas caras, inhabilitaciones y hasta la obligación de reconstruir la historia destruida, todo a ser controlado por un cuerpo de inspectores de patrimonio dependiente de Cultura.
Chain tronó. En una breve nota, rechazó el proyecto, que fue cajoneado rápidamente y olvidado. Delgado se dedicó a otra cosa –congresos de literatura, principalmente– y así se evitó que existieran castigos reales aunque sea para las constructoras que demuelan la historia porteña.
Como se dijo más arriba, el único castigo real a una demolición clandestina surge en los casos de edificios catalogados –protegidos como históricos– y por la ley de patrimonio. Pero la muy abrumadora mayoría de las estructuras porteñas ni son históricas ni están catalogadas, con lo que las demoliciones preventivas son el recurso favorito para evitar la ley. Por ejemplo, en la nueva zona comercial que surgió descontroladamente alrededor de Nazca y Avellaneda abunda el recurso de destrozar casas de época con demoliciones parciales e ilegales. Como esas casas son anteriores a 1941 y caen en el régimen especial, llegan a consideración del Caap ya sin techos, o sin ventanas, y los preciosistas del Consejo aceptan que las terminen de demoler. Si existiera el régimen de castigos que Chain mató en la raíz, esas demoliciones serían castigadas hasta con la reconstrucción de lo destruido. El costo de ese castigo sería ejemplar y seguramente detendría el vandalismo. Como están las cosas, nadie se molesta siquiera en denunciar los ilícitos.
Y de eso se trata todo el sistema montado por Chain, bajo órdenes superiores.
Por Sergio Kiernan
Las tres muertes del martes en el derrumbe del gimnasio en la calle Mendoza son apenas el extremo trágico de un sistema muy bien montado en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño mantiene activamente ciertas garantías para la especulación inmobiliaria: falta de inspectores, multas bajísimas, impunidad para los pisos de más y una fiaca llamativa en hacer cumplir la ley. A esto se le suma un verdadero combate por parte del Ejecutivo de todo intento real de legislar la protección de áreas históricas, limitar las alturas constructivas y cuidar el patrimonio edificado.
Inspectores fantasma
Hace muchos años que Buenos Aires perdió la capacidad de inspeccionar nada. El macrismo en el poder ofreció garantías al sector más especulativo de la construcción, el de las grandes firmas desarrolladoras, de que habría un vacío de hecho en eso de hacer cumplir la ley. Con una coherencia notable, el gobierno porteño lleva dos años y medio creando un buen ambiente para las torres, resistiendo todo avance legal que limite alturas y cambie zonificaciones. Y cuando no puede evitar una ley o reglamentación lograda por los vecinos, la solución es simple: las obras clandestinas, los pisos de más, las demoliciones fulminantes de fin de semana, no serán detectadas. Cuando el papelón sea público e inevitable, la multa será ínfima, ya que los valores no se indexan desde hace años y Mauricio Macri ni piensa elevarlos.
Al frente de este mecanismo está un arquitecto cuya carrera es un gris de ausencia hasta el día en que juró como ministro de Desarrollo Urbano del flamante gobierno PRO, en diciembre de 2007. Daniel Chain es un incondicional de Macri: difícilmente tres muertos bastarán para desbancarlo. Al contrario que otros funcionarios cuya idoneidad el gobierno descubre ahora que no era suficiente, Chain es exactamente lo que se pensó al nombrarlo. Su tarea es evitar todo límite a la construcción especulativa, y eso lo hace muy bien.
En los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron con permiso de obra –nadie sabe cuánto se hizo sin esos permisos– cuatro millones y medio de metros cuadrados de obra nueva. Estos edificios a estrenar y ampliaciones de otros existentes raramente son inspeccionados, y cuando lo son aparece una rara tendencia pública de aceptar hechos consumados. Por ejemplo, en el caso de la tragedia del gimnasio de la calle Mendoza, la misma Uocra había denunciado a mediados de junio que se estaba demoliendo un supermercado sin apuntalar las medianeras, medida básica de seguridad. La inspección tardó tanto que, cuando llegó, había un prolijo baldío cercado. Los profesionales no detectaron “ninguna anomalía” porque los trabajos habían terminado, y por tanto se fueron. Fin del tema.
Por supuesto que no fue el macrismo el que inventó al inspector blando, o la misma falta de inspectores, o las leyes enrevesadas que impiden cualquier límite legal. Pero también es cierto que llevaron el arte de ignorar el problema a un nivel superior. Ante los tres muertos que causó su política, el ministro Chain dijo que “se necesitarían doce mil inspectores” para controlar todo, lo que equivale al número de arquitectos registrados en la ciudad. Chain se rió de la misma idea y la consideró un “mamarracho”.
El sofisma es de los favoritos del ministro, al que le gusta decir que no se puede poner un inspector en cada esquina. Lo que no dice Chain, pero sabe, es que los problemas son otros:
- Las multas son tan bajas, que resultan un costo más, en caso de ser descubiertos, y ni se comparan con lo que se ahorra al quebrar la ley.
- Pese a que se subieron y mucho los derechos de construcción, y hasta se inventó un impuesto a la demolición, no se hizo la inversión de crear un cuerpo de inspección en serio. El sistema está largamente colapsado.
- No existe una legislación que castigue administrativamente a los infractores. Lo que el gobierno porteño puede hacer equivale a una nalgadita y de las suaves.
Impunidades
Basten dos ejemplos para ilustrar el tema. En abril de 2008, un “empresario” pidió permiso para destruir una casa histórica en la esquina de Bolívar e Independencia. El pedido asombró hasta al más gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit, el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área de protección histórica. Y, cuarto elemento, el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento ramplón, un uso que está prohibido directamente por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona.
El “empresario” no se asustó e insistió con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento. A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su truco final. Un llamado telefónico avisó a la Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada. Los guardias acudieron y comprobaron que no existía peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando como corresponde una copia de la actuación. Con el papel en la mano, el especulador corrió al scanner y se inventó un bonito permiso de obra trucho, que colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora destruyó la casa de apuro. Para la mañana del viernes se llevaban los últimos escombros.
El tema fue un escándalo y los funcionarios por una vez en la vida se sintieron personalmente burlados, con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del terreno le avisaron que nunca le darían licencia para un estacionamiento y que sólo podría construir dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio. Al arquitecto que había recomendado la destrucción del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad, lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de patrimonio marca un castigo simple, de metros cuadrados de menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente recuperó ante un juez su matrícula –por la libertad de trabajo– y la empresa de demoliciones ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios de los abogados.
Un ejemplo más reciente permite apreciar que la situación no varió. En julio comenzó la demolición del viejo asilo de hombres de San Vicente de Paul, en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Aldo Sessa y Nicolás García Uriburu, vecinos del lugar, denunciaron el hecho y se cansaron de esperar alguna acción. Finalmente recurrieron a la Defensoría del Pueblo porteño y el Defensor Adjunto Gerardo Gómez Coronado se comunicó por escrito y por teléfono con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que, como indica su nombre, se dedica a estas cosas. En la Dgfyco le dijeron que inspeccionarían el lugar.
Tardaron casi dos semanas en aparecer por Sánchez de Bustamante y cuando lo hicieron, un miércoles por la tarde de este agosto frío, se encontraron con un portero que no los dejó entrar. ¿Qué hicieron los representantes de la ley? Se fueron, alegando que al no poder entrar no podían comprobar que hubiera una demolición. Curiosamente, los escombros y los muros ausentes podían verse claramente por las ventanas del edificio, en la que ya se demolió hasta la capilla.
Organizaciones de vecinos como Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito y la Proto Comuna Caballito, por mencionar algunas, tienen verdaderas colecciones de denuncias desatendidas, ignoradas o que resultaron en nada. Las organizaciones de Caballito convocaron a un encuentro vecinal por los desprendimientos en una obra en la calle Riglos al 300. Según los vecinos, llamaron hace más de una semana a la Dgfyco y la respuesta fue que “antes de un mes pasamos”.
Como sabe cualquiera, los automovilistas no respetan los semáforos en rojo no porque piensan que hay un policía en cada esquina, sino porque piensan que podría haber uno justo en la esquina donde están, y porque saben que las multas son caras. Los vecinos ya aprendieron que la falta de autocontrol de las constructoras se debe a que saben que sus semáforos rojos no están nunca controlados, y las multas son monedas.
Terrenos ocupados
La segunda garantía que ofrece Macri y administra Chain es frenar esta novedad tan desagradable, la movilización de los vecinos por el patrimonio. Para la especulación inmobiliaria, cada lote ocupado por una pieza patrimonial es un desperdicio, ya que todos los edificios antiguos tienen una cosa en común: son más chicos que las torres que se construyen hoy. En léxico profesional, estos pobres edificios tienen que ser condenados a la destrucción por no llegar a la “carga máxima” que la ley permita.
Justo al asumir Macri, en diciembre de 2007, esta tensión hizo crisis y la solución fue un parche. Se tomó el dibujo del Paisaje Cultural porteño que la Ciudad había propuesto a la Unesco y se sancionó la Ley 2548, creando por un año un mecanismo especial para los edificios construidos antes de 1941. Quien pidiera demoler una de esas piezas tenía que pasar por un trámite especial, la revisión por una entidad casi desconocida llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
El Caap tenía una vida tranquila hasta esta ley propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, ya que su única tarea era asesorar cada tanto al ministro de Desarrollo Urbano. Con sus nuevos deberes, comenzó a reunirse una vez por semana y decidir si los trámites se aceptaban –el edificio en cuestión se demolía– o si tenían el suficiente valor para ser girados a la Legislatura, para ser catalogados.
El ministro Daniel Chain y el también arquitecto Héctor Lostri, su secretario de Planeamiento, pronto percibieron el poder que la ley inesperadamente les daba. Si se pedía la demolición de un edificio valioso, éste podía –tal vez, quizá– ser protegido por la Legislatura, como recomendaría el Caap. Pero si el Consejo descartaba el trámite, el edificio se demolía y listo, sin más trámite. Era una orden final, una sentencia de destrucción inmediata. Y un regalo del cielo para los especuladores apurados.
Para cuando el mecanismo legal se extendió a toda la ciudad, en diciembre de 2008 y como Ley 3056, Chain no sólo no se opuso sino que hasta fue el que pidió que durara por dos años y no por uno. El ministro había encontrado la herramienta para sacarse de encima a los patrimonialistas de una vez: que el Consejo tratara los edificios que entraban por ventanilla, como marcaba la ley, y también los del “entorno”. No importaba que la ley ni mencionara otra cosa que los casos que entraran por pedido de particulares.
Así se inventó una máquina de permitir demoliciones a paso rápido, que en lo que va del año rechaza siete trámites por cada uno que acepta girar a la Legislatura (algún día, porque los trámites no se envían “por falta de personal”). El Caap depende administrativamente de Lostri, es presidido por una burócrata incondicional, Susana Mesquida, y logró paralizar hasta a las representantes del Ministerio de Cultura, que se supone votarían por algo menos mercenario pero hasta proponen demoliciones propias. El nivel de preciosismo de los consejeros puede ser bizantino: una ventana cambiada condena instantáneamente a un edificio como “descaracterizado”. La pena para el pecado es su rentable destrucción.
En un momento de los debates de cada martes, en el Consejo se escuchó la verdadera razón de tanto rigoreo con las pobres casas viejas. No era una cuestión de teorías o adhesión a Le Corbusier: a menos que fuera una pieza muy especial, siempre había que tener en cuenta el “potencial” del lote según la zonificación. La prioridad, para esta gente, son los metros cuadrados que se pueden construir a nuevo sobre el patrimonio porteño.
Otro servicio a la demolición fue matar de raíz el sistema de protección al patrimonio. La Ley 1227 ordena que el Ministerio de Cultura redacte y proponga a la Legislatura una reforma del Código de Planeamiento –máxima instancia legal en cuanto a la construcción– creando un régimen específico para los edificios antiguos y catalogados. Tres gobiernos porteños ignoraron la orden y, sorpresa, fue el actual el que finalmente la cumplió. La secretaria de Patrimonio, Josefina Delgado, logró que su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le firmara un proyecto notable por su rigor, con multas caras, inhabilitaciones y hasta la obligación de reconstruir la historia destruida, todo a ser controlado por un cuerpo de inspectores de patrimonio dependiente de Cultura.
Chain tronó. En una breve nota, rechazó el proyecto, que fue cajoneado rápidamente y olvidado. Delgado se dedicó a otra cosa –congresos de literatura, principalmente– y así se evitó que existieran castigos reales aunque sea para las constructoras que demuelan la historia porteña.
Como se dijo más arriba, el único castigo real a una demolición clandestina surge en los casos de edificios catalogados –protegidos como históricos– y por la ley de patrimonio. Pero la muy abrumadora mayoría de las estructuras porteñas ni son históricas ni están catalogadas, con lo que las demoliciones preventivas son el recurso favorito para evitar la ley. Por ejemplo, en la nueva zona comercial que surgió descontroladamente alrededor de Nazca y Avellaneda abunda el recurso de destrozar casas de época con demoliciones parciales e ilegales. Como esas casas son anteriores a 1941 y caen en el régimen especial, llegan a consideración del Caap ya sin techos, o sin ventanas, y los preciosistas del Consejo aceptan que las terminen de demoler. Si existiera el régimen de castigos que Chain mató en la raíz, esas demoliciones serían castigadas hasta con la reconstrucción de lo destruido. El costo de ese castigo sería ejemplar y seguramente detendría el vandalismo. Como están las cosas, nadie se molesta siquiera en denunciar los ilícitos.
Y de eso se trata todo el sistema montado por Chain, bajo órdenes superiores.
SOBRE EL DERRUMBE EN VILLA URQUIZA
Rocio Sanchez Andia
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
"EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DEL CONTROL DE LAS OBRAS, CUANDO PROMUEVE EL DESARROLLO INMOBILIARIO"
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Rocío Sánchez Andía, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura se refirió al derrumbe sucedido ayer en el barrio de Villa Urquiza. La legisladora de la Coalición Cívica manifestó "es una situación muy triste, ojalá que puedan encontrar con vida a la persona que se siguen buscando".
Ante este suceso Sánchez Andía asevero " la construcción en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido significativamente y ha habido por parte de la Legislatura y de los propios vecinos alertas concretos respecto del control y fiscalización"
La diputada el pasado 28 a de abril presentó un pedido de informes que fue aprobado por la Legislatura el pasado 22 de julio donde solicitó que se informe sobre la totalidad de las denuncias recibidas por organismos del Poder Ejecutivo en los últimos 2 años, en las que se hayan advertido riesgos edilicios propios de demoliciones y obras en inmuebles privados, ya sea que hayan sido autorizadas o no por las autoridades competentes. Así como que informe las acciones llevadas adelante por el Gobierno de la Ciudad, especificando si se han realizado intimaciones, clausuras y si se han aplicado sanciones y solicitando los resultados de las mismos.
En los considerandos la diputada advertía " cada vez más los habitantes de la Ciudad se acercan exponiendo situaciones de suma gravedad en relación a demoliciones o construcciones linderas a sus hogares. En la mayoría de dichos casos surgen serias dudas respecto de la posible existencia de irregularidades en el proceso de tramitación de los permisos de demolición y obra, así como por parte del ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad"
Por último Sánchez Andía aseguró "el Estado no puede desentenderse en absoluto del control de obras más cuando promueve el desarrollo inmobiliario, por lo tanto es preciso conocer cuales han sido las acciones especificas de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro y Dirección General de Fiscalización y Control de Obra".
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
"EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DEL CONTROL DE LAS OBRAS, CUANDO PROMUEVE EL DESARROLLO INMOBILIARIO"
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Rocío Sánchez Andía, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura se refirió al derrumbe sucedido ayer en el barrio de Villa Urquiza. La legisladora de la Coalición Cívica manifestó "es una situación muy triste, ojalá que puedan encontrar con vida a la persona que se siguen buscando".
Ante este suceso Sánchez Andía asevero " la construcción en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido significativamente y ha habido por parte de la Legislatura y de los propios vecinos alertas concretos respecto del control y fiscalización"
La diputada el pasado 28 a de abril presentó un pedido de informes que fue aprobado por la Legislatura el pasado 22 de julio donde solicitó que se informe sobre la totalidad de las denuncias recibidas por organismos del Poder Ejecutivo en los últimos 2 años, en las que se hayan advertido riesgos edilicios propios de demoliciones y obras en inmuebles privados, ya sea que hayan sido autorizadas o no por las autoridades competentes. Así como que informe las acciones llevadas adelante por el Gobierno de la Ciudad, especificando si se han realizado intimaciones, clausuras y si se han aplicado sanciones y solicitando los resultados de las mismos.
En los considerandos la diputada advertía " cada vez más los habitantes de la Ciudad se acercan exponiendo situaciones de suma gravedad en relación a demoliciones o construcciones linderas a sus hogares. En la mayoría de dichos casos surgen serias dudas respecto de la posible existencia de irregularidades en el proceso de tramitación de los permisos de demolición y obra, así como por parte del ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad"
Por último Sánchez Andía aseguró "el Estado no puede desentenderse en absoluto del control de obras más cuando promueve el desarrollo inmobiliario, por lo tanto es preciso conocer cuales han sido las acciones especificas de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro y Dirección General de Fiscalización y Control de Obra".
Sobre villa urquiza
Retranscribimos parte de la nota que el diario Clarin publicó el dia de hoy dando cuenta de la caida del edificio en Villa Urquiza:
"En el Gobierno porteño aseguran que la obra para hacer un edificio de 10 pisos y cochera tenía otorgado su permiso desde 2009, y que le hicieron inspecciones. El primer control, a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, se hizo en mayo, pero como no encontraron actividad en el lugar, no entraron.
..............................................................
El secretario general del Gobierno de la Ciudad, Marcos Peña, le aseguró a Clarín que “tras la denuncia, se hizo una inspección al día siguiente y otra el 13 de julio, pero en ningún caso se encontró actividad. Siempre se espera unos 30 días cuando un operativo de este tipo no se puede realizar. Evidentemente la obra se retomó con alto ritmo en los últimos días”.
"Lo cierto es que la Ciudad fue tres veces al lugar pero nunca entró al pozo a ver cómo estaba. En la UOCRA dijeron: “Si tienen el nombre de la constructora y del profesional a cargo, ¿por qué no los llamaron? Ellos tienen el poder de policía, y nosotros hicimos una denuncia concisa”.Mauricio Macri se acercó hasta el derrumbe, junto a varios funcionarios. “Se construyó mucho en los últimos años y el porcentaje de este tipo de accidentes es mínimo. No creo que el Gobierno tenga responsabilidad, además los equipos de emergencias actuaron bien. Habrá que estudiar si hubo mala praxis o una casualidad”, aseguró el jefe de Gobierno."
ATENCION!
Vecinos de Caballito:
Es importante que difundamos en el barrio y sobre todo en la zona protegida desde 2008 con la Ley 2722 de alturas máximas, que no hay ninguna posibilidad de construir edificios que no se avengan a dichas restricciones.
Tenemos dos casos paradigmáticos recientes, Pujol 1150/1154 y Felipe Vallese 1463, ambos con expedientes aprobados antes de nuestra Ley, que habrían podido ser edificios de altura pero que
no se construyeron hasta la fecha encontrándose así en lo que el Código de Edificación (buscalo en internet con el nombre de Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Bs.As.) llama"paralizados". Razón por la cual el certificado de Uso Conforme (180 días) ha caducado, tal lo dispuesto por el artículo2.1.4 (Vigencia) de la Sección 2 de dicho Código.
Por tal motivo, deberá realizar la reanudación del trámite que se acordará siempre que a la fecha de la solicitud: No hayan variado las normas vigentes al momento de la iniciación del legajo o actuación. En nuestra zona las normas han cambiado y deberán ajustarse a la Ley 2722.
En ambos casos los funcionarios de la Ciudad Trovato, Lozano y García Faler parece que no han leido el Código o por intereses particulares fingen desconocerlo.
No permitamos que se roben lo que tanto esfuerzo nos costó conseguir.
Es importante que difundamos en el barrio y sobre todo en la zona protegida desde 2008 con la Ley 2722 de alturas máximas, que no hay ninguna posibilidad de construir edificios que no se avengan a dichas restricciones.
Tenemos dos casos paradigmáticos recientes, Pujol 1150/1154 y Felipe Vallese 1463, ambos con expedientes aprobados antes de nuestra Ley, que habrían podido ser edificios de altura pero que
no se construyeron hasta la fecha encontrándose así en lo que el Código de Edificación (buscalo en internet con el nombre de Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Bs.As.) llama"paralizados". Razón por la cual el certificado de Uso Conforme (180 días) ha caducado, tal lo dispuesto por el artículo2.1.4 (Vigencia) de la Sección 2 de dicho Código.
Por tal motivo, deberá realizar la reanudación del trámite que se acordará siempre que a la fecha de la solicitud: No hayan variado las normas vigentes al momento de la iniciación del legajo o actuación. En nuestra zona las normas han cambiado y deberán ajustarse a la Ley 2722.
En ambos casos los funcionarios de la Ciudad Trovato, Lozano y García Faler parece que no han leido el Código o por intereses particulares fingen desconocerlo.
No permitamos que se roben lo que tanto esfuerzo nos costó conseguir.
MACRI QUIERE QUE EL PUEBLO NO SEPA DE QUE SE TRATA:
El Poder Ejecutivo acaba de vetar la Ley la Ley 3489 sancionada por la Legislatura en la sesión del 1º de Julio pasado, por iniciativa del Diputado Claudio Palmeyro, bajo el argumento de que la misma invade sus facultades reglamentarias.
Dicha Ley dispone la obligación de adjuntar a las boletas de ABL y de Patentes del segundo semestre del 2010 y del primer semestre del 2011 "un folleto explicativo"
relacionado con el proceso de descentralizació n de la Ciudad en Comunas y tiene como objeto de que cada vecino sepa de que se tratan las Comunas como una nueva institución de la democracia incluida en la Constitución de la Ciudad. También le informa a cada vecino cuál es la Comuna en la que cada vecino vive, cuáles son los mecanismos de participación a su alcance dispuestos por la Ley 1777 y 3233 referidas al tema, además de resaltar el hecho de que el 5 de junio del 2011 se realizarán 1os comicios destinados a proceder a la elección de las primeras autoridades de las mismas.
También dispone una acción especial al respecto para los alumnos, padres, maestros y profesores en toda la comunidad educativa de la Ciudad.
Las cuestiones incluidas en la ley vetada bien pudieron estar presentes en la Ley 3233 y el Veto no significa otra cosa que la reticencia del Poder Ejecutivo a posibilitar que los ciudadanos tengan acceso a derechos de participación y decisión que se derivan de la institución "Comunas" y pierdan la oportunidad de participar del proceso de transición hacia las misma que el Poder Ejecutivo se niega a ejecutar. Negativa que ya ha sido objeto de un Recurso de Amparo tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia iniciado por varias instituciones vecinales de nuestra ciudad.
Dicha Ley dispone la obligación de adjuntar a las boletas de ABL y de Patentes del segundo semestre del 2010 y del primer semestre del 2011 "un folleto explicativo"
relacionado con el proceso de descentralizació n de la Ciudad en Comunas y tiene como objeto de que cada vecino sepa de que se tratan las Comunas como una nueva institución de la democracia incluida en la Constitución de la Ciudad. También le informa a cada vecino cuál es la Comuna en la que cada vecino vive, cuáles son los mecanismos de participación a su alcance dispuestos por la Ley 1777 y 3233 referidas al tema, además de resaltar el hecho de que el 5 de junio del 2011 se realizarán 1os comicios destinados a proceder a la elección de las primeras autoridades de las mismas.
También dispone una acción especial al respecto para los alumnos, padres, maestros y profesores en toda la comunidad educativa de la Ciudad.
Las cuestiones incluidas en la ley vetada bien pudieron estar presentes en la Ley 3233 y el Veto no significa otra cosa que la reticencia del Poder Ejecutivo a posibilitar que los ciudadanos tengan acceso a derechos de participación y decisión que se derivan de la institución "Comunas" y pierdan la oportunidad de participar del proceso de transición hacia las misma que el Poder Ejecutivo se niega a ejecutar. Negativa que ya ha sido objeto de un Recurso de Amparo tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia iniciado por varias instituciones vecinales de nuestra ciudad.
martes, 3 de agosto de 2010
Golpes y contragolpes
Caballito se mueve por su parque, Floresta tiene APH, Flores pierde un edificio notable, La Rioja pierde su escuela normal, la Comisión porteña de preservación emite un documento y la demolición de Sánchez de Bustamante sigue como si nada.
La casa de Granaderos 77, cuya demolición fue autorizada como si lloviera por el CAAP
Por Sergio Kiernan
Como para comprobar que la preservación del patrimonio depende de la movilización ciudadana y de los escasos políticos que le prestan atención, un balance de los últimos eventos. En Caballito están contentos porque el proyecto tan demorado –¡17 años!– de crear un gran parque en terrenos ferroviarios se está moviendo, mientras que Floresta festeja su APH que preserva arbolados, pavimentos y fisonomía. En Flores siguen cayendo casas valiosas, como si nada, y en La Rioja se conocen cada vez más detalles de la nueva escuela-shopping que construyen usando fondos federales para reparación de escuelas... Habrá tertulias para reunir vecinos interesados en Buenos Aires, mientras se sigue demoliendo en Sánchez de Bustamante sin que la Dgfyco parezca interesarse.
Al Oeste
El diputado porteño Martín Hourest presentó un proyecto que tiene alegres a los vecinos de Caballito, para “rezonificar los terrenos abandonados en la ex playa de cargas del Ferrocarril Sarmiento de Uso Futuro a Uso Parque”. SOS Caballito destacó recientemente que ésta es la demanda “de siempre”, de ganar un pulmón de 16 manzanas en un barrio con muy poco verde. Hourest lo rebautizó Parque del Bicentenario y lo relanzó en la Legislatura, con apoyo de doce de los trece bloques presentes. Una de las características de la idea es que el parque, por estar pegado a uno de los grandes nudos de transporte de la ciudad, tendrá un uso que trasciende al barrio inmediato y puede transformarse en un gran atractor urbano para todos los porteños. SOS Caballito tiene más detalles y notas en su blog www.sos-caballito.blogspot.com.
Cerca del barrio, en Floresta, festejan el fin de una larga pelea. Resulta que la Legislatura sancionó en segunda lectura una ley que crea un área de protección histórica de 19 manzanas, tema que quedó medio tapado con las cuitas legales de Mauricio Macri. En ese sector no se podrán tocar los árboles ni los adoquinados, no se podrá demoler un número finito de edificios y no se podrá construir nada de más de nueve metros de altura, y el único uso será residencial.
Entre estos dos barrios está Flores, donde el humor no es tan bueno. El lector Eduardo Diéguez, de 24 años y estudiante de arquitectura pero todavía sin lavado de cerebro, se encontró con una demolición inexplicable en Granaderos 77. Como muestran las fotos, es una casa de buen estilo, muy bien construida y decorada, que forma parte de un conjunto muy noble de arquitectura de época que tuvo una cuadra de largo y del que ahora quedan tres ejemplares. Diéguez fotografió los interiores aprovechando que se remataban las antigüedades constructivas de la casa, lo que demuestra que los demoledores tienen más sentido del valor de las cosas que las autoridades...
Lo que se pregunta el lector es por qué se autorizó la demolición, ya que la casa es anterior a 1940. Evidentemente, el expediente fue autorizado por el inefable Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, con lo que la respuesta es que el CAAP la dejó demoler nomás. Ya no debe asombrar esta decisión, ya que los consejeros dejan demoler fríamente cualquier cosa que tenga un edificio en altura al lado, con la excusa de que se perdió el entorno, y cualquier cosa que esté en una zona que permita construir en altura, para no perder “carga constructiva”. Este absoluto privilegio al negocio es notable en un grupo que tiene en el nombre la palabra patrimonio, pero hay que acostumbrarse a que ésas son sus prioridades.
En La Rioja
La idea de transformar la Escuela Normal de La Rioja en un mero shopping-center dejó a medio país con la boca abierta. La obra es un papelón de envergadura que retoma el mismo símbolo de la frivolidad rentable del menemismo, la escuela-shopping, que en su momento salió en los diarios del mundo como un extremo de privatización que asombraba hasta a los norteamericanos. La obra mereció hasta un durísimo editorial de La Nación, que se permitió decir que más que un negocio parecía un negociado.Lo divertido del asunto, por así decirlo, es que los fondos vinieron de una partida para restaurar edificios históricos. La Rioja no tiene tanto patrimonio, pese a su antigüedad como ciudad, y el Normal es una belleza de porte y el sitio del primer experimento con esa novedad llamada jardín de infantes. Según fuentes riojanas muy enojadas, la historia comienza con un proyecto de pedir a la Comisión Nacional de Sitios y Monumentos Históricos que declarara el colegio un monumento histórico. Al acercarse el Bicentenario, el gobierno nacional puso a disposición de las provincias partidas para restaurar edificios emblemáticos. El trámite lo empieza Hilda Soria, secretaria de Cultura, y lo sigue Amelia Montes cuando Soria es electa diputada nacional.
En la ciudad corrían rumores de otros usos para el colegio, que arrecian cuando en 2007 trasladan la secundaria con la promesa de devolverla cuando terminara “la restauración”. La dirección de Conservación de Edificios Públicos, al mando de la arquitecta Valeria Soriano, comienza un relevamiento del edificio, que dirige la arquitecta Mariana Romanazzi, una profesional que tiene un posgrado italiano en restauración. Esto resulta en un proyecto de puesta en valor, con planos, que exalta los valores del edificio y recomiendan eliminar los agregados que “contaminan la estructura original de la escuela”. El proyecto preserva, sin embargo, algunos agregados, como las graderías de piedra construidas en los sesenta para las canchas, y las fuentes de los patios, que según algunos estudios fueron realizadas en el taller de Lola Mora.
El presupuesto para las obras venía del Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, un convenio firmado con el gobierno nacional por el que los riojanos recibían 40 millones de pesos y sirvió para reparar y equipar a muchas escuelas. El convenio referente al Normal se firma el 27 de mayo de 2009, luego de que el gobierno riojano presentara el plan de puesta en valor.
Pero resulta que pronto queda en claro que la obra es otra. No fue muy difícil enterarse, ya que los riojanos pudieron ver volar mármoles y pisos originales, y caer muros y elementos del colegio. Para octubre de 2009 había un amparo y reuniones casi feroces, donde por fin se pudo ver la obra que realmente querían hacer. Resulta que los planos no aparecían ni se mostraban, pero se insistía con que la obra era la pactada con el gobierno nacional. En una reunión con el ministro provincial de Educación Walter Flores y la arquitecta Soriano, al fin aparecieron. Soriano insistía en que lo que estaban haciendo era una puesta en valor y que la escuela “quedaba más bonita”. Finalmente, desplegó los planos y ahí apareció por primera vez en público el Paseo Ramírez. Según Soriano y Flores, cuentan los asistentes a la reunión, la obra era una decisión política del gobernador. En la obra campeaba un cartel que decía “Ministerio de Planificación Federal, Plan de Mejoramiento Escolar”: Con lo que a todos les quedó en claro que el shopping se construye con fondos públicos y federales destinados a otras cosas.
El 7 de octubre se blanqueó el tema, presentando en sociedad al Paseo Ramírez, lo que disparó la movilización vecinal. A todo esto, seguía el trámite en la Comisión Nacional para ver si se declaraba monumento nacional. Los riojanos le afirmaron a la comisión que el edificio ya estaba transformado, con lo que la Comisión lo declaró apenas Lugar Histórico, luego de consultar con su delegado en la provincia, el arquitecto Luis Orecchia. Pero resulta que el arquitecto Fabrio Grementieri acababa de visitar La Rioja y sacar fotos detalladas del edificio, que demuestran que las obras no estaban ni remotamente tan avanzadas como afirmaba Orecchia... En lo que va del año, llovieron notas e informes sobre la comisión nacional, que no se mueve de su posición. Hasta rechazaron un proyecto de la Cámara de Diputados –de Julio Martínez, que buscaba declarar el Normal monumento pero con actividad escolar– diciendo que ellos ya habían considerado el caso y lo había rechazado.
Este espectacular papelón debería resolverse con una simple pregunta desde Buenos Aires: ¿no era que los fondos eran para restaurar el edificio, como monumento histórico? Ese llamado, llegado desde el poder nacional, pondría orden en este atropello tan desganado a la historia.
En San Telmo
La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad, que preside Mónica Capano, le presentó al procurador porteño un estudio que le encargó la Cámara en lo Contencioso de la ciudad por el amparo de Basta de Demoler para frenar la destrucción de la casa de Estados Unidos 944. El estudio es un modelo de síntesis y de cómo el Estado debería defender el patrimonio edificado en lugar de defender sistemáticamente a la piqueta.
El texto explica que la casa es un edificio “característico” del barrio y está en una zona de amortiguación entre las torres berretas que ya bordean la Nueve de Julio y el APH 1. Si bien la casa no es una obra maestra, sus valores estéticos “son incuestionables” y ciertamente constituye una parte importante del tejido urbano del lugar. Ese lugar geográfico es sujeto del proyecto de ampliación del APH 1 presentado por el presidente de la comisión de Patrimonio de la Legislatura, Patricio Di Stefano, con lo que no se pueden autorizar demoliciones allí.
El informe dice que casas como la de Estados Unidos 944 son “elocuentes”, palabra muy exacta, y se permite recordar que preservarlas no es museificar o congelar la ciudad, tontera interesada que hacen circular los vándalos inmobiliarios. También subraya el apoyo de los vecinos a la preservación de esa casa en particular y concluye que estos valores indican que no debe ser demolida bajo ningún concepto.
Las tertulias
La misma comisión está comenzando unas Tertulias del Patrimonio, que se realizarán cada dos semanas para discutir problemas, escuchar ideas y compartir información entre vecinos. Las reuniones son en la confitería Ideal, Suipacha 380, martes por medio de 18 a 20, comenzando este martes 3 de agosto y continuando el 17, el 31, el 14 de septiembre y el 28.
Sánchez de Bustamante
El gobierno porteño sigue sin intervenir en el viejo asilo de la orden de San Vicente de Paul, que está siendo demolido sin problemas, ni permiso, ni medidas de seguridad. Como se relató en nuestra edición anterior, la Dgfyco se tomó dos semanas para aparecer por Sánchez de Bustamante y Melo, pese a que el pedido venía directamente del Defensor Adjunto del Pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado. Al llegar, el portero los echó y ellos se fueron mansitos, alegando falta de documentación y otros etcéteras. Pues la inspección ocular de m2 reveló que la obra era una realidad. Para esta semana, ya se notaba la demolición en la parte de atrás de los patios.¿Habrá manera de que alguien haga cumplir la ley?
domingo, 11 de julio de 2010
La casa de fiestas del PRO
Oculta tras un muro de madera y frondosa vegetación, la casita es una suerte de quincho para reuniones de gabinete con choripán. Y también para los cumpleaños y fiestas de funcionarios, como el director de Espacios Verdes.
La Escondida, a metros de avenida Berro y difícil de encontrar entre tanta vegetación.
Por Sergio Kiernan
Le dicen La Escondida con justicia, porque es casi invisible. En una de las partes más arboladas del Parque Tres de Febrero, detrás de un muro de troncos de palmera y cercada por un laguito artificial, es una casita que dice poco, con una entrada modesta. Pero observando un poco se ve el plato de DirecTV, los splits y la parrilla, y se entiende por qué el edificio es una suerte de gabinete paralelo del gobierno porteño, un lugar para reuniones distendidas y sin teléfono. Debe ser muy agradable, porque el PRO terminó transformando La Escondida en una casa de fiestas para sus funcionarios. Por ejemplo, el viernes 7 de mayo el dueño de casa, el director general de Espacios Verdes, Luis Brian Lehmann, hizo ahí un “after hour + choripaty party” para festejar su cumpleaños.
En la gran manzana de los bosques de Palermo que corre entre Sarmiento, Libertador, Casares y Berro se concentran varios edificios. Uno es el Jardín Japonés, otro es la Casa Blanca, flamante sede de Espacios Verdes, otros son las ruinas de la Casa Joven y otro, ese fantástico museo que es Monumentos y Obras de Arte, donde se guardan y reparan piezas del catálogo urbano. El rincón es verdaderamente frondoso, con una calesita y un laguito artificial con una ruinosa pergolita. En medio de todo, oculta entre setos y postes, La Escondida. El jefe de Gobierno Mauricio Macri suele reunir a sus ministros allí, con choripán y sin teléfonos, para reuniones de trabajo, costumbre iniciada por sus predecesores. Y la casa, vieja pero remodelada, suele usarse para otros tipos de reuniones de trabajo.
Pero el PRO parece haber decidido privatizar el uso de este edificio público. Este año, el director general de Espacios Verdes de la ciudad, Luis Brian Lehmann, colgó en su página de Facebook la invitación a su fiesta de cumpleaños para el viernes 7 de mayo. Con precisión de programa informático, el joven funcionario indicaba que la fiesta empezaba a las 18 y terminaba media hora después de la medianoche. Como La Escondida es, efectivamente, un escondite discreto, la invitación incluía una foto satelital del parque con una gruesa flecha indicando su ubicación. Algunos de los invitados tuvieron que pedir precisiones, hasta diciendo que la foto francamente no aclaraba nada.
Lo que tampoco se aclaraba en ningún momento era que la fiesta se organizaba en un edificio de propiedad pública cuyo uso, aunque informal e inclusivo de choripanes, debe ser justamente oficial. Esto no pareció importarle a uno de los primeros invitados en confirmar que iba, el licenciado en relaciones públicas e institucionales Facundo Carrillo, que es director del Centro de Gestión y Participación 2 –Recoleta y Barrio Norte– y por tanto funcionario público. El único comentario del joven funcionario, que usa en Facebook una foto de traje, con bandera porteña atrás de su escritorio, fue “jajajaja sería una fiesta peroncheta! ”(sic).
A Carrillo y Lehmann debería, sin embargo, preocuparles el estatus legal de La Escondida. Usar propiedades públicas para fines privados hasta figura en el Código Penal, cuyo artículo 260 avisa que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”. Como para que no queden dudas –por la vieja frase de Vélez Sarsfield sobre “caudales o efectos”– la más reciente Ley 471 de Empleo Público de la Ciudad aclara los tantos todavía más. Según su artículo 11, inciso h, se prohíbe “utilizar personal, bienes o recursos del Gobierno de la Ciudad con fines particulares”. La sanción administrativa es drástica: la cesantía.
No parece ser el destino del director general de Espacios Verdes, que desde el viernes pasado es además encargado de la Dirección General de Arbolado. El paso es curioso por partida doble. Es que Arbolado ganó su autonomía en una reforma del organigrama de este gobierno porteño. Antiguamente era una simple dependencia de Espacios Verdes. Con el nuevo esquema, bajo el subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Eduardo Villar, que responde al ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, están las direcciones de alumbrado, vías peatonales, cementerios, arbolado y espacios verdes. Tal vez los árboles de las calles vuelvan, de facto, a estar incluidos en el área más general que toma todas las plazas, parques y plazoletas urbanas.
La otra curiosidad es que pasaron casi exactamente dos meses desde la fiestita y nada indica que Villar o Santilli estén pensando en sancionar de ninguna manera este caso de uso indebido. Según el Observatorio del Espacio Público, que creó la Asociación Civil Aires Buenos, esto no sería de extrañar. El Observatorio encontró la invitación de Lehmann a su fiesta en Facebook durante una tarea de observación de este tipo de conductas que, según piensan, ya son costumbre de este equipo de gobierno. El Observatorio, que abunda en profesionales que ya trabajaron para el gobierno porteño, también encontró el irónico cartel que el PRO colgó en un local partidario de la calle Borges. El cartel era amarillo, como corresponde, y la ironía es que infringía la ley de publicidad exterior que el mismo oficialismo había impulsado y aprobado en la Legislatura recientemente. Era una marquesina en una zona residencial, algo estrictamente prohibido.
Este uso de la propiedad pública para una fiesta privada es otra muestra de cuánto le cuesta al gobierno porteño cumplir la ley. Según parece, dar fiestas en edificios públicos no es tan grave como construir ferias en veredas públicas, asunto a reprimir con dureza como se hizo en Liniers. Además de la evidente diferencia que se hace entre feriantes de barrio y licenciados en Palermo y Recoleta, se debería hacer otra: los funcionarios podrían dar el ejemplo. Como la mujer de César, deben parecerlo además de serlo.
Derechos difíciles (y humanos)
Oscar Taffetani (APE)
La tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires -publicaron varios medios- aumentó por primera vez en cinco años. En 2009 murieron 45 bebés más que en 2008. Dicho de otra manera: en 2009, la tasa fue del 8,3 por mil, cuando la de 2008 había sido de 7,3.
Para el gobierno municipal, la explicación es que hubo “nuevos asentamientos” y que allí los chicos nacen con “malformaciones congénitas” y están más expuestos que otros a los virus y a las enfermedades (por ejemplo, la enfermedad de no tener cloacas; o la enfermedad de carecer de agua potable).
La oposición señala -con razón- que la responsabilidad por cada niño que muere por causas evitables, en una ciudad, será siempre de aquellos que gobiernan esa ciudad.
Además, como se ha recordado, la comuna con mayor tasa de mortalidad infantil de la ciudad es la 8, correspondiente a Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Allí, en el sur, se mantiene desde hace varios años el índice de 12,8 por cada mil, mientras que en barrios del norte, históricamente favorecidos, está en un 5,2.
De cualquier modo -valga la acotación- ni siquiera los barrios más aventajados de la ciudad más aventajada de la Argentina mejoran los índices de mortalidad infantil de Cuba, pequeño país que en 2008 logró bajarlos hasta el 4,71 por mil (que es el nivel de los países con más alto grado de desarrollo humano).
Las dos ciudades
Por iniciativa de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, el municipio de la ciudad de Buenos Aires aprobó en los ’90 la creación del denominado Paseo de los Derechos Humanos, retazo del enorme Parque Indoamericano planeado para la zona sur de la ciudad, sobre lo que alguna vez fueron basurales y baldíos sin destino.
El Paseo quiere recordar, bajo la forma de bosques de especies autóctonas, a los desaparecidos de la última dictadura. Un espacio semejante, creado para la misma época, es el Paseo de las Malvinas, en donde fueron plantados 649 cipreses (uno por cada uno de los caídos en la guerra austral)
Sin embargo, los citados paseos y el parque mismo sufren una doble maldición: por un lado, se hallan en la zona sur de la ciudad (es decir, el sector más pobre y postergado, donde el gobierno de Macri -hasta ahora- no encuentra la manera de hacer negocios; y por el otro, están consagrados a asuntos que Macri y la mayoría de sus ministros desprecian, como son la memoria de los desaparecidos y la memoria de Malvinas.
A la doble maldición, le corresponde un doble abandono. El Gobierno municipal no aplica en ellos los recursos que tienen asignados. Y vándalos de distinta clase, aprovechando la falta de vigilancia, los depredan por la noche. Así, se van perdiendo las estelas y placas que recuerdan a los soldados de Malvinas, las esculturas que homenajean a los desaparecidos, las columnas de alumbrado y hasta los árboles.
Las plazas y parques del área norte de la ciudad, en cambio, cuentan con toda la vigilancia y atención necesarias. La promesas de campaña de Mauricio Macri sobre la escuela pública, el hospital público, el espacio público, etcétera, fueron sólo eso: promesas de campaña.
Rendición de cuentas
Más allá de las disputas y competencias de la dirigencia política, lo cierto es que los Derechos Humanos con mayúsculas (ésos que proclamó y lanzó al mundo la Revolución Francesa) no se cumplen, ni dentro ni fuera del Parque Indoamericano. Pero tampoco se cumplen los derechos humanos con minúsculas, ésos que son, a nuestro juicio, más importantes. Por eso en Villa Lugano, donde está el parque, la tasa de mortalidad infantil es la mayor de la ciudad.
Tal vez se debería empezar al revés la lucha. Y reclamar a los gobiernos (no sólo al de Macri) que tomen como causa patriótica y de unidad nacional bajar la tasa de mortalidad infantil. Y ya que estamos, dar vivienda digna a los niños vivos (por ejemplo, aplicando las partidas presupuestarias aprobadas, para terminar el conjunto Los Piletones, en uno de los bordes del parque). Y también -por qué no- dar trabajo a los padres de esos niños. Y enseñarles a todos que la educación, la salud, la vivienda y hasta los paseos y los parques, son derechos humanos. Derechos difíciles, y humanos.
El ingeniero Macri tendrá que rendir cuentas, algún día, por esos parques y paseos que deja morir en el sur de la ciudad. Pero antes, deberá rendir cuentas por cada uno de los niños que hoy se malogran y se caen del mapa, y que no llegan a ser vecinos, ni ciudadanos, ni votantes.
Publicado por ARGENPRESS en 17:35:00
La tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires -publicaron varios medios- aumentó por primera vez en cinco años. En 2009 murieron 45 bebés más que en 2008. Dicho de otra manera: en 2009, la tasa fue del 8,3 por mil, cuando la de 2008 había sido de 7,3.
Para el gobierno municipal, la explicación es que hubo “nuevos asentamientos” y que allí los chicos nacen con “malformaciones congénitas” y están más expuestos que otros a los virus y a las enfermedades (por ejemplo, la enfermedad de no tener cloacas; o la enfermedad de carecer de agua potable).
La oposición señala -con razón- que la responsabilidad por cada niño que muere por causas evitables, en una ciudad, será siempre de aquellos que gobiernan esa ciudad.
Además, como se ha recordado, la comuna con mayor tasa de mortalidad infantil de la ciudad es la 8, correspondiente a Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Allí, en el sur, se mantiene desde hace varios años el índice de 12,8 por cada mil, mientras que en barrios del norte, históricamente favorecidos, está en un 5,2.
De cualquier modo -valga la acotación- ni siquiera los barrios más aventajados de la ciudad más aventajada de la Argentina mejoran los índices de mortalidad infantil de Cuba, pequeño país que en 2008 logró bajarlos hasta el 4,71 por mil (que es el nivel de los países con más alto grado de desarrollo humano).
Las dos ciudades
Por iniciativa de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, el municipio de la ciudad de Buenos Aires aprobó en los ’90 la creación del denominado Paseo de los Derechos Humanos, retazo del enorme Parque Indoamericano planeado para la zona sur de la ciudad, sobre lo que alguna vez fueron basurales y baldíos sin destino.
El Paseo quiere recordar, bajo la forma de bosques de especies autóctonas, a los desaparecidos de la última dictadura. Un espacio semejante, creado para la misma época, es el Paseo de las Malvinas, en donde fueron plantados 649 cipreses (uno por cada uno de los caídos en la guerra austral)
Sin embargo, los citados paseos y el parque mismo sufren una doble maldición: por un lado, se hallan en la zona sur de la ciudad (es decir, el sector más pobre y postergado, donde el gobierno de Macri -hasta ahora- no encuentra la manera de hacer negocios; y por el otro, están consagrados a asuntos que Macri y la mayoría de sus ministros desprecian, como son la memoria de los desaparecidos y la memoria de Malvinas.
A la doble maldición, le corresponde un doble abandono. El Gobierno municipal no aplica en ellos los recursos que tienen asignados. Y vándalos de distinta clase, aprovechando la falta de vigilancia, los depredan por la noche. Así, se van perdiendo las estelas y placas que recuerdan a los soldados de Malvinas, las esculturas que homenajean a los desaparecidos, las columnas de alumbrado y hasta los árboles.
Las plazas y parques del área norte de la ciudad, en cambio, cuentan con toda la vigilancia y atención necesarias. La promesas de campaña de Mauricio Macri sobre la escuela pública, el hospital público, el espacio público, etcétera, fueron sólo eso: promesas de campaña.
Rendición de cuentas
Más allá de las disputas y competencias de la dirigencia política, lo cierto es que los Derechos Humanos con mayúsculas (ésos que proclamó y lanzó al mundo la Revolución Francesa) no se cumplen, ni dentro ni fuera del Parque Indoamericano. Pero tampoco se cumplen los derechos humanos con minúsculas, ésos que son, a nuestro juicio, más importantes. Por eso en Villa Lugano, donde está el parque, la tasa de mortalidad infantil es la mayor de la ciudad.
Tal vez se debería empezar al revés la lucha. Y reclamar a los gobiernos (no sólo al de Macri) que tomen como causa patriótica y de unidad nacional bajar la tasa de mortalidad infantil. Y ya que estamos, dar vivienda digna a los niños vivos (por ejemplo, aplicando las partidas presupuestarias aprobadas, para terminar el conjunto Los Piletones, en uno de los bordes del parque). Y también -por qué no- dar trabajo a los padres de esos niños. Y enseñarles a todos que la educación, la salud, la vivienda y hasta los paseos y los parques, son derechos humanos. Derechos difíciles, y humanos.
El ingeniero Macri tendrá que rendir cuentas, algún día, por esos parques y paseos que deja morir en el sur de la ciudad. Pero antes, deberá rendir cuentas por cada uno de los niños que hoy se malogran y se caen del mapa, y que no llegan a ser vecinos, ni ciudadanos, ni votantes.
Publicado por ARGENPRESS en 17:35:00
viernes, 25 de junio de 2010
Ciudad: Kestelboim le trabó a Garavano la utilización de un edificio
En 2003, la Legislatura porteña autorizó la expropiación de un inmueble para la instalación de un centro de salud, pero el Ministerio de Salud porteño cedió tres pisos de la propiedad al Ministerio Público Fiscal que dirige el macrista Germán Garavano. La Defensoría General del kirchnerista Kestelboim trabó el uso mediante un amparo que denunció la violación del "objeto de la expropiación". Un capítulo más de un sordo enfrentamiento que conmueve a la justicia porteña.
No es un secreto -e incluso forma parte del sistema organizativo del Ministerio Público de la Ciudad- que tanto el fiscal general Germán Garavano como el defensor Mario Kestelboim, se juntan -ellos mismos o bien sus asesores- al menos, una vez por semana, pese a que el primero de ellos suele emparantarselo con el macrismo y al defensor con el peronismo kirchnerista.
Lo cierto es que más allá de la relación “respetuosa” entre ambas cabezas del Ministerio Público porteño –cúpula que completa la Asesoría Tutelar, a cargo de Laura Musa-, la Defensoría Nº 3 que responde a Kestelboim salió a trabar judicialemente el uso de un inmueble por parte de Garavano.
La polémica comenzó cuando por medio de la ley 1220 del 27 de noviembre de 2003, la Legislatura porteña autorizó la “expropiación del inmueble e instalaciones ubicado en la calle Medrano Nº 350 y 358”. En ese momento se lo declaró “de utilidad pública” a la propiedad de tres pisos que en un principio estaba en manos de la Asociación Mutualista Evangélica. Se decidió que allí debía instalarse el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 38, en Almagro.
Sin embargo, según denunció la defensoría a cargo de Kestelboim, no se cumplió con el objeto de la licitación que fijaba que el inmueble debía destinarse al “funcionamiento de un efector de salud integrado operativamente a la red prestacional de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según detalla la ley 1220.
Según explicaron fuentes de la Defensoría General –que patrocina al vecino demandante y representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita, Leonardo Chazanowski- a LPO, “el problema es que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Administración de Bienes y el Ministerio Público Fiscal (MPF), celebraron un convenio –el 14 de enero de este año- y le cedieron a la Fiscalía ‘para uso de gestión’ los tres pisos por sobre la planta baja en vista a la falta de espacio de algunas dependencias porteñas, violando el destino primero de la expropiación”.
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Lo cierto es que más allá de la relación “respetuosa” entre ambas cabezas del Ministerio Público porteño –cúpula que completa la Asesoría Tutelar, a cargo de Laura Musa-, la Defensoría Nº 3 que responde a Kestelboim salió a trabar judicialemente el uso de un inmueble por parte de Garavano.
La polémica comenzó cuando por medio de la ley 1220 del 27 de noviembre de 2003, la Legislatura porteña autorizó la “expropiación del inmueble e instalaciones ubicado en la calle Medrano Nº 350 y 358”. En ese momento se lo declaró “de utilidad pública” a la propiedad de tres pisos que en un principio estaba en manos de la Asociación Mutualista Evangélica. Se decidió que allí debía instalarse el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 38, en Almagro.
Sin embargo, según denunció la defensoría a cargo de Kestelboim, no se cumplió con el objeto de la licitación que fijaba que el inmueble debía destinarse al “funcionamiento de un efector de salud integrado operativamente a la red prestacional de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según detalla la ley 1220.
Según explicaron fuentes de la Defensoría General –que patrocina al vecino demandante y representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita, Leonardo Chazanowski- a LPO, “el problema es que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Administración de Bienes y el Ministerio Público Fiscal (MPF), celebraron un convenio –el 14 de enero de este año- y le cedieron a la Fiscalía ‘para uso de gestión’ los tres pisos por sobre la planta baja en vista a la falta de espacio de algunas dependencias porteñas, violando el destino primero de la expropiación”.
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“Pedimos que se cumpla la ley”
“Lo único que pedimos es que se cumpla con la ley 1220”, afirmó el denunciante Chazanowski a LPO. El problema es que el inmueble jamás llegó a ser integrado en su totalidad como CESAC, ya que “los tres pisos cedidos a la Fiscalía funcionaban como un depósito de materiales”, comentaron en la Defensoría, menos drásticos que en la descripción del amparo que refiere a dichos ambientes como “un depósito de escombros y basura”. Esto se suma a que recién en 2006 el Gobierno de la Ciudad puso en funcionamiento el citado CESAC.
“Siendo ese inmueble de la Fiscalía, perdemos la posibilidad de tener un efector de salud. Allí podría funcionar un piso de salud mental, gerontología, hospital de día, ambulatorio, que hoy no tienen lugar porque no hay ni camas, aunque podrían instalarse unas 48”, explicó el representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita, que detalla que hoy, los tres pisos en pugna están sin utilidad.
El conflicto, según Chazanowski, no deja de revelar las prioridades del macrismo. “Priorizaron dar mas lugar al Ministerio Público Fiscal -es decir la rama del Poder Judicial que persigue el delito- a un centro de salud”.
Por otro lado, reconoce que “costó mucho que la Defensoría tomara el caso, pero entendieron que el reclamo era genuino. Hay que darse cuenta que acá se superponen intereses que conviven en el Ministerio Público”. Es que si bien se trata de funciones separadas, tanto Kestelboim como Garavano integran el Ministerio Público porteño.
Para motivar el reclamo, juntaron firmas y recibieron el apoyo de varios miembros de la Legislatura porteña que incluso prepararon un proyecto de declaración.
Denuncia presiones
Por último, Chazanowski deslizó: “Me llegó el rumor de que me están investigando”, haciendo alusión a eventuales “presiones” para que desestime su pretención. “La forma más eficiente de hacer caer el amparo –explicó- es descalificándome”.
La Política Online pudo acceder al amparo y a lo resuelto el 4 de junio último –en cuanto a una medida cautelar, a la que se hace lugar- por el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 11 de la Ciudad, Fernando Lima (ver imagenes asociadas).
Allí, Lima resuelve “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio Público Fiscal que se abstengan de llevar adelante actuación alguna que afecte o ponga en riesgo el actual funcionamiento del CESAC Nº 38 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estas actuaciones”.
La medida reporta un revés para el Ministerio Público Fiscal –que apeló ayer el fallo (ver documentos añadidos)-, ya que aunque todavía no se resolvió el amparo, “cualquier obra o inversión que efectúen en dicho inmueble se halla sujeta a la eventualidad que implica la circunstancia de que el propio título en virtud del cual se podrían hacer tales mejoras se halla sujeto a litigio en razón de su pretendida nulidad”, expone ya sobre el final el juez Lima. El día 30 de junio vence la acción de fondo, por lo que se espera que el litigio tenga definición a fin de mes.
La defensa de la Fiscalía
Contra la cautelar a la que dio luz verde el juez Lima, desde el Ministerio Público Fiscal interpusieron ayer (martes 22 de junio) recurso de apelación (ver documentos añadidos) en 16 fojas, alegando que “el objeto de la medida cautelar dictada carece de vinculación con la realidad, en tanto nunca se llevarán adelante actuaciones que afecten o pongan en riesgo el actual funcionamiento del Centro de Salud y Acción Cooperativa” ya que la cesión de los tres pisos por sobre la planta baja en donde funciona el CESAC, no comprometen al Centro de Salud en cuestión, y argumentan que “no hay convenio que impacte sobre el CESAC 38, no hay derecho vulnerado, no hay acto ilegítimo alguno”.
En off, fuentes del Ministerio Público Fiscal aportaron a LPO que “esta causa es más política que otra cosa. Basta con saber quién es Chazanowski: un militante peronista del barrio de Almagro, que fue deligado sindical de la cooperativa cuando el edificio de Medrano era de la Asociación Mutualista Evangélica. Además, Chazanowski trabaja con la ex diputada kirchnerista Silvia La Ruffa”.
“Si esto fuera todo lo que dicen y en la forma en que lo hacen, ¿Pensás que presentarían en la Legislatura un mero proyecto de declaración? Podrían haber hecho una denuncia penal”, retrucaron ante LPO fuentes de la Fiscalía.
A su vez, otro pilar de la defensa de la gente de Garavano es que “la ley pone un plazo en el que se debe mantener el objeto de la expropiación; ese plazo prescribió”, y agregan: “El lugar está destruido. Acá se preguntan en qué pensaban cuando aceptaron el inmueble. Antes de que lo recibamos, habían arrancado caños y marcos de las puertas”. Tal vez la respuesta esté en la apelación, que considera que utilizando el inmueble cedido, el MPF se ahorraba “del erario público una suma que puede estimarse mensualmente en $ 1.296.000”.
Por otro lado, desde el MPF le bajaron el tono a la confrontación legal con la Defensoría y aseguran que “tenemos cosas más complicadas que éstas con ellos, como la interpretación de normas y temas relativos a la disputa de espacios, porque compartimos edificios. Indudablemente tenemos miradas distintas de muchas cosas”, concluyeron.
Unidas por el Espanto - España y Argentina(Vte. López)
ANÁLISIS: EL ACENTO
Hechos consumados
16/03/2010Desde el golfo de Vizcaya hasta Girona el litoral está envilecido por una cinta de cemento y asfalto sobre la que se han edificado hoteles, urbanizaciones, restaurantes, chiringuitos o cualquier sombrajo que produjera plusvalías en un suelo que, por ley, debería ser intocable. En mayor o menor grado, ese alicatado costero es ilegal. Una inferencia razonable -fundada en que toda ilegalidad tiene culpables, responsables y cómplices-, indica que los culpables serían los constructores que hayan corrompido a concejales para construir a menos de 100 metros de la orilla o en zonas protegidas; los responsables estarían entre las autoridades que por corrupción o negligencia no hubieran evitado el desastre urbanístico; y los cómplices, todos aquellos que permitieron la destrucción del litoral.
Si atribuir a la corrupción urbanística la destrucción de la costa es una idea verificable y verificada, ¿por qué Medio Ambiente ha exigido a TVE que se supriman dos minutos de uno de los capítulos de la serie Las riberas del mar océano, financiada con 1,3 millones de euros del departamento, y que denuncia esa corrupción en Telde, Andratx o Marbella, y ha sugerido que deben derribarse poblados en primera línea de costa como en Chilches y Moncófar? La excusa oficial parece pueril: la ruina costera se debería a malos planes urbanísticos y al exceso de edificabilidad. Pero ¿no son la "mala planificación" y el "exceso de edificabilidad" síntomas de corrupción? Si se responde que no, cítese un caso en el que la "mala" planificación haya reducido la edificabilidad.
La respuesta real es el peso inerte de los hechos consumados. Derribar construcciones ilegales cuesta votos y presiones de Ayuntamientos, autonomías o incluso países implicados. Mejor no agitar el avispero. La cruda realidad es que el Estado carece de poder para imponer la legalidad en las costas. Pero tampoco puede cambiar la percepción ciudadana de que la corrupción es culpable de los delitos costeros. El trémulo reparo de Medio Ambiente es inútil. El Ministerio, que anoche dio marcha atrás en su censora petición, ha caído en cuenta de que, si el documental no llegaba a TVE, se vería en YouTube.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Hechos/consumados
miércoles, 3 de marzo de 2010
Las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires son provocadas
a) alejamiento de la desembocadura de los arroyos (ahora entubados) por efecto de la realización de rellenos costeros.
b) reducción de espacios verdes a través del siglo XX.
c) construcción de estacionamientos subterráneos debajo de espacios verdes públicos (eliminación de absorción).
d) construcción indiscriminada; eliminación del “pulmón de manzana” absorbente.
e) construcción indiscriminada; torres con fundaciones a 40 m de profundidad; endicamiento de la napa freática.
f) elevación del nivel de las calzadas por sucesivas repavimentaciones.
g) barreras físicas entre zonas inundables y terrenos absorbentes; paredones del ferrocarril.
h) construcciones clandestinas sobre terrenos absorbentes: edificios y playas de estacionamiento en el Hipódromo de Palermo.
calle Godoy Cruz convertida en un torrente; paredón y edificaciones en ruinas que la separa de la ex Playa Ferroviaria de Palermo
Buenos Aires se inunda ante cada lluvia copiosa. La ciudad colapsa y miles de vehículos quedan imposibilitados de seguir su camino, cientos quedan flotando, las cámaras transformadoras de corriente eléctrica quedan anuladas, miles de vecinos quedan sin electricidad, hay calles que se convierten en ríos. La ciudad se paraliza.
Los funcionarios dicen que eso se debe a las maldades de la madre naturaleza, a que los vecinos sacan la basura fuera de hora o que los adversarios políticos se dedican a tapar lo sumideros para provocar el caos. Por su parte, algunos de esos adversarios políticos aventuran que el oficialismo no ha hecho todas las inversiones necesarias en infraestructura y que no se ha cumplido con las megaobras proyectadas para acabar con "el flagelo de las inundaciones".
La realidad es que los vecinos y circunstanciales ocupantes de la ciudad somos convidados de piedra ante un escenario preparado para que se produzcan esas inundaciones. Los funcionarios y "los emprendedores" inmobiliarios lo vienen preparando desde hace muchos años; los vecinos, desde entonces, estamos tratando de pararlos.
¿Qué ha sucedido en Bs As en los últimos 50 / 60 años para qué cada vez sean más graves las consecuencias provocadas por una lluvia copiosa?
Sucedió lo siguiente:
a) se prolongó, hasta en casi 1.000 m de su lugar original (caso Arroyo Maldonado), la desembocadura de los cinco arroyos que desaguan sobre el Estuario del Plata. Los arroyos de llanura, como los que atraviesan la Ciudad de Bs As, y que entubados han sido convertidos en pluvioductos, tienen muy poca pendiente y por lo tanto poca velocidad de escurrimiento. Si alegremente se prolonga su desembocadura con rellenos sobre la costa, el escurrimiento de las aguas se retarda sensiblemente (a mayor alejamiento de la costa original, mayor tiempo de desagote de los conductos). La costa de la Ciudad ha sido rellenada históricamente en una superficie que casi llega a los 40 Km cuadrados, con la consecuente prolongación de la desembocadura de los arroyos que comentábamos anteriormente. Este tipo de tareas continúa en la actualidad para ejecutar las obras de ampliación del Aeroparque Jorge Newbery, ejecutadas de facto y fuera de normativa.
La red cloacal está colapsada desde hace más de veinte (20) años y no existen plantas de tratamiento de efluentes; los conductos de desagote pluvial que conducen hacia los arroyos entubados, quienes finalmente desaguan en el estuario, transportan también basura, líquidos cloacales y efluentes industriales no tratados, ocupando una parte significativa de su sección útil. Esto hace que no sólo se reduzca la posibilidad de evacuación rápida de las aguas de lluvia, sino que estos líquidos altamente contaminantes, descarguen "en crudo" en nuestro ya poluído estuario.
b) durante el siglo XX se redujo la cantidad de espacios verdes públicos en más de 50 hectáreas. Esto, además de ser un perjuicio directo a la población porque se le eliminó la posibilidad de su disfrute, se constituyó en una sensible pérdida de superficie absorbente. Al mismo tiempo, “la puesta en valor” de más de cincuenta (50) plazas porteñas entre 2005 y 2007, resultó en una disminución de aproximadamente un 30% de su superficie absorbente debido a la construcción de caminos y veredones de solado rígido que reemplazaron a los antiguos senderos de granza (dislate que también contribuyó a aumentar la temperatura ambiente).
En el transcurso de los años 2008 y 2009 la actual administración siguió impermeabilizando terrenos absorbentes (plazas públicas) en zona inundable, como son los espacios verdes situados a lo largo de Av Sarmiento, desde Plaza Italia hasta Av del Libertador.
c) La ley Nº 469 -aprobada en el año 2000- estableció la construcción de trece (13) playas de estacionamiento subterráneas en diferentes plazas de la ciudad.
Las leyes Nº 3.057 y Nº 3.058 -aprobadas en 2009- establecieron la libre construcción según proyecto del contratista, de playas de estacionamiento subterráneas casi en cualquier lugar de la ciudad: cuarenta y dos (42) ubicaciones, entre ellas, otras quince (15) plazas.
Esto hace un total de veintiocho (28) plazas a impermeabilizar. La mayoría están en la zona norte de la ciudad, la más atestada, la que más se inunda.
Las dos últimas inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires (15 y 19 de febrero de 2010) han puesto en evidencia la gravedad de la situación creada a través de los años por -entre otras causas- esta sistemática eliminación de superficies absorbentes que contribuían anteriormente a contener las lluvias caídas.
d) el auge de la construcción en propiedad horizontal, ya sea entre medianeras o en edificios de perímetro libre (torres), también eliminó la existencia de terrenos privados absorbentes; se impermeabilizó la mayor parte de la entonces superficie absorbente sobre predios privados con nuevas construcciones. Los códigos indicaban la existencia de un "pulmón de manzana absorbente"; esta obligación dejó de existir en las zonas más densamente pobladas y desde hace más de veinte (20) años se permite construir sobre planta baja en cada parcela, perdiendo así el pulmón de manzana, su condición permeable.
e) se construyeron edificios en altura indiscriminadamente en casi toda la ciudad, pero principalmente en las zonas cercanas a la costa (Puerto Madero, microcentro, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez). Las fundaciones de los edificios en altura implican excavaciones de entre 30 y 40 m de profundidad que sobrepasan largamente las dos primeras napas de agua. Es a través de estas napas, que los terrenos aún absorbentes acumulan el agua y la envían al estuario. La red de bases de hormigón construidas constituyen -subterráneamente- un verdadero dique a la evacuación de las aguas de lluvia, retrasando y muchas veces impidiendo el escurrimiento.
f) por obra de sucesivas repavimentaciones, el nivel de las calzadas ha sido elevado ostensiblemente. Las calles de la ciudad estaban empedradas en un nivel por lo menos 20 cm por debajo de la vereda. Las sucesivas pavimentaciones y repavimentaciones sobre el adoquinado original ha invertido esa relación; las calles (salvo las cunetas de hormigón) han quedado más altas que las veredas, facilitando así la inundación inmediata de estas. Esta situación está siendo profundizada aún más en el barrio de Palermo Viejo (donde las inundaciones superan el metro de agua) al estrechar y elevar las bocacalles de muchas esquinas.
g) existen barreras físicas, que separan zonas inundables de terrenos absorbentes. Los largos y continuos paredones que rodean los antiguos predios ferroviarios siguen existiendo, a pesar de que su eliminación haría desaparecer una barrera física entre el agua de las zonas inundadas y un gran sector de superficie absorbente.
h) se permitió desarrollar construcciones clandestinas en uno de los más importantes lugares de absorción de aguas: el Hipódromo Argentino de Palermo. Con motivo de la construcción de más edificios para alojar máquinas tragamonedas, se hizo una ampliación no permitida de 10.000 m2 cubiertos con su correspondiente cochera subterránea. Además, se impermeabilizó un importante sector del centro de la pista con otra playa de estacionamiento asfaltada.
Todo esto es sabido y reconocido por profesionales y técnicos de diversa extracción, pero dirigentes políticos y funcionarios aliados a los “inversores” de siempre, siguen proponiendo megaobras de transporte, almacenamiento y evacuación de aguas de lluvia (como el peligroso proyecto de los túneles aliviadores del Maldonado) que significan gastos extraordinarios -aún con endeudamiento externo- pero sin contemplar la posibilidad de parar de construir, parar de impermeabilizar y proceder a ejecutar proyectos vecinales como son los de generar nuevas tierras absorbentes en los predios del dominio público del Estado Nacional dentro de la ciudad (ferroviarios, militares, ex Mercado de Hacienda, etc., que suman más de 300 hectáreas), construir un lago regulador sobre la ex playa ferroviaria de Palermo y declarar la emergencia urbano ambiental (*).
Arq Osvaldo Guerrica Echevarría
01 marzo 10
* ver proyecto de ley presentado en 2007 por iniciativa de APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (Exp.2395-D-07).
* ver documento queremos buenos aires (07 nov 09)
viernes, 12 de febrero de 2010
El Código que se cae de viejo
La página web del gobierno porteño no actualiza el Código de Planeamiento Urbano desde hace años. Y eso ya está generando “confusiones” que pueden ser muy rentables para algunos y ruinosas para otros.
Por Sergio Kiernan
Uno de los problemas de la vida argentina es que nunca queda en claro dónde termina la estupidez y dónde comienza la mala fe. Los paranoides, firmes creyentes en la causalidad de todo, sienten que no hay funcionario que no dé puntada sin hilo. Ni la experiencia de verlos de cerca, en su estupenda incompetencia, conmueve la fe del paranoide en la corruptela constante y coherente. Y tienen un argumento muy fuerte para taparles la boca a quienes creen que la estupidez es, nomás, la fuerza más poderosa en este Universo: los funcionarios suelen equivocarse para el lado que le resulte más rentable a alguien.
El defensor adjunto de la Ciudad, Gerardo Gómez Coronado, dedicado a temas de calidad de vida e interesadísimo en el patrimonio edificado, acaba de descubrir un caso ejemplar de estupidez sospechosa.
Desde que la ombudsman porteña Alicia Pierini tuvo la estupenda idea de crear esta defensoría adjunta, su organismo se está transformando en una muy útil herramienta para que los vecinos de la Ciudad reclamen y, sobre todo, quiebre el lúgubre secreto que parece cubrir los actos de gobierno del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fueron justamente los vecinos los que le señalaron a Gómez Coronado una aparente torpeza sumamente lucrativa. Resulta que en Acevedo 430, Caballito, hay un edificio en venta. La inmobiliaria lo anuncia como demolible para construir en altura, dentro de la normativa R2aII. Esta sigla incomprensible
es muy conocida en Caballito, barrio que protagonizó una lucha de años contra las torres y logró que se bajaran las alturas de una amplia región. En términos del código lleno de siglas que nos rige, esto significó que esa zona pasó de R2aII a R2bII, lo que significa que no se puede construir más en altura sino apenas modificar un poquito edificios ya existentes.
Esto es urbanismo civilizado, por dos razones. Primero, porque las calles residenciales de, por ejemplo, el área entre Parque Centenario y Rivadavia, no se van a transformar en cañones oscuros como ya es, también por ejemplo, la calle Yerbal a esas alturas. Y segundo, porque al poderse agregar apenas un piso parcial y retirado, ya no es rentable el prostibulario negocio de demoler el patrimonio para reemplazarlo por un edificio de ínfima calidad, pero grandote. Esto es, mejor vida y mejores edificios.
Gómez Coronado se interesó en este extraño sapo de la inmobiliaria en cuestión, que seguía vendiendo como si no existiera la rezonificación. Lo curioso es que el cambio fue sancionado como ley 2722 en mayo de 2008, hace casi dos años, y fue publicado en el Boletín Oficial en julio de ese año. La explicación es formidable: el cambio no figura en la página web del gobierno porteño, que consultan propios y ajenos para saber dónde están parados. Esta página web tiene entre otras muchas cosas una versión digital del Código de Planeamiento Urbano de nuestra Ciudad. En su versión de papel, este Código –que no es tal sino apenas una ley gorda– consiste en dos grandes volúmenes, últimamente encuadernados como carpetas. El primero y mayor resume las leyes que rigen la construcción y destrucción de nuestro tejido urbano. El segundo son las famosas “planchetas”, un atlas de Buenos Aires repleto de colores y siglas que algún día hará las delicias de los arqueólogos.
Estas planchetas son una colección de mapas muy detallados de la Ciudad, que permite ver qué se puede hacer en cada rincón y lote. Quien sepa leer los colores y las siglas sabrá con precisión hasta dónde se puede llegar. Como se entenderá, estos tomazos no son exactamente baratos.
Tampoco se editan en cantidades masivas, porque resulta mucho más barato y práctico poner a disposición del público el Código para que sea consultado cuando hace falta. Este tipo de acceso es casi la razón de ser de Internet y no extraña que el Código y sus planchetas estén disponibles en la página del gobierno porteño.
Lo que se encontró Gómez Coronado es que, según la página oficial, nunca se cambió la zonificación de esta parte de Caballito y esto genera una situación potencialmente grave. Es que la inmobiliaria le puede mostrar al interesado la plancheta por Internet, mostrando que efectivamente Acevedo 430 puede ser demolido y reemplazado por algo feo y grandote. Pero la ley rige y fue debidamente publicada en el Boletín Oficial, con lo que Acevedo 430 no puede ser reemplazado por algo mayor, aunque sí puede ser demolido. Es fácil imaginar los juicios cruzados si alguien es tan zonzo de comprar sin consultar el Boletín Oficial: el comprador contra la inmobiliaria, la inmobiliaria contra el gobierno porteño, y combinaciones varias, de acuerdo con la picardía de los abogados.
El defensor adjunto acaba de girar su actuación 118, señalando este problema y subrayando que, “por lo general, los vecinos desconocen la existencia” del Boletín Oficial. Y se podría agregar, luego de haber buscado alguna información específica en esa publicación, que hasta los que saben que existe lo consideran una pesadilla. Por todo esto, Gómez Coronado solicita al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, que haga actualizar rápidamente la página web, incluyendo las muchas leyes que lo modificaron en estos años.
Y son años: el Código no se reimprime desde 2007.
Pagina 12
Por Sergio Kiernan
Uno de los problemas de la vida argentina es que nunca queda en claro dónde termina la estupidez y dónde comienza la mala fe. Los paranoides, firmes creyentes en la causalidad de todo, sienten que no hay funcionario que no dé puntada sin hilo. Ni la experiencia de verlos de cerca, en su estupenda incompetencia, conmueve la fe del paranoide en la corruptela constante y coherente. Y tienen un argumento muy fuerte para taparles la boca a quienes creen que la estupidez es, nomás, la fuerza más poderosa en este Universo: los funcionarios suelen equivocarse para el lado que le resulte más rentable a alguien.
El defensor adjunto de la Ciudad, Gerardo Gómez Coronado, dedicado a temas de calidad de vida e interesadísimo en el patrimonio edificado, acaba de descubrir un caso ejemplar de estupidez sospechosa.
Desde que la ombudsman porteña Alicia Pierini tuvo la estupenda idea de crear esta defensoría adjunta, su organismo se está transformando en una muy útil herramienta para que los vecinos de la Ciudad reclamen y, sobre todo, quiebre el lúgubre secreto que parece cubrir los actos de gobierno del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fueron justamente los vecinos los que le señalaron a Gómez Coronado una aparente torpeza sumamente lucrativa. Resulta que en Acevedo 430, Caballito, hay un edificio en venta. La inmobiliaria lo anuncia como demolible para construir en altura, dentro de la normativa R2aII. Esta sigla incomprensible
es muy conocida en Caballito, barrio que protagonizó una lucha de años contra las torres y logró que se bajaran las alturas de una amplia región. En términos del código lleno de siglas que nos rige, esto significó que esa zona pasó de R2aII a R2bII, lo que significa que no se puede construir más en altura sino apenas modificar un poquito edificios ya existentes.
Esto es urbanismo civilizado, por dos razones. Primero, porque las calles residenciales de, por ejemplo, el área entre Parque Centenario y Rivadavia, no se van a transformar en cañones oscuros como ya es, también por ejemplo, la calle Yerbal a esas alturas. Y segundo, porque al poderse agregar apenas un piso parcial y retirado, ya no es rentable el prostibulario negocio de demoler el patrimonio para reemplazarlo por un edificio de ínfima calidad, pero grandote. Esto es, mejor vida y mejores edificios.
Gómez Coronado se interesó en este extraño sapo de la inmobiliaria en cuestión, que seguía vendiendo como si no existiera la rezonificación. Lo curioso es que el cambio fue sancionado como ley 2722 en mayo de 2008, hace casi dos años, y fue publicado en el Boletín Oficial en julio de ese año. La explicación es formidable: el cambio no figura en la página web del gobierno porteño, que consultan propios y ajenos para saber dónde están parados. Esta página web tiene entre otras muchas cosas una versión digital del Código de Planeamiento Urbano de nuestra Ciudad. En su versión de papel, este Código –que no es tal sino apenas una ley gorda– consiste en dos grandes volúmenes, últimamente encuadernados como carpetas. El primero y mayor resume las leyes que rigen la construcción y destrucción de nuestro tejido urbano. El segundo son las famosas “planchetas”, un atlas de Buenos Aires repleto de colores y siglas que algún día hará las delicias de los arqueólogos.
Estas planchetas son una colección de mapas muy detallados de la Ciudad, que permite ver qué se puede hacer en cada rincón y lote. Quien sepa leer los colores y las siglas sabrá con precisión hasta dónde se puede llegar. Como se entenderá, estos tomazos no son exactamente baratos.
Tampoco se editan en cantidades masivas, porque resulta mucho más barato y práctico poner a disposición del público el Código para que sea consultado cuando hace falta. Este tipo de acceso es casi la razón de ser de Internet y no extraña que el Código y sus planchetas estén disponibles en la página del gobierno porteño.
Lo que se encontró Gómez Coronado es que, según la página oficial, nunca se cambió la zonificación de esta parte de Caballito y esto genera una situación potencialmente grave. Es que la inmobiliaria le puede mostrar al interesado la plancheta por Internet, mostrando que efectivamente Acevedo 430 puede ser demolido y reemplazado por algo feo y grandote. Pero la ley rige y fue debidamente publicada en el Boletín Oficial, con lo que Acevedo 430 no puede ser reemplazado por algo mayor, aunque sí puede ser demolido. Es fácil imaginar los juicios cruzados si alguien es tan zonzo de comprar sin consultar el Boletín Oficial: el comprador contra la inmobiliaria, la inmobiliaria contra el gobierno porteño, y combinaciones varias, de acuerdo con la picardía de los abogados.
El defensor adjunto acaba de girar su actuación 118, señalando este problema y subrayando que, “por lo general, los vecinos desconocen la existencia” del Boletín Oficial. Y se podría agregar, luego de haber buscado alguna información específica en esa publicación, que hasta los que saben que existe lo consideran una pesadilla. Por todo esto, Gómez Coronado solicita al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, que haga actualizar rápidamente la página web, incluyendo las muchas leyes que lo modificaron en estos años.
Y son años: el Código no se reimprime desde 2007.
Pagina 12
sábado, 30 de enero de 2010
Vecinos al rescate del patrimonio
En la Ciudad de Buenos Aires / La obra de más de 44 organizaciones barriales
Movilizados para proteger edificios y monumentos, frenan demoliciones y logran cambios en la legislación
Diana Salinas Plaza
LA NACION
Una llamada, un correo electrónico, un mensaje en Facebook, un recurso de amparo. Sea por el medio que fuere, cada vez son más los vecinos porteños quienes alertan cuando algún patrimonio arquitectónico está en riesgo. Y logran salvarlo.
Se movilizan para lograr su objetivo: salvar edificios, monumentos, plazas y conjuntos barriales de alto valor histórico. Tanto es así que, en 2009, lograron que se abriera una Defensoría adjunta que recibe sus denuncias; que se sancionara una ley que modifica procedimientos legales para demoler edificios; que se frenaran demoliciones, y hasta que el gobierno porteño diera marcha atrás en los trabajos que hacía sobre algunos monumentos.
Estas iniciativas individuales muchas veces terminan dando forma a asociaciones más grandes. Ya hay más de 44 organizaciones en una red que funciona bajo el nombre de Queremos Buenos Aires.
Trabajo hormiga "¿Vieron que están vendiendo «el Castillito»? En el cartel, sólo explican las bondades del terreno como para construir", advirtió Andrea López, una vecina de Floresta. Fue ella quien observó el cartel de "Se vende" en "el Castillito", una espectacular casona que queda a la vuelta de su casa, en Dolores 438.
"Ana nos comentó. Llamamos a la inmobiliaria haciéndonos pasar por compradores interesados. Ahí nos confirmaron que una vez adquirido el inmueble se podía hacer cualquier cosa, incluso demolerlo", comentó Gabriel de Bela, uno de los vecinos que, junto con la asociación Salvar Floresta, inició el trabajo hormiga. Según contaron a LA NACION, consultaron en el Ministerio de Planeamiento Urbano si el inmueble tenía algún tipo de protección que evitara, por sus características arquitectónicas, ser demolido. Ante la negativa, iniciaron la movida para lograrlo. Esto incluyó recolección de firmas, reuniones, consultas a expertos, solicitudes de la protección necesaria, que se llama "catalogación", y diálogos constantes con la inmobiliaria, que generosamente aceptó la inquietud vecinal: cambiaron el aviso y expusieron las características de la propiedad, advirtiendo que se trataba de una casona en proceso de catalogación.
Otro caso es el de las escalinatas del cementerio de la Recoleta. Un vecino del barrio, integrante de la organización Basta de Demoler, paseaba un domingo por la zona y observó que parte de las escalinatas de la entrada de honor habían sido destruidas.
A través de denuncias a la Defensoría del Pueblo y correos electrónicos de protesta a arquitectos y vecinos, se detuvo la obra del gobierno de la ciudad que estaba construyendo allí rampas. Según argumentaron los vecinos, se podían construir en otros accesos, sin tener que demoler el valiosísimo mármol de Carrara de las escalinatas, construidas por Juan Antonio Buschiazzo en 1881.
En la mayoría de los casos, los vecinos acuden a la Defensoría del Pueblo. Pero cuando la demolición es inminente, presentan recursos de amparo y a veces ellos mismos inician el proceso de catalogación, que implica un prolongado trabajo.
"En Buenos Aires, la protección patrimonial pasó de ser un asunto profesional a una militancia de miles de vecinos", dijo Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto encargado de proteger la preservación arquitectónica, cargo inaugurado en mayo de 2009.
"Este cambio en la mirada de la protección trajo aparejado que se hayan logrado salvar innumerables edificaciones que corrían riesgo ante el mercado inmobiliario. En total, recibimos mensualmente un promedio de 15 a 20 denuncias de los vecinos. Y entre julio y diciembre, recibimos 100 consultas", detalló Gómez Coronado. "La participación vecinal hizo que en cada cuadra tuviéramos «inspectores», lo que trajo de la mano una especie de control."
"Todos los que estamos en defensa del patrimonio lo hacemos por pura vocación. Sentimos pasión por el lugar donde vivimos", expresó Patricia Barral, una de las vecinas de San Telmo que lideró la preservación de los adoquines en la calle Defensa, cuando una obra pública del gobierno de la ciudad intentó transformar el diseño de la histórica calle.
Producto de la acción vecinal, en 2009 se logró la protección de la casa del Virrey Liniers; la preservación del adoquinado de la calle Defensa, entre Independencia y Chile, en San Telmo; la preservación del conjunto barrial de Barracas; la conservación del estilo de la plaza Colombia.
La movida generalmente termina en la conformación de agrupaciones que ad honórem se dedican a recibir y gestionar los pedidos individuales o barriales. Así nació Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito, Palermo Despierta, la Asociación Amigos del Lago de Palermo y Salvar a Floresta, entre otros.
Respuesta en la Legislatura porteña Uno de los triunfos de la movilización vecinal fue, el año pasado, la sanción de la ley 3056, que amplió una norma vigente y determinó que todo edificio construido antes de 1940, en toda la ciudad de Buenos Aires, debe ser evaluado en sus características arquitectónicas y patrimoniales si se quiere demoler. Antes, eso sólo ocurría con los edificios ubicados en las áreas de protección histórica, en las que los inmuebles no pueden ser modificados. Pero en el resto de la ciudad, las viviendas de valor eran constantes víctimas del mercado inmobiliario. Los trámites de catalogación podían demorar hasta tres años.
Vecinos al rescate del patrimonio
Movilizados para proteger edificios y monumentos, frenan demoliciones y logran cambios en la legislación
Diana Salinas Plaza
LA NACION
Una llamada, un correo electrónico, un mensaje en Facebook, un recurso de amparo. Sea por el medio que fuere, cada vez son más los vecinos porteños quienes alertan cuando algún patrimonio arquitectónico está en riesgo. Y logran salvarlo.
Se movilizan para lograr su objetivo: salvar edificios, monumentos, plazas y conjuntos barriales de alto valor histórico. Tanto es así que, en 2009, lograron que se abriera una Defensoría adjunta que recibe sus denuncias; que se sancionara una ley que modifica procedimientos legales para demoler edificios; que se frenaran demoliciones, y hasta que el gobierno porteño diera marcha atrás en los trabajos que hacía sobre algunos monumentos.
Estas iniciativas individuales muchas veces terminan dando forma a asociaciones más grandes. Ya hay más de 44 organizaciones en una red que funciona bajo el nombre de Queremos Buenos Aires.
Trabajo hormiga "¿Vieron que están vendiendo «el Castillito»? En el cartel, sólo explican las bondades del terreno como para construir", advirtió Andrea López, una vecina de Floresta. Fue ella quien observó el cartel de "Se vende" en "el Castillito", una espectacular casona que queda a la vuelta de su casa, en Dolores 438.
"Ana nos comentó. Llamamos a la inmobiliaria haciéndonos pasar por compradores interesados. Ahí nos confirmaron que una vez adquirido el inmueble se podía hacer cualquier cosa, incluso demolerlo", comentó Gabriel de Bela, uno de los vecinos que, junto con la asociación Salvar Floresta, inició el trabajo hormiga. Según contaron a LA NACION, consultaron en el Ministerio de Planeamiento Urbano si el inmueble tenía algún tipo de protección que evitara, por sus características arquitectónicas, ser demolido. Ante la negativa, iniciaron la movida para lograrlo. Esto incluyó recolección de firmas, reuniones, consultas a expertos, solicitudes de la protección necesaria, que se llama "catalogación", y diálogos constantes con la inmobiliaria, que generosamente aceptó la inquietud vecinal: cambiaron el aviso y expusieron las características de la propiedad, advirtiendo que se trataba de una casona en proceso de catalogación.
Otro caso es el de las escalinatas del cementerio de la Recoleta. Un vecino del barrio, integrante de la organización Basta de Demoler, paseaba un domingo por la zona y observó que parte de las escalinatas de la entrada de honor habían sido destruidas.
A través de denuncias a la Defensoría del Pueblo y correos electrónicos de protesta a arquitectos y vecinos, se detuvo la obra del gobierno de la ciudad que estaba construyendo allí rampas. Según argumentaron los vecinos, se podían construir en otros accesos, sin tener que demoler el valiosísimo mármol de Carrara de las escalinatas, construidas por Juan Antonio Buschiazzo en 1881.
En la mayoría de los casos, los vecinos acuden a la Defensoría del Pueblo. Pero cuando la demolición es inminente, presentan recursos de amparo y a veces ellos mismos inician el proceso de catalogación, que implica un prolongado trabajo.
"En Buenos Aires, la protección patrimonial pasó de ser un asunto profesional a una militancia de miles de vecinos", dijo Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto encargado de proteger la preservación arquitectónica, cargo inaugurado en mayo de 2009.
"Este cambio en la mirada de la protección trajo aparejado que se hayan logrado salvar innumerables edificaciones que corrían riesgo ante el mercado inmobiliario. En total, recibimos mensualmente un promedio de 15 a 20 denuncias de los vecinos. Y entre julio y diciembre, recibimos 100 consultas", detalló Gómez Coronado. "La participación vecinal hizo que en cada cuadra tuviéramos «inspectores», lo que trajo de la mano una especie de control."
"Todos los que estamos en defensa del patrimonio lo hacemos por pura vocación. Sentimos pasión por el lugar donde vivimos", expresó Patricia Barral, una de las vecinas de San Telmo que lideró la preservación de los adoquines en la calle Defensa, cuando una obra pública del gobierno de la ciudad intentó transformar el diseño de la histórica calle.
Producto de la acción vecinal, en 2009 se logró la protección de la casa del Virrey Liniers; la preservación del adoquinado de la calle Defensa, entre Independencia y Chile, en San Telmo; la preservación del conjunto barrial de Barracas; la conservación del estilo de la plaza Colombia.
La movida generalmente termina en la conformación de agrupaciones que ad honórem se dedican a recibir y gestionar los pedidos individuales o barriales. Así nació Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito, Palermo Despierta, la Asociación Amigos del Lago de Palermo y Salvar a Floresta, entre otros.
Respuesta en la Legislatura porteña Uno de los triunfos de la movilización vecinal fue, el año pasado, la sanción de la ley 3056, que amplió una norma vigente y determinó que todo edificio construido antes de 1940, en toda la ciudad de Buenos Aires, debe ser evaluado en sus características arquitectónicas y patrimoniales si se quiere demoler. Antes, eso sólo ocurría con los edificios ubicados en las áreas de protección histórica, en las que los inmuebles no pueden ser modificados. Pero en el resto de la ciudad, las viviendas de valor eran constantes víctimas del mercado inmobiliario. Los trámites de catalogación podían demorar hasta tres años.
jueves, 21 de enero de 2010
Buenos Aires, la ciudad que recalienta
Los expertos lo adjudican al fenómeno “isla de calor”, provocado por la escasa planificación urbana. Advierten que la ciudad se “tropicalizó” por la descontrolada construcción de edificios. El asfalto de las calles tiene cinco grados más que el de las zonas rurales.
Claudio Mardones
19.01.2010
Al horno. Donde antes había espacios abiertos, ahora hay edificios. Eso tiene consecuencias en el clima porteño. Aun para los que aman el sol.
Si la ciudad de Buenos Aires no regula y controla el incremento de sus edificaciones, su futuro será muy parecido al de un horno ardiente durante cada verano y por el resto de su existencia. La conclusión es compartida por la mayoría de expertos en clima que consultó la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño para definir el primer plan de acción de la ciudad frente al cambio climático para 2030.
El documento fue presentado hace menos de un mes en la ciudad dinamarquesa de Copenhague, última sede global sobre el calentamiento de la tierra. Allí, el jefe de Gobierno Mauricio Macri entregó un texto que advierte que la versión porteña del efecto “isla de calor”, que azota a todas las grandes moles de cemento del mundo, genera temperaturas dentro de los barrios porteños que superan en 3,5 grados a sus alrededores, es decir, una temperatura diaria mucho más alta que la que se experimenta fuera de la avenida General Paz.
En el caso del asfalto, las mediciones superan en cinco grados la media anual de las zonas rurales, como si las calles y avenidas porteñas fueran un superconductor de calor que recorre toda la Capital y que concentra temperaturas cada vez más insoportables para los porteños.
Los dos datos que pasaron inadvertidos para la prensa, configuran, para expertos y funcionarios, el anticipo de lo que vendrá, es decir, una ciudad cada vez más caliente por no haber desarrollado a tiempo estrategias y mecanismos para enfrentar el viejo fenómeno descubierto en 1958 por el climatólogo inglés Gordon Manley, quien acuñó la expresión “isla de calor urbana” luego de relacionar la reducción de las nevadas, dentro de las ciudades inglesas, con el aumento de sus temperaturas internas. Los termómetros de la posguerra mostraron una tendencia que ha empeorado con el correr de los años: en verano las grandes ciudades encierran mucho calor y demoran días en liberarlo.
Medio siglo después, el modelo de isla de calor ya es un ejemplo ineludible sobre el funcionamiento del calentamiento climático en todo el planeta. El fenómeno está determinado por grandes cambios en el paisaje urbano. Donde antes había vegetación y espacios abiertos, ahora hay miles de edificios, calles e infraestructura urbana, tres elementos que cambiaron la tierra permeable de antaño por el asfalto y el cemento, dos hiperconductores de calor.
En el caso porteño, la isla de calor tiene un ciclo bien definido y ya no abarca a una sola zona, sino que se extiende a sus 203 kilómetros cuadrados. “Si no fuera por las brisas de la tarde que vienen del Río de La Plata, la ciudad estaría mucho más caliente”, analiza Osvaldo Canziani, doctor en Meteorología, investigador del Conicet y copresidente del grupo II del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007.
Para este vecino porteño, la isla de calor ha cambiado y su temperatura aumentó. “En los 80 habíamos detectado que la isla térmica estaba en el barrio de Devoto, pero ahora todo ha cambiado”, advierte el experto. “En esos momentos, cambió la distribución inmobiliaria y desde entonces descubrimos que Buenos Aires se tropicalizó, es decir que tiene temperaturas mucho más elevadas y lluvias mucho más fuertes que en el pasado. De hecho, gracias a los edificios, la ciudad no sólo tiene más temperatura, sino que registra más lluvias que las que tiene La Plata y sólo por los edificios”, reveló.
Raúl Estrada Oyuela descubrió lo mismo. Como presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente y diplomático especializado en negociaciones ambientales descubrió, junto a un equipo de arquitectos, que las paredes porteñas duplican la capacidad de concentrar calor que cualquier ladrillo refractario, preparado para evitar el calor.
Para Canziani, semejante mole de cemento promete más calor en el futuro y en cada verano. “Todavía no ha superado los 42,3º que registró en 1956, pero el fenómeno se agudizará en los próximos años gracias a la proliferación de edificios. De hecho, el otoño y la primavera no son más que dos extensiones del verano porteño”. Por lo pronto, las estrategias para evitar semejante proceso son un rosario de buenas intenciones.
¿Edificios con techos verdes?
Para los porteños que no se fueron de vacaciones, la isla de calor se trata de un duro calvario horneado por miles de edificios, por los 29 millones de metros cuadrados de asfalto que tienen sus avenidas y por un complejo sistema de transporte motorizado y subterráneo que multiplica el calor sin pausa.
Para la Agencia de Protección Ambiental porteña, es vital cambiar los tipos de construcción. En ese sentido la comuna analiza duplicar el arbolado, promover cubiertas verdes en edificios, experimentar techos y asfaltos fríos y reformar los códigos de Edificación y de Planeamiento Ambiental. El primero data de 1947 y el otro fue redactado en 1977.
Martes 19 de enero
Año I | Edición Nº681
Critica Digital
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