martes, 28 de septiembre de 2010
martes, 14 de septiembre de 2010
BARRIOS SI TORRES NO
Basta de edificios
Queremos que cumplan con la ley 2722
El miércoles 15 nos reunimos nuevamente en Pujol 1150
a las 19hs para denunciar el intento de levantar
un edificio de 10 pisos que viola la ley por la
que tanto luchamos.
Vecino, tu presencia es importante
SOS Caballito
soscaballito@gmail.com
lunes, 6 de septiembre de 2010
EL BARRIO CAMBIA
Barrio de tango, luna y misterio
calles lejanas ¡como estarán!
Viejos amigos que hoy ni recuerdo
¡que se habran hecho, donde andarán!
Barrio de tango, luna y misterio
calles lejanas ¡como estarán!
Viejos amigos que hoy ni recuerdo
¡que se habran hecho, donde andarán!
El barrio cambia, claro que si. Pero el asunto es para donde cambia y quien lo hace cambiar.
El ciudadano de Buenos Aires es muy voluble. Necesita hechos muy contundentes para reconocerse parte de la comunidad. Hechos como las asambleas del 2001 o el bicentenario, donde se sumergió en la marea humana que significó el festejo. Y el habitante de Caballito sufre lo mismo.
Pero cuando nos tocan aquello que nos importa, salimos a la calle, luchamos. Los vecinos, que luego se agruparian en movimientos vecinales como SOS Caballito, y otros, salieron en su momento a defender sus casas de uno o dos pisos, evitando la instalación de torres que quitaran el sol , el aire, el gas y la electricidad. Salieron junto a otros vecinos luego, a evitar la costrucción de un shopping de 150.000 m2 que en la calle Avellaneda ahogara al barrio, asi como hoy alumnos, docentes y padres luchan por defender la educación pública, ocupando escuelas como el Nacional 17 o el Normal 4.
Y fue por la lucha de vecinos de toda la capital que en 2005 se aprobó la ley 1777 que divide la ciudad den 15 cumunas, uniendo algunos barrios en una única comuna y y dejando otros, los más grandes, solos en una comuna. Caballito es un barrio y a su vez una comuna. La seis.
La descentralización de la ciudad permitirá que los vecinos puedan ejercer un mayor control sobre los gastos en los barrios y sobre la resolución de problemas que los afecten directamente. Las comunas tendrán dos órganos de gobierno: la junta communal, compuesta por siete miembros y electa cada cuatro años, cuya primera elección está fijada para el 05/06/11 y el consejo consultivo formado por vecinos y asociaciones, con asiento en el barrio.. Este último será una verdadera asamblea barrial, ya que está abiero a cualquier ciudadano.
Ninguno de los gobiernos de la ciudad tuvo verdadero interés en descentralizar la ciudad, ya que esto les podría significar cierta pérdida de poder en manos de las comunas, cuyos componentes podrían resulrar de un color político distinto al jefe de gobierno. Mucho menos al gobierno macrista, cuya caracteríatica más importante en la verticalidad y la centralización que llevó al desabastecimiento hospitalario, a la desatención de la educación pública (hoy hay cerca de diez colegios ocupados por alumnos y padres) y a la represión para solucionar los problemas de la gente en situación de calle. En Caballito lo vivimos, entre otras cosas, con la salvaje represión a la Huerta Orgazmica, en Rojas y G.Bruno.
Hoy el gobierno macrista a través de los directores de los CGP, convocó a los “Pre Consejos consultivos” con el objetivo de desarmar los consejos y asambleas barriales que ya están funcionando, por iniciativa vecinal y tratar de llevar a via muerta el proceso de formación de las comunas.
En Caballito se han planteado por diversos vecinos múltiples iniciativas que involuchan al barrio. Algunas son:
- Concretar el corredor verde sobre el Ferrocarril Sarmiento, al menos desde Medrano hasta Hidalgo, para lograr espacios verdes y no los basurales que hay hoy. (Coordinando con vecinos de otros barrios).
- Cocretar el llamdo parque del Bicentenario, en los terrenos que van desde el puente Cacho Sacardi hasta Donato Alvarez, logrando asi un amplio lugar de esparcimiento y recreación para vecinos y sobre todo niños.
- Cambiar el nombre al Parque Rivadavia, como Parque Lezica, que fue su nombre original
- Crear la casa “Juanito Laguna” en el terreno que usó A.Berni como atelier, lindero al supermercado Disco sobre Rivadavia.
- Quitar el nombre del represor Ramón Falcón a la calle respectiva (junto a vecinos de otros barrios).
- Crear un CESAC (Centro de Salud de la Ciudad) sobre Yerbal, entre Rojas y Colpayo, donde hoy hay terrenos que pertenecen al Estado sin un uso adecuado.
Esto pasa en Caballito. Pasa y es bueno que participemos, es bueno que los vecinos no dejemos en manos de “los que saben” nuestro presente y el futuro de nuestros hijos.
AL
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Debate televisivo sobre los edificios
Esta es la entrevista que le fuera realizada a Fabiana Martinez, arquitecta de la agrupacion vecinos Agrupados de Caballito en el canal 24. No se la pierdan.
domingo, 22 de agosto de 2010
S.O.S Y EL DERRUMBE EN VILLA URQUIZA
Hace pocos años con las “torres caníbales” reclamábamos por la pérdida de sol, aire, y espacios verdes. Hoy estamos en la calle reclamando por muertos.
La respuesta oficial siempre fue la misma, fuegos artificiales desde los medios hasta la próxima “casualidad”, como afirmó Macri sin sonrojarse al principio.
El derrumbe de Villa Urquiza pone en evidencia una vez más, la connivencia entre el poder político y el poder económico sustentada en una burocracia que resulta imprescindible para que el círculo se cierre.
Funcionarios de teflón con cara de acero inoxidable y voluntades fácilmente “lubricables” para garantizar la impunidad de la especulación inmobiliaria, ocultando hipócritamente la causa principal de tantos siniestros: hacer plata rápida y fácil.
Declaraciones altisonantes ponen luego la culpa en otro de menor rango, que tampoco será sancionado si se trata de un profesional, porque esa medida es potestad de los colegios a los cuales pertenecen los matriculados. Y las imputaciones judiciales tampoco prosperarán, porque es ilegal violar la libertad de trabajo.
Si todo ocurre “dentro de la ley” con los”controles adecuados” como afirma el gobierno porteño; ¿por qué son tan ineficaces?
Todos los funcionarios de la administración de Gobierno están al servicio de la especulación inmobiliaria y de las grandes constructoras. Contra la destrucción del patrimonio urbano y la falta de planificación ¿qué voces autorizadas y responsables se han hecho oir?. El silencio cómplice de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; de la Sociedad Central de Arquitectos y del Consejo Profesional de Arquitectura , sorprende en este estado de emergencia ambiental que vive la ciudad. Personajes clave en lugares clave como parte de una asociación ¿lícita? al servicio de los negocios inmobiliarios
Años de sucesivos siniestros y nunca a ninguno de los nombrados se lo escuchó alzar la voz indignado, intentando crear una herramienta que liquide la impunidad que reina en la ciudad. Se comportan como funcionarios felices aprobando permisos de obra con una velocidad insolente, al servicio del terrorismo urbano.
¿Cuál es la solución?
Control profesional y participación vecinal, esa es la solución.
Un comité integrado por una DGFYCO (Dirección General de Fiscalización y Control de Obras) “demolida y reconstruida” con personal idóneo elegido por concurso, no por acomodo y sin funciones de “caja”, ya fuese personal, política o gremial.
Y Comunas funcionando como fija la ley 1777; facilitando la participación de los vecinos en los controles ¿quién se atrevería a afirmar con seriedad que habría el mismo descontrol ? Los vecinos tendríamos la garantía de un rigor en la aprobación y seguimiento de las obras, tal como el que sólo ponen los que son conscientes de que la pérdida de un hijo no se repone con ningún dinero.
La inseguridad por obras mal autorizadas y mal ejecutadas tampoco se resuelve con más inspectores. Se resuelve con voluntad política, aplicando leyes y normas que ya existen y que deliberadamente son postergadas, como es la ley de comunas, el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, todas discutibles y mejorables, pero inútiles cuando sus responsables no las aplican.
Respeto a la vida es respeto a las leyes que contemplan el derecho que tenemos los vecinos a elegir y decidir sobre el barrio y la ciudad en que queremos vivir.
Rodolfo Enrique Diringuer
SOS CABALLITO
15-64493734
14-08-2010
El agente de la desregulación interesada
La tragedia de la calle Mendoza es producto del sistema montado por Macri para los especuladores inmobiliarios.
Por Sergio Kiernan
Las tres muertes del martes en el derrumbe del gimnasio en la calle Mendoza son apenas el extremo trágico de un sistema muy bien montado en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño mantiene activamente ciertas garantías para la especulación inmobiliaria: falta de inspectores, multas bajísimas, impunidad para los pisos de más y una fiaca llamativa en hacer cumplir la ley. A esto se le suma un verdadero combate por parte del Ejecutivo de todo intento real de legislar la protección de áreas históricas, limitar las alturas constructivas y cuidar el patrimonio edificado.
Inspectores fantasma
Hace muchos años que Buenos Aires perdió la capacidad de inspeccionar nada. El macrismo en el poder ofreció garantías al sector más especulativo de la construcción, el de las grandes firmas desarrolladoras, de que habría un vacío de hecho en eso de hacer cumplir la ley. Con una coherencia notable, el gobierno porteño lleva dos años y medio creando un buen ambiente para las torres, resistiendo todo avance legal que limite alturas y cambie zonificaciones. Y cuando no puede evitar una ley o reglamentación lograda por los vecinos, la solución es simple: las obras clandestinas, los pisos de más, las demoliciones fulminantes de fin de semana, no serán detectadas. Cuando el papelón sea público e inevitable, la multa será ínfima, ya que los valores no se indexan desde hace años y Mauricio Macri ni piensa elevarlos.
Al frente de este mecanismo está un arquitecto cuya carrera es un gris de ausencia hasta el día en que juró como ministro de Desarrollo Urbano del flamante gobierno PRO, en diciembre de 2007. Daniel Chain es un incondicional de Macri: difícilmente tres muertos bastarán para desbancarlo. Al contrario que otros funcionarios cuya idoneidad el gobierno descubre ahora que no era suficiente, Chain es exactamente lo que se pensó al nombrarlo. Su tarea es evitar todo límite a la construcción especulativa, y eso lo hace muy bien.
En los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron con permiso de obra –nadie sabe cuánto se hizo sin esos permisos– cuatro millones y medio de metros cuadrados de obra nueva. Estos edificios a estrenar y ampliaciones de otros existentes raramente son inspeccionados, y cuando lo son aparece una rara tendencia pública de aceptar hechos consumados. Por ejemplo, en el caso de la tragedia del gimnasio de la calle Mendoza, la misma Uocra había denunciado a mediados de junio que se estaba demoliendo un supermercado sin apuntalar las medianeras, medida básica de seguridad. La inspección tardó tanto que, cuando llegó, había un prolijo baldío cercado. Los profesionales no detectaron “ninguna anomalía” porque los trabajos habían terminado, y por tanto se fueron. Fin del tema.
Por supuesto que no fue el macrismo el que inventó al inspector blando, o la misma falta de inspectores, o las leyes enrevesadas que impiden cualquier límite legal. Pero también es cierto que llevaron el arte de ignorar el problema a un nivel superior. Ante los tres muertos que causó su política, el ministro Chain dijo que “se necesitarían doce mil inspectores” para controlar todo, lo que equivale al número de arquitectos registrados en la ciudad. Chain se rió de la misma idea y la consideró un “mamarracho”.
El sofisma es de los favoritos del ministro, al que le gusta decir que no se puede poner un inspector en cada esquina. Lo que no dice Chain, pero sabe, es que los problemas son otros:
- Las multas son tan bajas, que resultan un costo más, en caso de ser descubiertos, y ni se comparan con lo que se ahorra al quebrar la ley.
- Pese a que se subieron y mucho los derechos de construcción, y hasta se inventó un impuesto a la demolición, no se hizo la inversión de crear un cuerpo de inspección en serio. El sistema está largamente colapsado.
- No existe una legislación que castigue administrativamente a los infractores. Lo que el gobierno porteño puede hacer equivale a una nalgadita y de las suaves.
Impunidades
Basten dos ejemplos para ilustrar el tema. En abril de 2008, un “empresario” pidió permiso para destruir una casa histórica en la esquina de Bolívar e Independencia. El pedido asombró hasta al más gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit, el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área de protección histórica. Y, cuarto elemento, el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento ramplón, un uso que está prohibido directamente por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona.
El “empresario” no se asustó e insistió con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento. A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su truco final. Un llamado telefónico avisó a la Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada. Los guardias acudieron y comprobaron que no existía peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando como corresponde una copia de la actuación. Con el papel en la mano, el especulador corrió al scanner y se inventó un bonito permiso de obra trucho, que colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora destruyó la casa de apuro. Para la mañana del viernes se llevaban los últimos escombros.
El tema fue un escándalo y los funcionarios por una vez en la vida se sintieron personalmente burlados, con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del terreno le avisaron que nunca le darían licencia para un estacionamiento y que sólo podría construir dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio. Al arquitecto que había recomendado la destrucción del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad, lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de patrimonio marca un castigo simple, de metros cuadrados de menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente recuperó ante un juez su matrícula –por la libertad de trabajo– y la empresa de demoliciones ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios de los abogados.
Un ejemplo más reciente permite apreciar que la situación no varió. En julio comenzó la demolición del viejo asilo de hombres de San Vicente de Paul, en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Aldo Sessa y Nicolás García Uriburu, vecinos del lugar, denunciaron el hecho y se cansaron de esperar alguna acción. Finalmente recurrieron a la Defensoría del Pueblo porteño y el Defensor Adjunto Gerardo Gómez Coronado se comunicó por escrito y por teléfono con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que, como indica su nombre, se dedica a estas cosas. En la Dgfyco le dijeron que inspeccionarían el lugar.
Tardaron casi dos semanas en aparecer por Sánchez de Bustamante y cuando lo hicieron, un miércoles por la tarde de este agosto frío, se encontraron con un portero que no los dejó entrar. ¿Qué hicieron los representantes de la ley? Se fueron, alegando que al no poder entrar no podían comprobar que hubiera una demolición. Curiosamente, los escombros y los muros ausentes podían verse claramente por las ventanas del edificio, en la que ya se demolió hasta la capilla.
Organizaciones de vecinos como Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito y la Proto Comuna Caballito, por mencionar algunas, tienen verdaderas colecciones de denuncias desatendidas, ignoradas o que resultaron en nada. Las organizaciones de Caballito convocaron a un encuentro vecinal por los desprendimientos en una obra en la calle Riglos al 300. Según los vecinos, llamaron hace más de una semana a la Dgfyco y la respuesta fue que “antes de un mes pasamos”.
Como sabe cualquiera, los automovilistas no respetan los semáforos en rojo no porque piensan que hay un policía en cada esquina, sino porque piensan que podría haber uno justo en la esquina donde están, y porque saben que las multas son caras. Los vecinos ya aprendieron que la falta de autocontrol de las constructoras se debe a que saben que sus semáforos rojos no están nunca controlados, y las multas son monedas.
Terrenos ocupados
La segunda garantía que ofrece Macri y administra Chain es frenar esta novedad tan desagradable, la movilización de los vecinos por el patrimonio. Para la especulación inmobiliaria, cada lote ocupado por una pieza patrimonial es un desperdicio, ya que todos los edificios antiguos tienen una cosa en común: son más chicos que las torres que se construyen hoy. En léxico profesional, estos pobres edificios tienen que ser condenados a la destrucción por no llegar a la “carga máxima” que la ley permita.
Justo al asumir Macri, en diciembre de 2007, esta tensión hizo crisis y la solución fue un parche. Se tomó el dibujo del Paisaje Cultural porteño que la Ciudad había propuesto a la Unesco y se sancionó la Ley 2548, creando por un año un mecanismo especial para los edificios construidos antes de 1941. Quien pidiera demoler una de esas piezas tenía que pasar por un trámite especial, la revisión por una entidad casi desconocida llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
El Caap tenía una vida tranquila hasta esta ley propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, ya que su única tarea era asesorar cada tanto al ministro de Desarrollo Urbano. Con sus nuevos deberes, comenzó a reunirse una vez por semana y decidir si los trámites se aceptaban –el edificio en cuestión se demolía– o si tenían el suficiente valor para ser girados a la Legislatura, para ser catalogados.
El ministro Daniel Chain y el también arquitecto Héctor Lostri, su secretario de Planeamiento, pronto percibieron el poder que la ley inesperadamente les daba. Si se pedía la demolición de un edificio valioso, éste podía –tal vez, quizá– ser protegido por la Legislatura, como recomendaría el Caap. Pero si el Consejo descartaba el trámite, el edificio se demolía y listo, sin más trámite. Era una orden final, una sentencia de destrucción inmediata. Y un regalo del cielo para los especuladores apurados.
Para cuando el mecanismo legal se extendió a toda la ciudad, en diciembre de 2008 y como Ley 3056, Chain no sólo no se opuso sino que hasta fue el que pidió que durara por dos años y no por uno. El ministro había encontrado la herramienta para sacarse de encima a los patrimonialistas de una vez: que el Consejo tratara los edificios que entraban por ventanilla, como marcaba la ley, y también los del “entorno”. No importaba que la ley ni mencionara otra cosa que los casos que entraran por pedido de particulares.
Así se inventó una máquina de permitir demoliciones a paso rápido, que en lo que va del año rechaza siete trámites por cada uno que acepta girar a la Legislatura (algún día, porque los trámites no se envían “por falta de personal”). El Caap depende administrativamente de Lostri, es presidido por una burócrata incondicional, Susana Mesquida, y logró paralizar hasta a las representantes del Ministerio de Cultura, que se supone votarían por algo menos mercenario pero hasta proponen demoliciones propias. El nivel de preciosismo de los consejeros puede ser bizantino: una ventana cambiada condena instantáneamente a un edificio como “descaracterizado”. La pena para el pecado es su rentable destrucción.
En un momento de los debates de cada martes, en el Consejo se escuchó la verdadera razón de tanto rigoreo con las pobres casas viejas. No era una cuestión de teorías o adhesión a Le Corbusier: a menos que fuera una pieza muy especial, siempre había que tener en cuenta el “potencial” del lote según la zonificación. La prioridad, para esta gente, son los metros cuadrados que se pueden construir a nuevo sobre el patrimonio porteño.
Otro servicio a la demolición fue matar de raíz el sistema de protección al patrimonio. La Ley 1227 ordena que el Ministerio de Cultura redacte y proponga a la Legislatura una reforma del Código de Planeamiento –máxima instancia legal en cuanto a la construcción– creando un régimen específico para los edificios antiguos y catalogados. Tres gobiernos porteños ignoraron la orden y, sorpresa, fue el actual el que finalmente la cumplió. La secretaria de Patrimonio, Josefina Delgado, logró que su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le firmara un proyecto notable por su rigor, con multas caras, inhabilitaciones y hasta la obligación de reconstruir la historia destruida, todo a ser controlado por un cuerpo de inspectores de patrimonio dependiente de Cultura.
Chain tronó. En una breve nota, rechazó el proyecto, que fue cajoneado rápidamente y olvidado. Delgado se dedicó a otra cosa –congresos de literatura, principalmente– y así se evitó que existieran castigos reales aunque sea para las constructoras que demuelan la historia porteña.
Como se dijo más arriba, el único castigo real a una demolición clandestina surge en los casos de edificios catalogados –protegidos como históricos– y por la ley de patrimonio. Pero la muy abrumadora mayoría de las estructuras porteñas ni son históricas ni están catalogadas, con lo que las demoliciones preventivas son el recurso favorito para evitar la ley. Por ejemplo, en la nueva zona comercial que surgió descontroladamente alrededor de Nazca y Avellaneda abunda el recurso de destrozar casas de época con demoliciones parciales e ilegales. Como esas casas son anteriores a 1941 y caen en el régimen especial, llegan a consideración del Caap ya sin techos, o sin ventanas, y los preciosistas del Consejo aceptan que las terminen de demoler. Si existiera el régimen de castigos que Chain mató en la raíz, esas demoliciones serían castigadas hasta con la reconstrucción de lo destruido. El costo de ese castigo sería ejemplar y seguramente detendría el vandalismo. Como están las cosas, nadie se molesta siquiera en denunciar los ilícitos.
Y de eso se trata todo el sistema montado por Chain, bajo órdenes superiores.
Por Sergio Kiernan
Las tres muertes del martes en el derrumbe del gimnasio en la calle Mendoza son apenas el extremo trágico de un sistema muy bien montado en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño mantiene activamente ciertas garantías para la especulación inmobiliaria: falta de inspectores, multas bajísimas, impunidad para los pisos de más y una fiaca llamativa en hacer cumplir la ley. A esto se le suma un verdadero combate por parte del Ejecutivo de todo intento real de legislar la protección de áreas históricas, limitar las alturas constructivas y cuidar el patrimonio edificado.
Inspectores fantasma
Hace muchos años que Buenos Aires perdió la capacidad de inspeccionar nada. El macrismo en el poder ofreció garantías al sector más especulativo de la construcción, el de las grandes firmas desarrolladoras, de que habría un vacío de hecho en eso de hacer cumplir la ley. Con una coherencia notable, el gobierno porteño lleva dos años y medio creando un buen ambiente para las torres, resistiendo todo avance legal que limite alturas y cambie zonificaciones. Y cuando no puede evitar una ley o reglamentación lograda por los vecinos, la solución es simple: las obras clandestinas, los pisos de más, las demoliciones fulminantes de fin de semana, no serán detectadas. Cuando el papelón sea público e inevitable, la multa será ínfima, ya que los valores no se indexan desde hace años y Mauricio Macri ni piensa elevarlos.
Al frente de este mecanismo está un arquitecto cuya carrera es un gris de ausencia hasta el día en que juró como ministro de Desarrollo Urbano del flamante gobierno PRO, en diciembre de 2007. Daniel Chain es un incondicional de Macri: difícilmente tres muertos bastarán para desbancarlo. Al contrario que otros funcionarios cuya idoneidad el gobierno descubre ahora que no era suficiente, Chain es exactamente lo que se pensó al nombrarlo. Su tarea es evitar todo límite a la construcción especulativa, y eso lo hace muy bien.
En los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron con permiso de obra –nadie sabe cuánto se hizo sin esos permisos– cuatro millones y medio de metros cuadrados de obra nueva. Estos edificios a estrenar y ampliaciones de otros existentes raramente son inspeccionados, y cuando lo son aparece una rara tendencia pública de aceptar hechos consumados. Por ejemplo, en el caso de la tragedia del gimnasio de la calle Mendoza, la misma Uocra había denunciado a mediados de junio que se estaba demoliendo un supermercado sin apuntalar las medianeras, medida básica de seguridad. La inspección tardó tanto que, cuando llegó, había un prolijo baldío cercado. Los profesionales no detectaron “ninguna anomalía” porque los trabajos habían terminado, y por tanto se fueron. Fin del tema.
Por supuesto que no fue el macrismo el que inventó al inspector blando, o la misma falta de inspectores, o las leyes enrevesadas que impiden cualquier límite legal. Pero también es cierto que llevaron el arte de ignorar el problema a un nivel superior. Ante los tres muertos que causó su política, el ministro Chain dijo que “se necesitarían doce mil inspectores” para controlar todo, lo que equivale al número de arquitectos registrados en la ciudad. Chain se rió de la misma idea y la consideró un “mamarracho”.
El sofisma es de los favoritos del ministro, al que le gusta decir que no se puede poner un inspector en cada esquina. Lo que no dice Chain, pero sabe, es que los problemas son otros:
- Las multas son tan bajas, que resultan un costo más, en caso de ser descubiertos, y ni se comparan con lo que se ahorra al quebrar la ley.
- Pese a que se subieron y mucho los derechos de construcción, y hasta se inventó un impuesto a la demolición, no se hizo la inversión de crear un cuerpo de inspección en serio. El sistema está largamente colapsado.
- No existe una legislación que castigue administrativamente a los infractores. Lo que el gobierno porteño puede hacer equivale a una nalgadita y de las suaves.
Impunidades
Basten dos ejemplos para ilustrar el tema. En abril de 2008, un “empresario” pidió permiso para destruir una casa histórica en la esquina de Bolívar e Independencia. El pedido asombró hasta al más gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit, el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área de protección histórica. Y, cuarto elemento, el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento ramplón, un uso que está prohibido directamente por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona.
El “empresario” no se asustó e insistió con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento. A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su truco final. Un llamado telefónico avisó a la Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada. Los guardias acudieron y comprobaron que no existía peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando como corresponde una copia de la actuación. Con el papel en la mano, el especulador corrió al scanner y se inventó un bonito permiso de obra trucho, que colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora destruyó la casa de apuro. Para la mañana del viernes se llevaban los últimos escombros.
El tema fue un escándalo y los funcionarios por una vez en la vida se sintieron personalmente burlados, con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del terreno le avisaron que nunca le darían licencia para un estacionamiento y que sólo podría construir dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio. Al arquitecto que había recomendado la destrucción del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad, lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de patrimonio marca un castigo simple, de metros cuadrados de menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente recuperó ante un juez su matrícula –por la libertad de trabajo– y la empresa de demoliciones ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios de los abogados.
Un ejemplo más reciente permite apreciar que la situación no varió. En julio comenzó la demolición del viejo asilo de hombres de San Vicente de Paul, en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Aldo Sessa y Nicolás García Uriburu, vecinos del lugar, denunciaron el hecho y se cansaron de esperar alguna acción. Finalmente recurrieron a la Defensoría del Pueblo porteño y el Defensor Adjunto Gerardo Gómez Coronado se comunicó por escrito y por teléfono con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que, como indica su nombre, se dedica a estas cosas. En la Dgfyco le dijeron que inspeccionarían el lugar.
Tardaron casi dos semanas en aparecer por Sánchez de Bustamante y cuando lo hicieron, un miércoles por la tarde de este agosto frío, se encontraron con un portero que no los dejó entrar. ¿Qué hicieron los representantes de la ley? Se fueron, alegando que al no poder entrar no podían comprobar que hubiera una demolición. Curiosamente, los escombros y los muros ausentes podían verse claramente por las ventanas del edificio, en la que ya se demolió hasta la capilla.
Organizaciones de vecinos como Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito y la Proto Comuna Caballito, por mencionar algunas, tienen verdaderas colecciones de denuncias desatendidas, ignoradas o que resultaron en nada. Las organizaciones de Caballito convocaron a un encuentro vecinal por los desprendimientos en una obra en la calle Riglos al 300. Según los vecinos, llamaron hace más de una semana a la Dgfyco y la respuesta fue que “antes de un mes pasamos”.
Como sabe cualquiera, los automovilistas no respetan los semáforos en rojo no porque piensan que hay un policía en cada esquina, sino porque piensan que podría haber uno justo en la esquina donde están, y porque saben que las multas son caras. Los vecinos ya aprendieron que la falta de autocontrol de las constructoras se debe a que saben que sus semáforos rojos no están nunca controlados, y las multas son monedas.
Terrenos ocupados
La segunda garantía que ofrece Macri y administra Chain es frenar esta novedad tan desagradable, la movilización de los vecinos por el patrimonio. Para la especulación inmobiliaria, cada lote ocupado por una pieza patrimonial es un desperdicio, ya que todos los edificios antiguos tienen una cosa en común: son más chicos que las torres que se construyen hoy. En léxico profesional, estos pobres edificios tienen que ser condenados a la destrucción por no llegar a la “carga máxima” que la ley permita.
Justo al asumir Macri, en diciembre de 2007, esta tensión hizo crisis y la solución fue un parche. Se tomó el dibujo del Paisaje Cultural porteño que la Ciudad había propuesto a la Unesco y se sancionó la Ley 2548, creando por un año un mecanismo especial para los edificios construidos antes de 1941. Quien pidiera demoler una de esas piezas tenía que pasar por un trámite especial, la revisión por una entidad casi desconocida llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
El Caap tenía una vida tranquila hasta esta ley propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, ya que su única tarea era asesorar cada tanto al ministro de Desarrollo Urbano. Con sus nuevos deberes, comenzó a reunirse una vez por semana y decidir si los trámites se aceptaban –el edificio en cuestión se demolía– o si tenían el suficiente valor para ser girados a la Legislatura, para ser catalogados.
El ministro Daniel Chain y el también arquitecto Héctor Lostri, su secretario de Planeamiento, pronto percibieron el poder que la ley inesperadamente les daba. Si se pedía la demolición de un edificio valioso, éste podía –tal vez, quizá– ser protegido por la Legislatura, como recomendaría el Caap. Pero si el Consejo descartaba el trámite, el edificio se demolía y listo, sin más trámite. Era una orden final, una sentencia de destrucción inmediata. Y un regalo del cielo para los especuladores apurados.
Para cuando el mecanismo legal se extendió a toda la ciudad, en diciembre de 2008 y como Ley 3056, Chain no sólo no se opuso sino que hasta fue el que pidió que durara por dos años y no por uno. El ministro había encontrado la herramienta para sacarse de encima a los patrimonialistas de una vez: que el Consejo tratara los edificios que entraban por ventanilla, como marcaba la ley, y también los del “entorno”. No importaba que la ley ni mencionara otra cosa que los casos que entraran por pedido de particulares.
Así se inventó una máquina de permitir demoliciones a paso rápido, que en lo que va del año rechaza siete trámites por cada uno que acepta girar a la Legislatura (algún día, porque los trámites no se envían “por falta de personal”). El Caap depende administrativamente de Lostri, es presidido por una burócrata incondicional, Susana Mesquida, y logró paralizar hasta a las representantes del Ministerio de Cultura, que se supone votarían por algo menos mercenario pero hasta proponen demoliciones propias. El nivel de preciosismo de los consejeros puede ser bizantino: una ventana cambiada condena instantáneamente a un edificio como “descaracterizado”. La pena para el pecado es su rentable destrucción.
En un momento de los debates de cada martes, en el Consejo se escuchó la verdadera razón de tanto rigoreo con las pobres casas viejas. No era una cuestión de teorías o adhesión a Le Corbusier: a menos que fuera una pieza muy especial, siempre había que tener en cuenta el “potencial” del lote según la zonificación. La prioridad, para esta gente, son los metros cuadrados que se pueden construir a nuevo sobre el patrimonio porteño.
Otro servicio a la demolición fue matar de raíz el sistema de protección al patrimonio. La Ley 1227 ordena que el Ministerio de Cultura redacte y proponga a la Legislatura una reforma del Código de Planeamiento –máxima instancia legal en cuanto a la construcción– creando un régimen específico para los edificios antiguos y catalogados. Tres gobiernos porteños ignoraron la orden y, sorpresa, fue el actual el que finalmente la cumplió. La secretaria de Patrimonio, Josefina Delgado, logró que su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le firmara un proyecto notable por su rigor, con multas caras, inhabilitaciones y hasta la obligación de reconstruir la historia destruida, todo a ser controlado por un cuerpo de inspectores de patrimonio dependiente de Cultura.
Chain tronó. En una breve nota, rechazó el proyecto, que fue cajoneado rápidamente y olvidado. Delgado se dedicó a otra cosa –congresos de literatura, principalmente– y así se evitó que existieran castigos reales aunque sea para las constructoras que demuelan la historia porteña.
Como se dijo más arriba, el único castigo real a una demolición clandestina surge en los casos de edificios catalogados –protegidos como históricos– y por la ley de patrimonio. Pero la muy abrumadora mayoría de las estructuras porteñas ni son históricas ni están catalogadas, con lo que las demoliciones preventivas son el recurso favorito para evitar la ley. Por ejemplo, en la nueva zona comercial que surgió descontroladamente alrededor de Nazca y Avellaneda abunda el recurso de destrozar casas de época con demoliciones parciales e ilegales. Como esas casas son anteriores a 1941 y caen en el régimen especial, llegan a consideración del Caap ya sin techos, o sin ventanas, y los preciosistas del Consejo aceptan que las terminen de demoler. Si existiera el régimen de castigos que Chain mató en la raíz, esas demoliciones serían castigadas hasta con la reconstrucción de lo destruido. El costo de ese castigo sería ejemplar y seguramente detendría el vandalismo. Como están las cosas, nadie se molesta siquiera en denunciar los ilícitos.
Y de eso se trata todo el sistema montado por Chain, bajo órdenes superiores.
Declaracion sobre la pasada convocatoria sobre un posible derrumbe en caballito
PELIGRO DE DERRUMBE EN CABALLITO VIERNES 13 AGOSTO RIGLOS AL 300 A LAS 19 HORAS ENCUENTRO VECINAL CONTRA UN FUTURO DERRUMBE Invitamos a vecinos y organizaciones a acompañarnos Invitan: Proto Comuna Caballito y SOS Caballito Informes: Gustavo Desplats por Proto Comuna Caballito 15-3833-8491 Rodolfo Diringuer por SOS Caballito 15-6449-3734 Ya hace 8 días los vecinos de Riglos y de San Irineo al 300 realizaron las denuncias por demolición ilegal de dos lotes ante el Gobierno de la Ciudad. Les contestaron que antes de un mes pasaban. Así responde la Ciudad a las denuncias vecinales. De esta forma son defendidos nuestros derechos. Se produjeron caídas de escombros, roturas de cables y mamposterías. Los vecinos sienten vibraciones en su propiedad. No vamos a permitir un nuevo derrumbe en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la complacencia de Macri y sus socios. No queremos mas daños. No queremos más muertes. El arquitecto es Carlos Cucciola estaba a cargo de la obra de Pumacahua 177 ( http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=905445 ) cuando se cayó una losa e hirió a un obrero, el 3 de mayo de 2007. Días después el mismo arquitecto y otras personas agredieron a golpes de puño a los vecinos denunciantes. Y nada pasó. Tenemos contabilizados 32 derrumbes importantes de junio de 2006 a junio de 2010. Centenares de denuncias vecinales en los últimos tres años nos muestran que lo ocurrido en Villa Urquiza no fue un hecho aislado. Sino una práctica reiterada que muestra la forma de trabajar de un modelo constructivo que busca maximizar la rentabilidad sin reparar en las consecuencias aunque se trate de vidas humanas. Todo esto demuestra la incompetencia e ineficacia de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) del Gobierno de la Ciudad , a cargo de Jose Angel Baez. Un organismo al servicio de la corporación inmobiliaria que debiera rehacerse cubriendo nuevamente los cargos por concurso. ¿Cómo es posible que la Agencia Gubernamental de Control, de la que depende esta dirección, estuviera dirigida por Raúl Ríos ex encargado de los quinchos de Boca Juniors? Hoy es público que más del 60% de las demoliciones de la Ciudad son ilegales. (como lo fue en Urquiza, como es en Caballito). Nadie las controla. Se hacen sin ninguna de las garantías requeridas por seguridad en la ley. Y no las realizan empresas demoledoras (que están obligadas a un registro y cumplen con las normas). Tampoco tienen cartel de demolición. Las denuncias vecinales son inútiles porque la DGFYCO es un organismo de gobierno al servicio del negocio inmobiliario como lo puso en evidencia C.Q.C con la cámara oculta a Sergio Trovato cobrando coimas para autorizar una obra. De esta manera, entre otras cosas, las leyes patrimoniales son burladas sistemáticamente por los depredadores y sus cómplices en los organismos de gobierno riéndose de la voluntad de buena parte de la Legislatura. El Jefe de Gobierno Ing. Macri tiene una deuda a saldar con los habitantes de esta ciudad. No es haciendo un circo mediatico pos facto, casi sacando piedras con sus manos, como debe actuar un estadista. La actuación del gobierno debe ser antes del hecho, previniendo, controlando. Justo lo que no hace. Los constructores inescrupulosos ponen en riesgo la vida y los bienes de los vecinos de la Ciudad, con un modelo constructivo donde sólo interesa el incremento de las utilidades sin importar la vida humana. ¿Ese es el Plan Urbano Estratégico sobre el que se “planifica” la ciudad? ¿Cuántas tragedias más deberán ocurrir para que se implementen otros controles y los vecinos seamos escuchados decidiendo sobre la ciudad y el barrio donde queremos vivir?. Una ciudad como Buenos Aires, una megalópolis, no puede estar controlada por un organismo semejante al actual. En su reemplazo deberia crearse un nuevo cuerpo que actúe bajo la supervisión de un Comité integrado por profesionales, representantes de ONG barriales y funcionarios públicos. Con las Comunas funcionando estos controles se podrían haber implementado hace años y hoy no estaríamos lamentándonos por hechos irreparables. Pero las Comunas siguen siendo un temas postergado sin un interés serio del gobierno por implementarlo .La transparencia en la gestión y un procedimiento claro que le facilite al ciudadano el acceso al expediente Toda la información referida al trámite de habilitaciones y permisos de obras podría brindarse sin dificultad desde un sitio web de la Ciudad, cosa que no se realiza en la actualidad.. La construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento adecuado y control eficiente es una bomba de tiempo que comenzó a explotar. No podemos esperar el agravamiento de la situación. Se deben tomar medidas urgentes. Sin sobreactuaciones para las cámaras. Les solicitamos no traer banderas ni pancartas político partidarias- Les rogamos no incluir reclamos ajenos a nuestras problemáticas. |
SOBRE EL DERRUMBE EN VILLA URQUIZA
Rocio Sanchez Andia
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
"EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DEL CONTROL DE LAS OBRAS, CUANDO PROMUEVE EL DESARROLLO INMOBILIARIO"
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Rocío Sánchez Andía, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura se refirió al derrumbe sucedido ayer en el barrio de Villa Urquiza. La legisladora de la Coalición Cívica manifestó "es una situación muy triste, ojalá que puedan encontrar con vida a la persona que se siguen buscando".
Ante este suceso Sánchez Andía asevero " la construcción en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido significativamente y ha habido por parte de la Legislatura y de los propios vecinos alertas concretos respecto del control y fiscalización"
La diputada el pasado 28 a de abril presentó un pedido de informes que fue aprobado por la Legislatura el pasado 22 de julio donde solicitó que se informe sobre la totalidad de las denuncias recibidas por organismos del Poder Ejecutivo en los últimos 2 años, en las que se hayan advertido riesgos edilicios propios de demoliciones y obras en inmuebles privados, ya sea que hayan sido autorizadas o no por las autoridades competentes. Así como que informe las acciones llevadas adelante por el Gobierno de la Ciudad, especificando si se han realizado intimaciones, clausuras y si se han aplicado sanciones y solicitando los resultados de las mismos.
En los considerandos la diputada advertía " cada vez más los habitantes de la Ciudad se acercan exponiendo situaciones de suma gravedad en relación a demoliciones o construcciones linderas a sus hogares. En la mayoría de dichos casos surgen serias dudas respecto de la posible existencia de irregularidades en el proceso de tramitación de los permisos de demolición y obra, así como por parte del ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad"
Por último Sánchez Andía aseguró "el Estado no puede desentenderse en absoluto del control de obras más cuando promueve el desarrollo inmobiliario, por lo tanto es preciso conocer cuales han sido las acciones especificas de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro y Dirección General de Fiscalización y Control de Obra".
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
"EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DEL CONTROL DE LAS OBRAS, CUANDO PROMUEVE EL DESARROLLO INMOBILIARIO"
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Rocío Sánchez Andía, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura se refirió al derrumbe sucedido ayer en el barrio de Villa Urquiza. La legisladora de la Coalición Cívica manifestó "es una situación muy triste, ojalá que puedan encontrar con vida a la persona que se siguen buscando".
Ante este suceso Sánchez Andía asevero " la construcción en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido significativamente y ha habido por parte de la Legislatura y de los propios vecinos alertas concretos respecto del control y fiscalización"
La diputada el pasado 28 a de abril presentó un pedido de informes que fue aprobado por la Legislatura el pasado 22 de julio donde solicitó que se informe sobre la totalidad de las denuncias recibidas por organismos del Poder Ejecutivo en los últimos 2 años, en las que se hayan advertido riesgos edilicios propios de demoliciones y obras en inmuebles privados, ya sea que hayan sido autorizadas o no por las autoridades competentes. Así como que informe las acciones llevadas adelante por el Gobierno de la Ciudad, especificando si se han realizado intimaciones, clausuras y si se han aplicado sanciones y solicitando los resultados de las mismos.
En los considerandos la diputada advertía " cada vez más los habitantes de la Ciudad se acercan exponiendo situaciones de suma gravedad en relación a demoliciones o construcciones linderas a sus hogares. En la mayoría de dichos casos surgen serias dudas respecto de la posible existencia de irregularidades en el proceso de tramitación de los permisos de demolición y obra, así como por parte del ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad"
Por último Sánchez Andía aseguró "el Estado no puede desentenderse en absoluto del control de obras más cuando promueve el desarrollo inmobiliario, por lo tanto es preciso conocer cuales han sido las acciones especificas de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro y Dirección General de Fiscalización y Control de Obra".
Padre Serrat - Poesia
Padre
decidme qué
le han hecho al río
que ya no canta.Resbala
...como un barbo
muerto bajo un palmo
de espuma blanca. Padre
que el río ya no es el río.
Padre
antes de que llegue el verano
esconded todo lo que esté vivo.Padre
decidme qué
le han hecho al bosque
que ya no hay árboles.
En invierno
no tendremos fuego
ni en verano sitio
donde resguardarnos.Padre
que el bosque ya no es el bosque.
Padre
antes de que oscurezca
llenad de vida la despensa.Sin leña y sin peces, padre
tendremos que quemar la barca,
labrar el trigo entre las ruinas, padre,
y cerrar con tres cerrojos la casa
y decía usted...Padre
si no hay pinos
no habrá piñones,
ni gusanos, ni pájaros.Padre
donde no hay flores
no se dan las abejas,
ni la cera, ni la miel.Padre
que el campo ya no es el campo.
Padre
mañana del cielo lloverá sangre.
El viento lo canta llorando.Padre
ya están aquí...
Monstruos de carne
con gusanos de hierro.Padre
no, no tengáis miedo,
y decid que no,
que yo os espero.Padre
que están matando la tierra.
Padre
dejad de llorar
que nos han declarado la guerra. Serrat
decidme qué
le han hecho al río
que ya no canta.
...como un barbo
muerto bajo un palmo
de espuma blanca. Padre
que el río ya no es el río.
antes de que llegue el verano
esconded todo lo que esté vivo.Padre
decidme qué
le han hecho al bosque
que ya no hay árboles.
En invierno
no tendremos fuego
ni en verano sitio
donde resguardarnos.Padre
que el bosque ya no es el bosque.
antes de que oscurezca
llenad de vida la despensa.Sin leña y sin peces, padre
tendremos que quemar la barca,
labrar el trigo entre las ruinas, padre,
y cerrar con tres cerrojos la casa
y decía usted...Padre
si no hay pinos
no habrá piñones,
ni gusanos, ni pájaros.Padre
donde no hay flores
no se dan las abejas,
ni la cera, ni la miel.Padre
que el campo ya no es el campo.
mañana del cielo lloverá sangre.
El viento lo canta llorando.Padre
ya están aquí...
Monstruos de carne
con gusanos de hierro.Padre
no, no tengáis miedo,
y decid que no,
que yo os espero.Padre
que están matando la tierra.
dejad de llorar
que nos han declarado la guerra.
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