El Gobierno busca recuperar 100 terrenos por $14.000 millones cedidos a la ciudad
Los predios fueron entregados durante los últimos meses del gobierno de Macri a cambio de obras realizadas por la Nación; es otro paso en la disputa
· LA NACION
· 4 Oct 2020
· Santiago Dapelo
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El Gobierno está decidido a recuperar lo que considera que fue un exceso de transferencias de recursos a la ciudad de Buenos Aires durante la administración de Mauricio Macri. En ese listado incluye unas 100 parcelas e inmuebles por un valor de 14.000 millones de pesos.
El foco está puesto en las cesiones que se realizaron en el último trimestre de 2019, es decir, después del triunfo electoral de Alberto Fernández. Son 34 escrituras que se firmaron entre noviembre y diciembre últimos, que comprendieron los convenios del Paseo del Bajo y los viaductos Mitre y San Martín, uno por playas ferroviarias y la cárcel de Caseros, entre otros.
Desde el gobierno porteño rechazaron que se haya tratado de una transferencia irregular. "Fue una herramienta de pago con la que la Nación abonó obras de su responsabilidad que realizó el gobierno de la ciudad", dijo a Diego Santilli. Incluso, el vicejefe de gobierno fue un paso más adelante: "Si no están de acuerdo con esa herramienta, les devolvemos los inmuebles contra el pago de aquellas obras".
El Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, espera el informe que está terminando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para dar el golpe. Pero la decisión política es forzar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a devolver los terrenos y los inmuebles.
Así, el gobierno nacional suma presión sobre la Ciudad tras la quita de 1,18% de la coparticipación y la advertencia de que la Nación le podría reclamar el "excedente" que, según fuentes oficiales, Macri le entregó a su sucesor en la Capital durante los cuatro años de su gestión, una acción que podría costarle otros 124.000 millones de pesos al gobierno porteño.
Uno de los argumentos centrales para reclamar la restitución de los bienes es que podrían estar alcanzados por la prohibición de la regla del fin del mandato –se trata de la ley sobre el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno–, que establece que durante los últimos dos trimestres de gobierno está prohibida "cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos".
Los predios son, esencialmente, terrenos ferroviarios en las inmediaciones de las líneas San Martín y Mitre y parte de los playones de Caballito y Palermo. Además, hay otros inmuebles, como parte de la cárcel de Caseros, en Parque Patricios; un predio en Palermo donde funcionaban canchas de fútbol 5, y locales comerciales en las inmediaciones de la estación de trenes Urquiza de la línea Mitre, entre otros.
Hoy, esas propiedades están en un "limbo", según aseguraron fuentes oficiales, que no descartan la judicialización del reclamo. "Lo que está en juego en definitiva mucha plata. Como se excedieron con la coparticipación para la ciudad, acá pasó lo mismo", reconocieron en la Casa Rosada.
Nada de esto es una sorpresa para Rodríguez Larreta y Santilli. Al igual que sucedió con la coparticipación, los terrenos e inmuebles que recibió en los últimos meses de gestión de Macri siempre estuvieron sobre la mesa de negociación entre la Nación y la Ciudad. De esto hablaron en más de una oportunidad Wado de Pedro y el jefe de gobierno antes de la pandemia. También lo hicieron la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura.
La cesión
La cuestión de los terrenos cedidos comenzó en 2016. Por un acuerdo entre el gobierno de Macri con Rodríguez Larreta, la Nación se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la ciudad. El convenio incluyó la autorización de la Legislatura porteña para que se pudiera construir (solo el 35% de la superficie se podía destinar a inversiones inmobiliarias).
Pero un día después de la derrota electoral, el 28 de octubre, el entonces presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia, el 740, con el que le otorgó a la AABE la facultad de "dar en pago" inmuebles para "cancelar deudas o afrontar compromisos". A los pocos días de asumir, Alberto Fernández derogó esa facultad porque, según dijo en el decreto, "desnaturaliza la función" del organismo, que hoy lidera Martín Cosentino.
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