por Manuel Ludueña (*)
En época del liberalismo más acérrimo asolaban en nuestra ciudad actuaciones ciertamente bizarras. Sin solución de continuidad se podía pasar de las reglas del Código de Planeamiento, a la presentación del Ejecutivo para exceptuar de alguna de las reglas a una parcela específica, o a no poder constatar con seguridad jurídica el número de pisos que se autorizaba a construir en un determinado terreno o a no contar con la información pública actualizada sobre los límites específicos de los distritos de zonificación. Ello dio lugar, por ejemplo, a: la ¡perdida en un incendio del Plano Maestro del Código de Planeamiento!, o la construcción de algunos pisos de más que no podían demolerse por haberse vendido con anticipación, o a la gestión de incrementos en la capacidad constructiva de algunas parcelas específicas ante el Consejo Deliberante para aprobarlas en la última sesión del año.
Además, en la Ciudad de Buenos Aires se siguen privatizando los beneficios sociales. Por ejemplo, la tierra pública vendida en los últimos años ha sido un simple loteo de inmobiliaria sin que el comprador tenga que resarcir por los beneficios de la localización: de urbanización, infraestructura, equipamientos y prestación de servicios públicos. Ese beneficio extraordinario que se transfiere del erario público –de la comunidad- y reciben exclusivamente sujetos privados, carece, además, de contraprestaciones como podrían ser compensaciones con construcciones en sectores deprimidos de la ciudad, con equipamientos públicos ante el crecimiento poblacional emergente de la nueva actividad –escuelas o aulas escolares nuevas- o por el número de vehículos motorizados –forestación o suelo urbano para espacio verdes de las personas a relocalizarse-.
Hoy, ciudades tan latinoamericanas como la nuestra, tal como Bogotá y San Pablo, donde además de generar planes urbanos social y políticamente consensuados y sostenidos, tienen instrumentos que procuran no transferir los beneficios económicos generados por la sociedad a uno o muy pocos individuos a título graciable.
¿Qué está pasando en Buenos Aires? Con respecto a la existencia de instrumentos propios de la economía espacial: nada, y con respecto a transferir beneficios de localización generados socialmente: si. Veamos el caso. A la falta de morigeración del proyecto de tres torres en la manzana de Rojas, Vallese, Colpayo y Méndez de Andes (57.000 metros cuadrados) y con la reconocida falta de infraestructura adecuada el Poder Ejecutivo del GCBA propone, en la misma zona, desafectar del distrito de zonificación R2all al predio de 2,4 hectáreas de la fracción J - manzana 39B - circunscripción 5 - sección 57 para afectarlo a "Normas Urbanísticas Especiales" que habilita a implantar un Centro de Compras, paseo de compras, cines, Grandes Tiendas, Supermercado, Supermercado Total, Feria Infantil, Juegos Mecánicos Infantiles, Museo Clase l, Garaje Comercial y Juegos Psicomotrices Infantiles. No solo se genera una nueva centralidad con actividades que originan desplazamientos masivos en un sector urbano que no está preparado para ello, sino que se beneficia del aumento de la superficie a construir –de 61.137,5 metros cuadrados a 73.365 metros cuadrados-, del aumento del valor del metro cuadrado construido –por ser usos más caros- y que presiona por aumentar la accesibilidad vial –adelantado, en parte, con el puente Chirimay – Fragata Sarmiento- a costa de la comunidad.
La experiencia de legislar para otorgar excepciones –regulaciones que benefician a quién lo solicita y a perdida de la sociedad- ha dejado ejemplos materiales de decisiones corruptas y degradantes de actividades y sectores urbanos. Es necesario profundizar la democratización de las instituciones políticas y sociales para alcanzar consensos lo más racionales posibles, en lugar del uso casi arbitrario, impuesto y desinformado en la generación de las leyes urbanas.
*Planificador Urbano y Regional.
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Manuel Ludueña / Buenos Aires,
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