jueves, 30 de diciembre de 2010

Canta Juana Molina.

La vida es el mayor regalo que jamás hemos recibido y la Tierra el lugar dónde nos ha tocado disfrutarlo. Sepamos respetar el legado de nuestros padres y la herencia de nuestros hijos. The life is the major gift that we have never received and the Earth the place where we have had to enjoy it.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Una comisaría okupa en la plaza

Dicen que fue construida de manera ilegal, ya que el Ejecutivo porteño no pidió autorización en la Legislatura. La seccional de la policía porteña fue construida en la traza de la ex AU3 y está a punto de ser inaugurada.

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Grupos de vecinos cortaron la calle en la esquina de Goyeneche y Ramallo.

Bajo la consigna “Donde no se hacen escuelas, crecen comisarías”, un grupo de vecinos del barrio porteño de Saavedra protestó ayer contra la construcción y la próxima puesta en marcha del Precinto 12 de la Policía Metropolitana, que se erigió sobre un espacio verde de esa comuna. Con banderas, carteles y redoblantes, los vecinos denunciaron que esa edificación es “antidemocrática e ilegal”, dado que no cumple con lo estipulado por la ordenanza 50.384 de la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos al ocupa Macri en la comuna 12”, se quejaron.

“La plaza es mi patio, no me lo quiten”, “No construyan en nuestras plazas”, “Seguridad también es espacios verdes” eran algunas de las frases en las pancartas en la protesta, que incluyó un corte en la esquina de Goyeneche y Ramallo, frente al flamante edificio policial. “Es la única obra que se realizó en la comuna”, contó Alejandro, uno de los vecinos que decidieron cortar la calle para repudiar el accionar del gobierno porteño, que ocupó un espacio verde para levantar una comisaría y pretende “ocupar tres plazas más”, denunció. El eje del reclamo fue la defensa del espacio público, que fue respetado por las cinco intendencias que pasaron desde que existe la plaza.
“Tomó una plaza y construyó un edificio cuando la Justicia le denegó usar hectáreas del Parque Sarmiento. Consideramos que debería buscar en otros predios y no en un espacio verde público”, explicaron. Este proceder del gobierno, contaron, no es un hecho aislado: Macri llamó a licitación para construir un CGP en una plaza de Boedo.
Los vecinos remarcaron que la construcción de la comisaría viola la Constitución de la ciudad y el artículo tercero de la ordenanza 50.384. Esa normativa exige que, para hacer uso de un 15 por ciento de la superficie de la plaza, el Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley, que “jamás se elevó a la Legislatura”. Ese proyecto, sostienen, debería organizar todo el espacio libre de la traza de la ex AU3, que va desde General Paz hasta Congreso, entre Donado y Holmberg.
Los vecinos de Saavedra y Urquiza presentaron varios proyectos para darles nombre a las plazas que aún no lo tenían, una iniciativa que cuenta con el aval de dos mil firmas. Entre esos proyectos, además, figura el que modifica la zonificación de los parques para retirarle la reserva del 15 por ciento para equipamiento comunitario –el resto está destinado a urbanización parque– y para discutir en audiencia pública el destino del precinto. Por otra parte, la comisaría fue construida en cinco meses, pero queda “pendiente” una lista de obras, denunciaron los vecinos, entre ellas, la construcción del Polo Educativo Saavedra, la puesta en marcha de un centro de salud en el barrio Mitre y la construcción de subtes, entre otras.
Los vecinos golpearon las puertas de la Justicia: presentaron dos amparos y solicitaron una medida cautelar. Frente a los pedidos, el Juzgado Nº 7 clausuró preventivamente la obra. “No obstante eso, se siguió construyendo”, contó Oscar, otro vecino. A las 48 horas de esa medida, la jueza dejó sin efecto la medida cautelar. Los vecinos apelaron y desde agosto esperan a que la Justicia tome una decisión. El amparo siguió su curso y también los pedidos para frenar la construcción. Hasta ahora, no lograron respuestas favorables. Por eso, los redoblantes y las banderas transformaron el paisaje del barrio para frenar el “robo de las plazas”.
Informe: Soledad Arréguez Manozzo.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Espacio para compartir

Los vecinos del barrio tenemos un nuevo espacio para disfrutar de actividades sociales y culturales. El Centro Cultural “La Ronda” abrió sus puertas en Mendes de Andes 614, sitio en el cual se propone enseñar lo que se sabe y aprender lo que no, sea uno grande, mediano o chico: la idea es conocerse a través de la cultura. Miguel, que participa de La Ronda, explica que “queremos acercarnos al vecindario, compartir el espacio y pasarla bien a través de peñas, charlas y talleres”. Actualmente existen diversos talleres en curso (ver “Talleres culturales”). De todos modos, la propuesta es que se acerque cualquier vecino a compartir sus saberes y “agrandar la ronda”.
En “La Ronda” funciona también una biblioteca popular donde la gente puede ir a leer mientras toma unos mates, comentar algún libro con un/a vecino/a y llevárselo para traer a su vez el que quiera compartir, entre muchas otras cosas. Ya mismo se pueden ver los libros, asociarse, y sacar el que más guste. Se aceptan desde ya donaciones de libros, estantes, guías, ménsulas, etc. También se necesitan voluntarios/as para atender la biblioteca, con el objetivo de mantenerla abierta el mayor tiempo posible. Según Miguel, “hay gente que viene a estudiar y hasta a pasar el tiempo leyendo, lo cual nos gusta tanto como saber que la mitad de los libros que tenemos acá son producto de donaciones de vecinos”.
¿Por qué se creó este espacio para compartir? Los fundadores del Centro Cultural “La Ronda” tienen su respuesta: “Porque faltan espacios de encuentro. Porque siempre hubo pero ahora no hay. Porque conocer gente nos parece mágico. Porque sabemos algunas cosas y queremos aprender otras. Porque tenemos ganas, y algunos libros buenos. Por los grandes y por los chicos. Porque nos gusta equivocarnos. Porque nos arrogamos el beneficio de la duda. Porque en una plaza enrejada nos sentimos un poco como sospechosos de algo. Porque el arte y la cultura no van con mayúscula. Porque nos gusta aunque nos cueste. Porque en el fondo sigue siendo un barrio. Y porque en un barrio, cuando la gente se junta, puede pasar cualquier cosa”.
Contacto: Teléfono: 4903-5420 begin_of_the_skype_highlighting 4903-5420 end_of_the_skype_highlighting (de lunes a sábados de 11.00 a 19.00)
Correo electrónico: info@larondaepc.com.ar


TALLERES CULTURALES
Estos son los talleres que se brindan en el Centro Cultural “La Ronda”:
- Percusión: sábados a las 17:30 (a la gorra).
- Taller de arte para chicos: lunes de 18:00 a 19:30 ($ 50 por mes).
- Música Andina: martes a las 18:30 ($ 60 por mes).
- Teatro para chicos: miércoles a las 17:30 ($ 50 por mes).
- Taller de Yoga Integral: miércoles a las 19:30 ($ 70 por mes).
- Taller de dibujo y pintura para adultos: jueves a las 18:30 ($ 50 por mes).
- Tango: jueves a las 20:00 ($ 50 por mes).
- Salsa: jueves a las 21:00 ($ 50 por mes).
- Pilates: jueves a las 11:00 ($ 50 por mes).
- Computación: horario a combinar ($ 50 por mes).
- Recreación para la tercera edad: horario y arancel a combinar.

No al cementerio de autos

En Villa Lugano existe un Cementerio de Autos que contamina a los vecinos del barrio desde hace quince años. Diosnel Pérez, Presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), nos explica cómo se formó aquel basural de rezagos de automóviles y cuáles son los perjuicios para la salud de los habitantes de la zona: “El cementerio de autos se formó en 1996 con coches secuestrados por la policía. Hace quince años había más o menos 50 mil autos, ahora habrá unos 10 mil. El tema es que quedó contaminada la tierra…”.
- ¿Qué tipo de contaminación provoca el Cementerio de Autos?
- Mirá, los primeros tiempos no estábamos enterados, pero después supimos que traía cualquier cantidad de problemas de salud. El material de los autos, a medida que se degrada, va contaminando el aire, la tierra y después las napas subterráneas. Los chicos son los más vulnerables, porque por ejemplo el plomo en sangre los enferma. Desde hace un año todo se está complicando aún más porque se mueren criaturas. Nacen prematuramente y, como no tienen bien desarrollado el pulmón y el corazoncito, a la hora se mueren. En otros casos no encuentran la causa de la muerte: sólo paro respiratorio. Los padres le preguntan al médico y no saben qué contestarle. Mi propio hijo adolescente está enfermo y, si bien la vengo peleando hace años, ahora me dije: “hasta acá llegué”.
- ¿Qué están haciendo al respecto los vecinos?
- Nosotros estamos luchando y trabajando con la gente del CESAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria). También hablamos con algunos legisladores que nos dieron una mano, pero si bien se sacó una Ley de Emergencia Sanitaria para la villa, tampoco se pudo hacer nada. El problema es que el Gobierno de la Ciudad no pone los recursos económicos y humanos necesarios. Lo único que hace es mandar el informe a la gente del CESAC de acá, que esta haciendo lo imposible pero no da abasto. Si Macri no manda recursos no hay forma de que solucionemos nada. Para que te des una idea, el año pasado luchamos contra el dengue, porque el Cementerio de Autos además es un matorral que es un fenomenal nido de mosquitos y ratas. Y por eso elevamos una nota con la gente del CESAC pidiendo tules y repelentes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Mandaron dos frascos de repelente para 42 mil habitantes, una tremenda burla para todos nosotros. Otra burla para mí fue que la Comisaría 52 y la empresa Jumbo me pusieran una causa contravencional “por contaminación del medio ambiente” por haber quemado gomas en una protesta.
- ¿Qué puede hacer la gente que quiera dar una mano y no sea del barrio?
- La lucha tiene que salir de acá, pero si se pudiera acompañar desde afuera sería muy lindo para nosotros. Porque muchos no saben que mientras el gobierno arregla plazas en Recoleta y Palermo acá nos estamos muriendo. Y si al Estado no le interesa la salud de la gente, menos le interesa la de los que vivimos en una villa. El Cementerio de Autos es un negocio muy grande para gente poderosa, pero ya no le tengo miedo a las amenazas y apretadas que sufrí. Si después de quince años de lucha tuve que internar a mi hijo, te aseguro que cambié mi impotencia por bronca. Porque no puede ser que un auto abandonado se valore mas que una vida humana. Si no se saca el Cementerio de Autos, estoy pensando en una huelga de hambre. Porque si el gobierno quiere una muerte, no le voy a dar la vida de mi hijo. Nosotros seguimos con la dignidad de no desearle la muerte a nadie, pero queremos que ellos recuerden que se están muriendo chicos acá por un Cementerio de Autos.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Palermo Viejo ya no existe

01/12/10

PorMiguel Jurado *

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"Palermo Viejo ya no existe". Así de simple, con brutal sinceridad, un amigo que está en el tema inmobiliario comenzó a explicarme el nuevo mapa del barrio más grande de Buenos Aires. Apenas lo escuché me puse como loco. Le dije que no era quién para decretar la defunción de un barrio centenario que había inspirado a Borges y que el mismísimo maestro de las letras argentinas había vivido en una de sus manzanas, la de Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga. “Las cosas cambian –agregó Alfredo con la tranquilidad de quien liga 33 de mano en el truco–. Ahora en su lugar, tenés a Palermo Soho y Palermo Hollywood”. Me hizo hervir la sangre. El no lo sabía pero me subleva esa moda rebautizadora que quiere cambiarle el nombre a todo con fines absolutamente comerciales. Pero antes de que pudiera articular palabra, Alfredo me vomitó una interminable lista de sub distritos en los que hoy se descompondría Palermo: “Freud, Nuevo, Madison, Chico, Sensible, Alto, y hay una variedad de nuevos Palermos como Queens, que antes era Villa Crespo, y Dead, por Chacarita... ¿No es simpático?”. Respiré hondo y intenté articular un argumento que pusiera en claro que cambiarle el nombre a los barrios es una estafa comercial, moral y cultural. Pero Alfredo, con cartesiano pragmatismo replicó: “Hoy todos quieren vivir en Palermo y no hay que quitarles ese derecho. Eso sí, el mercado está muy segmentado, hay que afinar bien el nombre de cada zona para encauzar la demanda”.

Entonces me acordé de Luisa, una viejita que conocí en los 80 para la que Palermo era uno solo. Había llegado al barrio en 1912, cuando tenía cinco años, a vivir con su familia en una casa casi nueva de Serrano entre El Salvador y Costa Rica. Para ella, su barrio se extendía hasta el arroyo Maldonado por un lado, y se perdía hasta rozar los distritos más copetudos de la ciudad por el otro. Luisa sabía que Palermo era grande, que seguía del otro lado de ese arroyo que sepultaron debajo de la avenida Juan B. Justo cuando cumplió los 25. Y que alcanzaba el río con parques arbolados. Pero lo que le importaba era que Palermo era el barrio de su infancia, el de la silla en la vereda las tardecitas de verano, ese en el que creció, se enamoró, se casó y enviudó. Cuando la conocí, no le podía explicar el concepto de Palermo Viejo sin que se enojara. Para mi era una categoría que imaginaba casi eterna y que había actuado como un imán para toda una camada de matrimonios jóvenes que buscaba escala barrial para vivir en una casas reciclada. “¡Viejos son los trapos!”, me decía Luisa cuando insistía con lo de Palermo Viejo. No entendía entonces que me estaba metiendo con su historia. Cómo iba a considerar viejo aquello que vio crecer.

Cuando volví a la conversación, Alfredo seguía con sus argumentos marketineros : “Los nombres vienen y van, si ahora a la gente le cabe llamar Soho a Palermo, todo bien. Hay que ser flexible”. Me guardé el dato de que tampoco Palermo Viejo se llamó siempre así. Alguna vez Luisa me había dicho que esa parte de la ciudad se conoció con el nombre de Villa Alvear. Pero no quise darle más argumentos a mi amigo, en lugar de eso, le expliqué que él como yo deberíamos revelarnos contra esa pasión anglófila de copiar los nombres de barrios que, con saludable autenticidad, se hicieron famosos en Londres o Nueva York para barrer la autenticidad criolla y crear una toponimia falsa e impostora (Creo que usé la palabra cipayo en algún momento). Estoy seguro que Alfredo se quedó convencido de que me estoy poniendo viejo y cascarrabias.

Me fui pensando que, por suerte, Luisa no llegó a presenciar la explosión demográfica que sufre su barrio, ni tuvo que soportar el manoseo del nombre. Igual, no se si le hubiera importado, ella seguía metida en el barrio de su juventud y mantenía los valores con los que creció. Una vez le pregunté si había conocido la familia de Borges, o la casa que debió estar a escasas cinco cuadras de la suya. No sabía de qué le estaba hablando. Le expliqué que se trataba de un gran escritor argentino que había hecho sus “primeras armas” con cuentos y poemas sobre malevos y cuchilleros de Palermo. “¡Ah querido! –me dijo–, difícil que los haya conocido. Nosotros éramos gente de trabajo, no nos mezclábamos con orilleros”.

domingo, 28 de noviembre de 2010

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Sábado, 27 de noviembre de 2010

A último minuto

Por Sergio Kiernan

Cortando clavos y abriendo la posibilidad de que el Ejecutivo haga trampa con los tiempos, la renovación de la Ley 3056 pasó al jueves que viene. Iba a ser votada en el recinto este 25, pero los trámites internos se demoraron porque la Comisión de Planeamiento sólo firmó este martes 23. Esta reunión de Planeamiento –ya no de asesores sino de los diputados miembros– fue calificada por un participante como “abrumadora” por la cantidad y energía de los vecinos presentes. Los patrimonialistas quedaron agradablemente sorprendidos por la cantidad de caras nuevas que vieron: cada vez se suma más gente a los reclamos por el patrimonio.

Con lo que la ley-marco salió de la comisión y ahora hay que contar los días. Si todo sale bien, se vota el jueves 2 de diciembre, en la habitual sesión final de la Legislatura, que es una cabalgata de votaciones apiladas. La 3056 vence el último día del año y es aquí donde los agentes de la industria inmobiliaria, el ministro Chaín y su subsecretario Lostri, pueden hacer la trampita. Resulta que pese a los esfuerzos denodados de varios miembros del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, no se pueden liberar para la piqueta todos los edificios que pasan por ahí. Hasta las representantes de Cultura y del Icomos, que pelean para “desestimar” todo lo posible, entienden que algo hay que catalogar, aunque sea menos de la décima parte de lo tratado.
Pero resulta que Chaín y Lostri por algo son socios comerciales –construyen edificios y les hacen obra pública a medida– y se las arreglaron para transformar al CAAP en una máquina de liberar parcelas. Es que si el Consejo “desestima” una propiedad, ésta se puede demoler instantáneamente.
Pero si el CAAP “estima” un edificio, éste no queda automáticamente salvado sino apenas inhibido mientras su carpeta inicia el bizantino trámite de catalogación en la Legislatura. Entretanto, no se puede demoler... a menos que se caiga la ley. Si el 31 de diciembre el Ejecutivo –Chaín y Lostri– no promulgaron la renovación de la 3056, si no la publicaron en el Boletín Oficial, algún vivo o avisado puede “entender” que hay un vacío legal y procederá a demoler lo inhibido. Después le pondrán una multita o algo, pero el daño estará hecho.
Con lo que habrá que seguir de cerca, pese a las fiestas, el camino de ese despacho, observando qué hacen los dinámicos socios de los especuladores, arriesgados a ofender sus deberes como funcionarios públicos.
En la reunión de los diputados fue instrumental Eduardo Epszteyn, que ayudó a acelerar los tiempos. Y se vio un acto público de lucidez del diputado Campos, que elogió la iniciativa del APH de la City que impulsa Patricio Di Stefano. Antonio Campos se oponía por razones equivocadas y es encantador ver que tiene la altura de cambiar de posición.
Cuadra e Imprenta
Pensándolo un poco, era cuestión de tiempo que pasara: conociendo el hambre de terrenos grandes que tienen los especuladores, la supervivencia de la galería-restaurante La Cuadra y del pequeño shopping La Imprenta era tenue. Pese a que son de lo último que le resta de patrimonio a esa zona tan demolida entre Libertador y Luis María Campos, el CAAP los “desestimó” y los dinámicos Chaín y Lostri cumplieron con sus clientes. El barrio, sin embargo, está en armas.
La Imprenta era la imprenta y boletería del Hipódromo de Palermo, que fue el motor del barrio. Las viejas máquinas están hoy en el museo del hipódromo de San Isidro, bien preservadas. La Cuadra era uno de los muchos studs que puntuaban el barrio, una tipología de la que ya no queda otro ejemplar.
En 1986, los arquitectos Fortesa y Sábato dirigieron el proyecto que se ve hoy: los dos edificios conectados a través de una casa donde alguna vez se vendió forrajes, cada uno tratado a su manera. La Imprenta mantiene su sencillez formal, con nuevas aperturas. La caballeriza, creada en 1928 por el arquitecto Flores Pirán, intervenida de un modo minimalista que da gusto ver. Quien visite el lugar, se encontrará con una fachada francesa de lo más paqueta a la que le faltan nada más que los ventanales originales, reemplazados por paños fijos de vidrio para los dos locales que dan a la calle (por alguna razón inexplicable, los comerciantes creen que venden más si vandalizan las ventanas).
Entrar es encontrarse con una caballeriza intacta, con su pavimento de adoquines, columnitas de metal, vereda perimetral y boxes con pesadas puertas de madera con equipamientos de bronce. Cada box es un local –el 16 fue el hogar de Yatasto, el pingo de Carlos Gardel– y el espacio central, techado, es el restaurante. Es un lugar muy bien llevado, un tipo de intervención sano e incruento que debería ser modelo.
Nada de esto le interesó al CAAP, más atento a los intereses de la industria inmobiliaria que a su misión de ayudar a preservar el patrimonio. La furiosa disidencia de su única miembro consistentemente coherente, Mónica Capano –a cargo de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad– no alcanzó para frenar el negocio. Capano está preparando un dictamen muy crítico contra la autorización de demolición y, este martes a las 18 horas, va a trasladar su tertulia de La Ideal al restaurante La Cuadra como protesta.
El defensor del Pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado también está tomando cartas en el asunto y prepara una recomendación para Chaín y Lostri. Lo que les dirá a los funcionarios es que hubo un evidente eco en la sociedad ante la posibilidad de que demuelan estos edificios, con lo que queda en claro que tienen un valor que trasciende sus ladrillos. El Ejecutivo debería frenar la autorización y mandarla de vuelta al CAAP, para que éste revise su decisión.
De urgencia, el diputado Sergio Abrevaya, con apoyo de Epszteyn, preparó un proyecto para proteger la caballeriza en los términos de la ley 1227 de Patrimonio, con lo que Desarrollo Urbano no puede intervenir. Parte de la movida es enviarle una nota a Lostri para que se dé por enterado y congele cualquier obra hasta que se expida la Legislatura. Habrá otra nota para Josefina Delgado, de Cultura, a ver si, por fin, se mueve.
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Sábado, 27 de noviembre de 2010

Financiamiento para los depredadores

Por Facundo de Almeida *

La asociación indisoluble entre el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y la industria de la construcción es evidente. El ministro Daniel Chaín y el viceministro Héctor Lostri son ellos mismos (sub)desarrolladores inmobiliarios y hasta están dispuestos a alterar la ubicación de obras públicas establecidas por ley para beneficiar a sus emprendimientos, tal como se relató dos semanas atrás en esta misma columna.

El Banco Ciudad sorprendió hace dos años con la positiva y destacada participación de su presidente, Federico Sturzenegger, en la reunión de trabajo que convocó la entonces presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, la ex diputada Teresa de Anchorena, para tratar el proyecto de ley de Transferencia de la Capacidad Constructiva, que parece haber vuelto a la vida parlamentaria en este último tiempo. Pero algo cambió en el banco, porque sus autoridades acaban de anunciar una beneficiosa línea de créditos para la construcción de nuevos edificios para viviendas y oficinas.

Es curioso que desde un ente público se impulse una medida crediticia para alentar la construcción de nuevos inmuebles cuando, por una parte, la ciudadanía está reclamando que se garantice el derecho constitucional de preservar el patrimonio arquitectónico, y por el otro, las estadísticas demuestran la estabilidad de la población porteña.

Los sucesivos censos de población, incluyendo el reciente según las primeras estimaciones, indican que el número de habitantes en Buenos Aires se ha mantenido más o menos estable en tres millones de habitantes desde hace 50 años. En todo caso lo que aumentó es la población de las villas y esos créditos no parecen destinados a solucionar ese grave problema habitacional.

Todo esto es más delicado aún porque el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo con el Código de Planeamiento Urbano sancionado en el año 2000. Allí se creó el Fondo de Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec) que tiene como objetivo la restauración de inmuebles de valor patrimonial y, prioritariamente, la puesta en valor de edificios históricos para ser destinados a vivienda social.

El Ferec debería posibilitar que, con esos recursos, el Banco Ciudad otorgue créditos blandos destinados a los propietarios de inmuebles protegidos que decidan restaurarlos, y a grupos asociativos, para que revitalicen inmuebles deteriorados y tengan así una vivienda digna.

La misma ley establece varias fuentes de financiamiento para ese fondo, una de ellas genuina, es decir que no necesita ser incluida y aprobada cada año en la Ley de Presupuesto. El 15 por ciento de todo lo recaudado en concepto de tasas de delineación y construcción –que se paga cuando se emprende una obra– debe ser destinado sin más trámite a ese fondo.

El boom de la construcción de los últimos años hace suponer que esa recaudación –que los organismos estadísticos porteños no publican en forma discriminada y de la que sólo puede obtenerse alguna referencia por la estimación que hace el Poder Ejecutivo cada año cuando envía el proyecto de ley de Presupuesto a la Legislatura– fue bastante abultada.

Por ejemplo, en el proyecto de ley de Presupuesto para el 2011, el Poder Ejecutivo porteño estima que por ese ingreso no tributario se recaudarán 125 millones de pesos, eso quiere decir que deberían ir al Ferec unos 18.725.000 millones de pesos durante el próximo año.

Este aporte sería muy significativo para el sostenimiento del patrimonio porteño, si tenemos en cuenta que el Ministerio de Cultura ha presupuestado para todas sus áreas de patrimonio durante el próximo año 12.216.947, de los cuales un 80 por ciento aproximadamente se destina a gastos corrientes y sueldos.

En Desarrollo Urbano los datos no son muy alentadores tampoco, a pesar de haber reconocido los propios funcionarios el incremento notable de trabajo a partir de la sanción de las leyes 2548 y 3056. Para 2011 el Ejecutivo estima un gasto de 4.907.539 para la Dirección General de Interpretación Urbanística, que incluye mucho más que los temas patrimoniales, y donde la pequeña Supervisión de Patrimonio Urbano ni siquiera figura como tal en la ley de leyes.

No hay duda, entonces, de que la creación del Ferec representaría una estimable fuente de recursos para compensar y ayudar a los propietarios de inmuebles protegidos a poner en valor sus inmuebles. También sería una forma de recuperar, por ejemplo, esos miles de edificios que tiene la ciudad en su poder, la mayoría antiguos y muchos de ellos ocupados por familias que no tienen otro lugar donde vivir. Una tarea en la que podría colaborar la valiosa, pero menospreciada por los actuales funcionarios, Escuela Taller de Casco Histórico.

El único intento serio de reglamentar la creación de ese fondo fue en 2006, cuando Mario Sabugo era subsecretario de Planeamiento Urbano y elaboró un proyecto de decreto que no prosperó.

La omisión de crear el Ferec implica que durante diez años se han destinado recursos para fines distintos de los que dispone la ley, lo que podría constituir la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el que incurre aquel que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, como dice claramente el Código Penal de la Nación.

Lic. en Relaciones Internacionales. Magíster en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com

jueves, 25 de noviembre de 2010



Debe estar muy enojada la Campoy!

CLARIN 24/11/10 - 01:54

PorPepito Cibrián. Productor teatral.

El angel de mi madre debe estar volando por La Imprenta, porque durante nueve años funcionó allí su escuela de teatro, fueron los mejores de su vida. Por allí pasaron miles de alumnos, también daba clases su hermana, mi tía Carmen. Recuerdo noche tras noche, tantísimos momentos con ellos, las cenas que compartíamos en La Stampa. El proyecto debe ser un gran negocio inmobiliario, pero no se puede demoler y romper así el estilo de un barrio, es una masacre. ¡Debe estar enojadísima la Campoy!
Creo que si la ciudadanía se organiza, si la gente sale a defender su espacio, el patrimonio, su historia, su lugar, como sucedió en Caballito, tiene que poder evitarlo. El derecho de la sociedad va más allá del derecho individual. En ningún lugar del mundo permitirían una cosa así. A nadie se le ocurriría arrasar las Barrancas de Belgrano. Ya se demolió bastante, se destruyó bastante. Además, en un barrio como ese, donde no se puede circular ni estacionar, lo único que falta es que construyan torres. Si los vecinos se organizan, nadie los para.

jueves, 21 de octubre de 2010

LA FIESTA DE CABALLITO

S.O.S. CABALLITO

POR LA CALIDAD DE VIDA EN EL BARRIO

POR LA DEFENSA DEL PARQUE DEL BICENTENARIO

POR EL RESPETO DE LA LEY 2722

CONTRA LA CONSTRUCCIÓN EN ALTURA

ABUSIVA Y SIN CONTROL

CHORIPAN y MUSICA EN VIVO

LOS COLIFAS DE CABALLITO

QUE PASÓ CON MARTA RAMOS

ALEJANDRA PALERMO

Y OTROS AMIGOS DEL BARRIO

SABADO 23 DE OCTUBRE 18 HS.

FELIPE VALLESE Y COLPAYO

lunes, 4 de octubre de 2010

Vecinos y amigos:

Los especuladores inmobiliarios no se toman descanso ni cumplen con las leyes. En las siguientes direcciones: 1) PUJOL 1150; FRAGATA SARMIENTO 1225 y FELIPE VALLESE 1463 intentan construir torres que violan la ley 2722.

Recordemos que esta Ley fue promulgada hacia fines de julio de 2008, dando respuesta al reclamo de los vecinos.

Hace 26 meses que rige para esas direcciones una nueva codificación que impide construir edificaciones de mas de 10.5 m de altura.

Los vecinos del barrio impediremos la construcción de estas obras ILEGALES.

EL MIÉRCOLES 6 A LAS 19 HS ACTO DE REPUDIO EN PUJOL Y GAONA

martes, 14 de septiembre de 2010

BARRIOS SI TORRES NO

Basta de edificios

Queremos que cumplan con la ley 2722
El miércoles 15 nos reunimos nuevamente en Pujol 1150
a las 19hs para denunciar el intento de levantar
un edificio de 10 pisos que viola la ley por la
que tanto luchamos.

Vecino, tu presencia es importante


SOS Caballito
soscaballito@gmail.com

lunes, 6 de septiembre de 2010

EL BARRIO CAMBIA
Barrio de tango, luna y misterio
calles lejanas ¡como estarán!
Viejos amigos que hoy ni recuerdo
¡que se habran hecho, donde andarán!


El barrio cambia, claro que si. Pero el asunto es para donde cambia y quien lo hace cambiar.

El ciudadano de Buenos Aires es muy voluble. Necesita hechos muy contundentes para reconocerse parte de la comunidad. Hechos como las asambleas del 2001 o el bicentenario, donde se sumergió en la marea humana que significó el festejo. Y el habitante de Caballito sufre lo mismo.

Pero cuando nos tocan aquello que nos importa, salimos a la calle, luchamos. Los vecinos, que luego se agruparian en movimientos vecinales como SOS Caballito, y otros, salieron en su momento a defender sus casas de uno o dos pisos, evitando la instalación de torres que quitaran el sol , el aire, el gas y la electricidad. Salieron junto a otros vecinos luego, a evitar la costrucción de un shopping de 150.000 m2 que en la calle Avellaneda ahogara al barrio, asi como hoy alumnos, docentes y padres luchan por defender la educación pública, ocupando escuelas como el Nacional 17 o el Normal 4.

Y fue por la lucha de vecinos de toda la capital que en 2005 se aprobó la ley 1777 que divide la ciudad den 15 cumunas, uniendo algunos barrios en una única comuna y y dejando otros, los más grandes, solos en una comuna. Caballito es un barrio y a su vez una comuna. La seis.

La descentralización de la ciudad permitirá que los vecinos puedan ejercer un mayor control sobre los gastos en los barrios y sobre la resolución de problemas que los afecten directamente. Las comunas tendrán dos órganos de gobierno: la junta communal, compuesta por siete miembros y electa cada cuatro años, cuya primera elección está fijada para el 05/06/11 y el consejo consultivo formado por vecinos y asociaciones, con asiento en el barrio.. Este último será una verdadera asamblea barrial, ya que está abiero a cualquier ciudadano.

Ninguno de los gobiernos de la ciudad tuvo verdadero interés en descentralizar la ciudad, ya que esto les podría significar cierta pérdida de poder en manos de las comunas, cuyos componentes podrían resulrar de un color político distinto al jefe de gobierno. Mucho menos al gobierno macrista, cuya caracteríatica más importante en la verticalidad y la centralización que llevó al desabastecimiento hospitalario, a la desatención de la educación pública (hoy hay cerca de diez colegios ocupados por alumnos y padres) y a la represión para solucionar los problemas de la gente en situación de calle. En Caballito lo vivimos, entre otras cosas, con la salvaje represión a la Huerta Orgazmica, en Rojas y G.Bruno.

Hoy el gobierno macrista a través de los directores de los CGP, convocó a los “Pre Consejos consultivos” con el objetivo de desarmar los consejos y asambleas barriales que ya están funcionando, por iniciativa vecinal y tratar de llevar a via muerta el proceso de formación de las comunas.

En Caballito se han planteado por diversos vecinos múltiples iniciativas que involuchan al barrio. Algunas son:

- Concretar el corredor verde sobre el Ferrocarril Sarmiento, al menos desde Medrano hasta Hidalgo, para lograr espacios verdes y no los basurales que hay hoy. (Coordinando con vecinos de otros barrios).

- Cocretar el llamdo parque del Bicentenario, en los terrenos que van desde el puente Cacho Sacardi hasta Donato Alvarez, logrando asi un amplio lugar de esparcimiento y recreación para vecinos y sobre todo niños.

- Cambiar el nombre al Parque Rivadavia, como Parque Lezica, que fue su nombre original

- Crear la casa “Juanito Laguna” en el terreno que usó A.Berni como atelier, lindero al supermercado Disco sobre Rivadavia.

- Quitar el nombre del represor Ramón Falcón a la calle respectiva (junto a vecinos de otros barrios).

- Crear un CESAC (Centro de Salud de la Ciudad) sobre Yerbal, entre Rojas y Colpayo, donde hoy hay terrenos que pertenecen al Estado sin un uso adecuado.

Esto pasa en Caballito. Pasa y es bueno que participemos, es bueno que los vecinos no dejemos en manos de “los que saben” nuestro presente y el futuro de nuestros hijos.

AL

miércoles, 1 de septiembre de 2010

domingo, 22 de agosto de 2010

S.O.S Y EL DERRUMBE EN VILLA URQUIZA


Hace pocos años con las “torres caníbales” reclamábamos por la pérdida de sol, aire, y espacios verdes. Hoy estamos en la calle reclamando por muertos.

La respuesta oficial siempre fue la misma, fuegos artificiales desde los medios hasta la próxima “casualidad”, como afirmó Macri sin sonrojarse al principio.

El derrumbe de Villa Urquiza pone en evidencia una vez más, la connivencia entre el poder político y el poder económico sustentada en una burocracia que resulta imprescindible para que el círculo se cierre.

Funcionarios de teflón con cara de acero inoxidable y voluntades fácilmente “lubricables” para garantizar la impunidad de la especulación inmobiliaria, ocultando hipócritamente la causa principal de tantos siniestros: hacer plata rápida y fácil.

Declaraciones altisonantes ponen luego la culpa en otro de menor rango, que tampoco será sancionado si se trata de un profesional, porque esa medida es potestad de los colegios a los cuales pertenecen los matriculados. Y las imputaciones judiciales tampoco prosperarán, porque es ilegal violar la libertad de trabajo.

Si todo ocurre “dentro de la ley” con los”controles adecuados” como afirma el gobierno porteño; ¿por qué son tan ineficaces?

Todos los funcionarios de la administración de Gobierno están al servicio de la especulación inmobiliaria y de las grandes constructoras. Contra la destrucción del patrimonio urbano y la falta de planificación ¿qué voces autorizadas y responsables se han hecho oir?. El silencio cómplice de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; de la Sociedad Central de Arquitectos y del Consejo Profesional de Arquitectura , sorprende en este estado de emergencia ambiental que vive la ciudad. Personajes clave en lugares clave como parte de una asociación ¿lícita? al servicio de los negocios inmobiliarios

Años de sucesivos siniestros y nunca a ninguno de los nombrados se lo escuchó alzar la voz indignado, intentando crear una herramienta que liquide la impunidad que reina en la ciudad. Se comportan como funcionarios felices aprobando permisos de obra con una velocidad insolente, al servicio del terrorismo urbano.

¿Cuál es la solución?

Control profesional y participación vecinal, esa es la solución.

Un comité integrado por una DGFYCO (Dirección General de Fiscalización y Control de Obras) “demolida y reconstruida” con personal idóneo elegido por concurso, no por acomodo y sin funciones de “caja”, ya fuese personal, política o gremial.

Y Comunas funcionando como fija la ley 1777; facilitando la participación de los vecinos en los controles ¿quién se atrevería a afirmar con seriedad que habría el mismo descontrol ? Los vecinos tendríamos la garantía de un rigor en la aprobación y seguimiento de las obras, tal como el que sólo ponen los que son conscientes de que la pérdida de un hijo no se repone con ningún dinero.

La inseguridad por obras mal autorizadas y mal ejecutadas tampoco se resuelve con más inspectores. Se resuelve con voluntad política, aplicando leyes y normas que ya existen y que deliberadamente son postergadas, como es la ley de comunas, el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, todas discutibles y mejorables, pero inútiles cuando sus responsables no las aplican.

Respeto a la vida es respeto a las leyes que contemplan el derecho que tenemos los vecinos a elegir y decidir sobre el barrio y la ciudad en que queremos vivir.



Rodolfo Enrique Diringuer

SOS CABALLITO

15-64493734

14-08-2010

El agente de la desregulación interesada

La tragedia de la calle Mendoza es producto del sistema montado por Macri para los especuladores inmobiliarios.



Por Sergio Kiernan

Las tres muertes del martes en el derrumbe del gimnasio en la calle Mendoza son apenas el extremo trágico de un sistema muy bien montado en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño mantiene activamente ciertas garantías para la especulación inmobiliaria: falta de inspectores, multas bajísimas, impunidad para los pisos de más y una fiaca llamativa en hacer cumplir la ley. A esto se le suma un verdadero combate por parte del Ejecutivo de todo intento real de legislar la protección de áreas históricas, limitar las alturas constructivas y cuidar el patrimonio edificado.
Inspectores fantasma

Hace muchos años que Buenos Aires perdió la capacidad de inspeccionar nada. El macrismo en el poder ofreció garantías al sector más especulativo de la construcción, el de las grandes firmas desarrolladoras, de que habría un vacío de hecho en eso de hacer cumplir la ley. Con una coherencia notable, el gobierno porteño lleva dos años y medio creando un buen ambiente para las torres, resistiendo todo avance legal que limite alturas y cambie zonificaciones. Y cuando no puede evitar una ley o reglamentación lograda por los vecinos, la solución es simple: las obras clandestinas, los pisos de más, las demoliciones fulminantes de fin de semana, no serán detectadas. Cuando el papelón sea público e inevitable, la multa será ínfima, ya que los valores no se indexan desde hace años y Mauricio Macri ni piensa elevarlos.

Al frente de este mecanismo está un arquitecto cuya carrera es un gris de ausencia hasta el día en que juró como ministro de Desarrollo Urbano del flamante gobierno PRO, en diciembre de 2007. Daniel Chain es un incondicional de Macri: difícilmente tres muertos bastarán para desbancarlo. Al contrario que otros funcionarios cuya idoneidad el gobierno descubre ahora que no era suficiente, Chain es exactamente lo que se pensó al nombrarlo. Su tarea es evitar todo límite a la construcción especulativa, y eso lo hace muy bien.

En los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron con permiso de obra –nadie sabe cuánto se hizo sin esos permisos– cuatro millones y medio de metros cuadrados de obra nueva. Estos edificios a estrenar y ampliaciones de otros existentes raramente son inspeccionados, y cuando lo son aparece una rara tendencia pública de aceptar hechos consumados. Por ejemplo, en el caso de la tragedia del gimnasio de la calle Mendoza, la misma Uocra había denunciado a mediados de junio que se estaba demoliendo un supermercado sin apuntalar las medianeras, medida básica de seguridad. La inspección tardó tanto que, cuando llegó, había un prolijo baldío cercado. Los profesionales no detectaron “ninguna anomalía” porque los trabajos habían terminado, y por tanto se fueron. Fin del tema.

Por supuesto que no fue el macrismo el que inventó al inspector blando, o la misma falta de inspectores, o las leyes enrevesadas que impiden cualquier límite legal. Pero también es cierto que llevaron el arte de ignorar el problema a un nivel superior. Ante los tres muertos que causó su política, el ministro Chain dijo que “se necesitarían doce mil inspectores” para controlar todo, lo que equivale al número de arquitectos registrados en la ciudad. Chain se rió de la misma idea y la consideró un “mamarracho”.

El sofisma es de los favoritos del ministro, al que le gusta decir que no se puede poner un inspector en cada esquina. Lo que no dice Chain, pero sabe, es que los problemas son otros:

- Las multas son tan bajas, que resultan un costo más, en caso de ser descubiertos, y ni se comparan con lo que se ahorra al quebrar la ley.

- Pese a que se subieron y mucho los derechos de construcción, y hasta se inventó un impuesto a la demolición, no se hizo la inversión de crear un cuerpo de inspección en serio. El sistema está largamente colapsado.

- No existe una legislación que castigue administrativamente a los infractores. Lo que el gobierno porteño puede hacer equivale a una nalgadita y de las suaves.
Impunidades

Basten dos ejemplos para ilustrar el tema. En abril de 2008, un “empresario” pidió permiso para destruir una casa histórica en la esquina de Bolívar e Independencia. El pedido asombró hasta al más gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit, el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área de protección histórica. Y, cuarto elemento, el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento ramplón, un uso que está prohibido directamente por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona.

El “empresario” no se asustó e insistió con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento. A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su truco final. Un llamado telefónico avisó a la Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada. Los guardias acudieron y comprobaron que no existía peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando como corresponde una copia de la actuación. Con el papel en la mano, el especulador corrió al scanner y se inventó un bonito permiso de obra trucho, que colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora destruyó la casa de apuro. Para la mañana del viernes se llevaban los últimos escombros.

El tema fue un escándalo y los funcionarios por una vez en la vida se sintieron personalmente burlados, con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del terreno le avisaron que nunca le darían licencia para un estacionamiento y que sólo podría construir dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio. Al arquitecto que había recomendado la destrucción del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad, lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de patrimonio marca un castigo simple, de metros cuadrados de menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente recuperó ante un juez su matrícula –por la libertad de trabajo– y la empresa de demoliciones ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios de los abogados.

Un ejemplo más reciente permite apreciar que la situación no varió. En julio comenzó la demolición del viejo asilo de hombres de San Vicente de Paul, en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Aldo Sessa y Nicolás García Uriburu, vecinos del lugar, denunciaron el hecho y se cansaron de esperar alguna acción. Finalmente recurrieron a la Defensoría del Pueblo porteño y el Defensor Adjunto Gerardo Gómez Coronado se comunicó por escrito y por teléfono con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que, como indica su nombre, se dedica a estas cosas. En la Dgfyco le dijeron que inspeccionarían el lugar.

Tardaron casi dos semanas en aparecer por Sánchez de Bustamante y cuando lo hicieron, un miércoles por la tarde de este agosto frío, se encontraron con un portero que no los dejó entrar. ¿Qué hicieron los representantes de la ley? Se fueron, alegando que al no poder entrar no podían comprobar que hubiera una demolición. Curiosamente, los escombros y los muros ausentes podían verse claramente por las ventanas del edificio, en la que ya se demolió hasta la capilla.

Organizaciones de vecinos como Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito y la Proto Comuna Caballito, por mencionar algunas, tienen verdaderas colecciones de denuncias desatendidas, ignoradas o que resultaron en nada. Las organizaciones de Caballito convocaron a un encuentro vecinal por los desprendimientos en una obra en la calle Riglos al 300. Según los vecinos, llamaron hace más de una semana a la Dgfyco y la respuesta fue que “antes de un mes pasamos”.

Como sabe cualquiera, los automovilistas no respetan los semáforos en rojo no porque piensan que hay un policía en cada esquina, sino porque piensan que podría haber uno justo en la esquina donde están, y porque saben que las multas son caras. Los vecinos ya aprendieron que la falta de autocontrol de las constructoras se debe a que saben que sus semáforos rojos no están nunca controlados, y las multas son monedas.
Terrenos ocupados

La segunda garantía que ofrece Macri y administra Chain es frenar esta novedad tan desagradable, la movilización de los vecinos por el patrimonio. Para la especulación inmobiliaria, cada lote ocupado por una pieza patrimonial es un desperdicio, ya que todos los edificios antiguos tienen una cosa en común: son más chicos que las torres que se construyen hoy. En léxico profesional, estos pobres edificios tienen que ser condenados a la destrucción por no llegar a la “carga máxima” que la ley permita.

Justo al asumir Macri, en diciembre de 2007, esta tensión hizo crisis y la solución fue un parche. Se tomó el dibujo del Paisaje Cultural porteño que la Ciudad había propuesto a la Unesco y se sancionó la Ley 2548, creando por un año un mecanismo especial para los edificios construidos antes de 1941. Quien pidiera demoler una de esas piezas tenía que pasar por un trámite especial, la revisión por una entidad casi desconocida llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

El Caap tenía una vida tranquila hasta esta ley propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, ya que su única tarea era asesorar cada tanto al ministro de Desarrollo Urbano. Con sus nuevos deberes, comenzó a reunirse una vez por semana y decidir si los trámites se aceptaban –el edificio en cuestión se demolía– o si tenían el suficiente valor para ser girados a la Legislatura, para ser catalogados.

El ministro Daniel Chain y el también arquitecto Héctor Lostri, su secretario de Planeamiento, pronto percibieron el poder que la ley inesperadamente les daba. Si se pedía la demolición de un edificio valioso, éste podía –tal vez, quizá– ser protegido por la Legislatura, como recomendaría el Caap. Pero si el Consejo descartaba el trámite, el edificio se demolía y listo, sin más trámite. Era una orden final, una sentencia de destrucción inmediata. Y un regalo del cielo para los especuladores apurados.

Para cuando el mecanismo legal se extendió a toda la ciudad, en diciembre de 2008 y como Ley 3056, Chain no sólo no se opuso sino que hasta fue el que pidió que durara por dos años y no por uno. El ministro había encontrado la herramienta para sacarse de encima a los patrimonialistas de una vez: que el Consejo tratara los edificios que entraban por ventanilla, como marcaba la ley, y también los del “entorno”. No importaba que la ley ni mencionara otra cosa que los casos que entraran por pedido de particulares.

Así se inventó una máquina de permitir demoliciones a paso rápido, que en lo que va del año rechaza siete trámites por cada uno que acepta girar a la Legislatura (algún día, porque los trámites no se envían “por falta de personal”). El Caap depende administrativamente de Lostri, es presidido por una burócrata incondicional, Susana Mesquida, y logró paralizar hasta a las representantes del Ministerio de Cultura, que se supone votarían por algo menos mercenario pero hasta proponen demoliciones propias. El nivel de preciosismo de los consejeros puede ser bizantino: una ventana cambiada condena instantáneamente a un edificio como “descaracterizado”. La pena para el pecado es su rentable destrucción.

En un momento de los debates de cada martes, en el Consejo se escuchó la verdadera razón de tanto rigoreo con las pobres casas viejas. No era una cuestión de teorías o adhesión a Le Corbusier: a menos que fuera una pieza muy especial, siempre había que tener en cuenta el “potencial” del lote según la zonificación. La prioridad, para esta gente, son los metros cuadrados que se pueden construir a nuevo sobre el patrimonio porteño.

Otro servicio a la demolición fue matar de raíz el sistema de protección al patrimonio. La Ley 1227 ordena que el Ministerio de Cultura redacte y proponga a la Legislatura una reforma del Código de Planeamiento –máxima instancia legal en cuanto a la construcción– creando un régimen específico para los edificios antiguos y catalogados. Tres gobiernos porteños ignoraron la orden y, sorpresa, fue el actual el que finalmente la cumplió. La secretaria de Patrimonio, Josefina Delgado, logró que su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le firmara un proyecto notable por su rigor, con multas caras, inhabilitaciones y hasta la obligación de reconstruir la historia destruida, todo a ser controlado por un cuerpo de inspectores de patrimonio dependiente de Cultura.

Chain tronó. En una breve nota, rechazó el proyecto, que fue cajoneado rápidamente y olvidado. Delgado se dedicó a otra cosa –congresos de literatura, principalmente– y así se evitó que existieran castigos reales aunque sea para las constructoras que demuelan la historia porteña.

Como se dijo más arriba, el único castigo real a una demolición clandestina surge en los casos de edificios catalogados –protegidos como históricos– y por la ley de patrimonio. Pero la muy abrumadora mayoría de las estructuras porteñas ni son históricas ni están catalogadas, con lo que las demoliciones preventivas son el recurso favorito para evitar la ley. Por ejemplo, en la nueva zona comercial que surgió descontroladamente alrededor de Nazca y Avellaneda abunda el recurso de destrozar casas de época con demoliciones parciales e ilegales. Como esas casas son anteriores a 1941 y caen en el régimen especial, llegan a consideración del Caap ya sin techos, o sin ventanas, y los preciosistas del Consejo aceptan que las terminen de demoler. Si existiera el régimen de castigos que Chain mató en la raíz, esas demoliciones serían castigadas hasta con la reconstrucción de lo destruido. El costo de ese castigo sería ejemplar y seguramente detendría el vandalismo. Como están las cosas, nadie se molesta siquiera en denunciar los ilícitos.

Y de eso se trata todo el sistema montado por Chain, bajo órdenes superiores.

Declaracion sobre la pasada convocatoria sobre un posible derrumbe en caballito




PELIGRO DE DERRUMBE EN CABALLITO
VIERNES 13 AGOSTO RIGLOS AL 300 A LAS 19 HORAS
ENCUENTRO VECINAL CONTRA UN FUTURO DERRUMBE

Invitamos a vecinos y organizaciones a acompañarnos
Invitan: Proto Comuna Caballito y SOS Caballito
Informes: Gustavo Desplats por Proto Comuna Caballito 15-3833-8491
                 Rodolfo Diringuer por SOS Caballito 15-6449-3734
Ya hace 8 días los vecinos de Riglos y de San Irineo al 300 realizaron las denuncias por demolición ilegal de dos lotes ante el Gobierno de la Ciudad. Les contestaron que antes de un mes pasaban. Así responde la Ciudad a las denuncias vecinales. De esta forma son defendidos nuestros derechos.
Se produjeron caídas de escombros, roturas de cables y mamposterías. Los vecinos sienten vibraciones en su propiedad. No vamos a permitir un nuevo derrumbe en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la complacencia de Macri y sus socios. No queremos mas daños. No queremos más muertes.
El arquitecto es Carlos Cucciola  estaba a cargo de la obra de Pumacahua 177
( http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=905445 ) cuando se cayó una losa e hirió a un obrero, el 3 de mayo de 2007. Días después el mismo arquitecto y otras personas agredieron a golpes de puño a los vecinos denunciantes. Y nada pasó.
Tenemos contabilizados 32 derrumbes importantes de junio de 2006 a junio de 2010. Centenares de denuncias vecinales en los últimos tres años nos muestran que lo ocurrido en Villa Urquiza no fue un hecho aislado. Sino una práctica reiterada que muestra la forma de trabajar de un modelo constructivo que busca maximizar la rentabilidad sin reparar en las consecuencias aunque se trate de vidas humanas. Todo esto demuestra la incompetencia e ineficacia de la Dirección General de Fiscalización y  Control de Obras (DGFYCO) del Gobierno de la Ciudad , a cargo de Jose Angel Baez. Un organismo al servicio de la corporación inmobiliaria que debiera rehacerse  cubriendo  nuevamente los cargos por concurso. ¿Cómo es posible que la  Agencia Gubernamental de Control, de la que depende esta dirección,  estuviera dirigida por Raúl Ríos ex encargado de los quinchos de Boca Juniors?
Hoy es público que más del 60% de las demoliciones de la Ciudad son ilegales. (como lo fue en Urquiza, como es en Caballito). Nadie las controla. Se hacen sin ninguna de las garantías requeridas por seguridad en la ley. Y no las realizan empresas demoledoras (que están obligadas a un registro y cumplen con las normas). Tampoco  tienen cartel de demolición. Las denuncias vecinales son inútiles porque la DGFYCO es un organismo de gobierno al servicio del negocio inmobiliario como lo  puso en evidencia C.Q.C con la cámara oculta a Sergio Trovato cobrando coimas para autorizar una obra. De esta manera, entre otras cosas, las leyes patrimoniales son burladas sistemáticamente por los depredadores y sus cómplices en los organismos de gobierno riéndose de la voluntad de buena parte de la Legislatura.

El Jefe de Gobierno Ing. Macri tiene una deuda a saldar con los habitantes de esta ciudad. No es haciendo un circo mediatico pos facto, casi sacando piedras con sus manos, como debe actuar un estadista. La actuación del gobierno debe ser antes del hecho, previniendo, controlando. Justo lo que no hace.
Los constructores inescrupulosos ponen en riesgo la vida y los bienes de los vecinos de la Ciudad, con un modelo  constructivo donde sólo interesa  el incremento de las utilidades sin importar la vida humana.
¿Ese es el Plan Urbano Estratégico  sobre el que se “planifica” la ciudad?
¿Cuántas tragedias más deberán ocurrir para que se implementen otros controles y los vecinos seamos escuchados decidiendo sobre la ciudad y el barrio donde queremos vivir?.

Una ciudad como Buenos Aires, una megalópolis, no puede estar controlada por un organismo semejante al actual. En su reemplazo deberia crearse un nuevo cuerpo que actúe bajo la supervisión de un Comité integrado por profesionales, representantes de ONG barriales y funcionarios públicos. Con las Comunas funcionando estos controles se podrían haber implementado hace años y hoy no estaríamos lamentándonos por hechos irreparables. Pero las Comunas siguen siendo un temas postergado sin un interés serio del gobierno por implementarlo .La  transparencia en la gestión y un procedimiento claro que le facilite al ciudadano el  acceso al expediente  Toda la información referida al trámite de habilitaciones y permisos de obras podría brindarse sin dificultad desde un sitio web de la Ciudad, cosa que no se realiza en la actualidad..
La construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento adecuado y control eficiente es una bomba de tiempo que comenzó a explotar. No podemos esperar el agravamiento de la situación. Se deben tomar medidas urgentes. Sin sobreactuaciones para las cámaras.
Les solicitamos no traer banderas ni pancartas político partidarias-
Les rogamos no incluir reclamos ajenos a nuestras problemáticas.