POR: Grupo Crónica
Crónica se contactó con la ONG "Basta de Demoler", cuyo objetivo es defender el patrimonio urbanístico de Capital Federal y reclama un inventario definitivo. En el marco de la preservación del espacio público, organizaciones buscan derogar la ley 4.950, que permite bares en las plazas.
20/03/2017 - 18:32
Por Fernando Costoya
@fecostoya
En la calle Juncal 2520, en el barrio porteño de Recoleta, una casa de dos plantas de estilo italianizante tiene colgado el cartel de demolición para construir un edificio con semipisos de 2 y 3 ambientes. Pese a que fue construida en 1939 y forma parte de un conjunto arquitectónico de valor patrimonial que recoge varios estilos (Tudor, neorrenacentista, francés), la construcción fue desestimada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) del Gobierno de la Ciudad. En cambio, todavía resiste la tradicional casona de la calle Washington 2054, en Belgrano R, sobre la cual pesa un pedido de demolición que los vecinos frenaron, momentáneamente, a través de una medida precautelar. En este caso el CAAP recomendó catalogarla como patrimonio.
Son apenas dos casos que -con diferente suerte- sirven para retratar una situación que se multiplica por cientos. Durante las tres gestiones del PRO en la ciudad, los negocios y la especulación inmobiliaria ahogaron el cuidado del patrimonio arquitectónico e histórico. Mientras usted lee esta nota, en Buenos Aires posiblemente se esté demoliendo una casa.
De acuerdo con la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en 2016 hubo 813 demoliciones en Capital, la mayor parte eran casas. Ante este panorama, "Crónica" consultó con la ONG Basta de Demoler, cuyo objetivo es defender el patrimonio urbanístico de la ciudad. "Es necesaria la implementación urgente del inventario constituyente y definitivo de todos los bienes patrimoniales de la ciudad de Buenos Aires, no sólo los anteriores a 1941", expresaron Ana Bas y el arquitecto Carlos Blanco, miembros de la comisión directiva de la organización.
"La pérdida del patrimonio simbólico y arquitectónico persigue la desarticulación de la identidad barrial, urbana y ambiental, como componentes básicos de la memoria ciudadana", afirman, y consideran que la destrucción del patrimonio y la pérdida de identidad es una relación de "causa y efecto".
Se calcula que hay en la ciudad cerca de 134.000 inmuebles previos a 1941. Sin embargo, los directivos de Basta de Demoler argumentan que la cifra es "imposible de dimensionar efectivamente por la falta de inventario". En ese sentido, entienden que la información sobre proyectos y solicitudes de demolición es deliberadamente "invisibilizada" por el gobierno porteño. "Sostiene en forma impune la invisibilidad de los expedientes vinculados al patrimonio catalogado y no catalogado", postulan.
Un estudio de la Facultad de Arquitectura de la UBA de 2016 sostenía que sólo el 4% de las propiedades anteriores a 1941 tiene verdadero valor patrimonial. "Es una aproximación empírica y riesgosa, porque el inventario no se concluyó e incluso faltan las propiedades posteriores a 1941", sostienen al respecto. Consultados sobre por qué no existe la decisión política de proteger el patrimonio, Bas y Blanco sostienen que la idea de "progreso" está detrás de la (in)acción gubernamental. "Hay una carga ideológica que invisibiliza al que piensa distinto y que sostiene a viva voz que el patrimonio les impide acceder al futuro", señalan, aunque amplían su análisis: "También sabemos que están hablando de dinero y tasas de retorno obscenas del negocio inmobiliario, en una ciudad que tiene el suelo urbano como un recurso escaso", agregan, y completan: "Los lugares de demolición masiva coinciden con los reservorios patrimoniales de la ciudad".
Una iniciativa que terminó judicializada
En noviembre de 2014, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandó a Basta de Demoler por "daños y perjuicios" con inhibición general de bienes, luego de que la ONG denunciara la construcción de una estación de la línea H de subte bajo Plaza Francia.
"Por mantener nuestras convicciones el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Procuración nos hacen una demanda millonaria por daños y perjuicios, que está 'congelada' en la Cámara (en lo Contencioso Administrativo), al efecto de seguir disciplinando organizaciones sociales y a los vecinos que defendemos la participación ciudadana como un instrumento democrático que activa la ampliación de derechos", manifestaron Ana Bas y Carlos Blanco, miembros de la comisión directiva de Basta de Demoler, sobre la demanda por casi 24 millones de pesos. "Basta de Demoler siempre cumplió el rol de interpretar a los ciudadanos que quieren hacer valer su coherencia con el mandato constitucional", aseguraron.
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