El consejo asesor de asuntos patrimoniales ni siquiera tiene sede donde funcionar 
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Cinco agrupaciones de vecinos que luchan por frenar la ola de demoliciones en la Ciudad trazan un panorama devastador sobre la inacción del Estado. Afirman que 83 edificios fueron derribados sin siquiera ser evaluados.
Las demoliciones no cesan en la Ciudad de Buenos Aires. De los 140 mil edificios porteños construidos antes de 1941, se han revisado sólo 7640, es decir, apenas el 5%, según reveló Tiempo Argentino en un artículo publicado la semana pasada. De esa cantidad, 2037 fueron catalogados y deben ser protegidos. Pero 83 edificios no pudieron ser siquiera evaluados, porque ya habían sido demolidos. La virtual inacción –por falta de presupuesto y de un lugar físico para funcionar– del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, se ha convertido en una invitación a demoler. Pasados 45 días del aviso de obra, si el CAAP no evalúa el inmueble en cuestión, las retroexcavadoras comienzan su tarea.
Sin embargo, en los últimos meses, en casos como los de La Cuadra y La Imprenta (que estaban catalogados y el CAAP luego desestimó sin argumentos) o el pasaje Santa Rita, fueron los vecinos quienes impidieron demoliciones o construcciones ilegales. Fue así como las diferentes asociaciones empezaron a juntarse en tertulias mensuales y a contar sus problemáticas. Tiempo Argentino dialogó con Leonardo Figueroa (Proteger Barracas), Mario Oybin (SOS Caballito), Eduardo Gaspar Espeche (Salvar a Floresta), Mario Bellocchio (Vecinos de Boedo) y Marcelo Magadán (Basta de Demoler), para conocer de boca de los propios vecinos sus luchas por el cuidado y reacondicionamiento del patrimonio de cada barrio.
–¿Cuántos edificios fueron demolidos en sus barrios en estos últimos años, y cuáles son los más emblemáticos?
Proteger Barracas: –Entre 2006 y 2011 fueron demolidas unas 50 casas de diversas características para ser remplazadas por edificios de entre 10 y 20 pisos, la mayoría en cuadras de casas bajas y en el radio de Barracas perteneciente al Casco Histórico. Tiraron de todo: desde casas chorizo unifamiliares, casas de alto, petit hoteles o edificios industriales. El último caso es el de la sede de la Sociedad Ligure (Azara 645), un edificio de 1889 que está siendo demolido en estos días.
Salvar a Floresta: –En nuestro barrio hay un avance sin control, sobre todo en el centro comercial de la Avenida Avellaneda, donde no sólo las viviendas son remplazadas por locales de baja calidad y diseño, también las viejas casas y casonas se transformaron en talleres de dudosa habilitación y en "neo-conventillos". Los edificios más emblemáticos son tres: el bar El Arbolito (Avellaneda y Bahía Blanca), la casona de Bacacay y San Nicolás, y Villa Elizabeth, de Bacacay 3450. Para esta última, a pesar de existir un proyecto de ley para su protección, el gobierno de la Ciudad igual dio autorización para su demolición.
SOS Caballito: –En Caballito, la construcción más emblemática demolida fue el edificio y los silos de los Molinos Morixe, un maravilloso conjunto arquitectónico que aludía al desarrollo agrícola industrial del país. En ese lugar hoy se levantan torres de nulo valor arquitectónico, pero seguramente de jugosos réditos para el señor Caputo, ex asesor del ingeniero Macri.
Vecinos de Boedo: –Aquí se sigue lamentando la desaparición del edificio del cine Nilo a manos de Hiper Rodó, por lo innecesaria, ya que sólo se demolió la estructura histórica visible, preservando la de soporte, para recubrirla de acrílico y nuevos revoques. Se perdió lo valioso, cuando con un poco de inteligencia se podría haber producido un local de ventas con preservación al estilo del cine Splendid, en la Avenida Santa Fe.
Basta de Demoler: –Los niveles de riesgo son diversos, desde inmuebles abandonados o desmantelados, como la Confitería del Molino, hasta los que se ofrecen engañosamente como terreno baldío, como ocurre con el edificio de la Unione Societa Operai Italiani, en Sarmiento 1364, o la casa de México 1660, en Montserrat, que tiene protección cautelar. Ahora bien, en función de cómo trabaja el Ejecutivo, el riesgo existe en toda la Ciudad. Una de las razones es el modo en que actúa el CAAP, autorizando la destrucción de un altísimo porcentaje de los edificios. A esto se suman las numerosas demoliciones clandestinas, favorecidas por la inacción de las autoridades que deberían impedirlas y por la ausencia de sanciones de peso.
–¿Cuántos y cuáles son los edificios que corren riesgo actualmente?
PB: –Cualquiera que se ponga en venta en Barracas tiene destino de demolición. Contabilizamos actualmente entre 10 y 15 en riesgo, pero es frecuente que las operaciones se efectúen sin carteles a la vista para pasar desapercibidas, así que estimamos al menos el doble.
SaF: –Dentro y fuera del área de protección histórica Floresta, corren riesgo de demolición unos 24 inmuebles.
–¿Cómo pueden actuar los vecinos en esta problemática?
PB: –Si la demolición es ilegal, corresponde hacer las denuncias al GCBA. El problema es que en la mayoría de los casos se trata de obras autorizadas legalmente. Eso, sumado a las desestimaciones del CAAP, deja a los vecinos con muy pocas herramientas a mano para impedir las demoliciones. En Barracas estamos impulsando soluciones de fondo mediante proyectos de cambios de zonificación en el Código de Planeamiento Urbano de las áreas más afectadas, para establecer alturas máximas fijas de 10,50 metros.
SaF: –En Floresta nos dimos cuenta un poco tarde y muchas manzanas se perdieron, pero pudimos salvar 19, las que hoy son el área de protección histórica.
BdD: –En muchísimos casos, los funcionarios se enteran de las irregularidades por la denuncia de los vecinos y tardan tanto en reaccionar que, cuando lo hacen, la destrucción ya se produjo. Recurrir a la justicia a través de recursos de amparo es una alternativa que ha dado resultados positivos. Otra posibilidad son las denuncias ante la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, ante los medios, algo que suele preocupar a los funcionarios políticos, especialmente en época de elecciones. Queda una alternativa aún no implementada: la denuncia penal contra los responsables de la destrucción, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
–¿Qué respuesta reciben del gobierno porteño?
SaF: –Absolutamente ninguna. Uno se puede cansar de hacer denuncias al 147 o por Internet y no consigue nada, pasan los días y a lo sumo llega un correo o un llamado telefónico diciéndote que tu denuncia se cerró.
PB: –Si la política oficial fuera realmente la preservación del patrimonio construido, grupos como el nuestro y tantos otros no existirían. En estos momentos, somos los vecinos quienes más nos ocupamos de cuidarlo, con el apoyo de algunos legisladores sensibles al tema. En Barracas creemos que la evolución y el progreso del barrio no pasan por la proliferación de torres y edificios en altura sino por que la nueva arquitectura se integre de modo inteligente y creativo al perfil que el barrio ya ofrece, respetando su entorno en lugar de destruirlo. Y de ningún modo esto significa la pérdida del interés comercial; hay sobrados ejemplos de que cuando una zona se protege, aumentan a mediano plazo el interés inmobiliario y, por consiguiente, el valor del metro cuadrado.
SOSC: –No hay respuesta de la Ciudad como tampoco hay un plan de desarrollo consensuado con arquitectos y vecinos.
VdB: –El Poder Ejecutivo porteño está dominado por el negocio inmobiliario. O la prepotencia del hecho consumado. En la plaza Mariano Boedo, parcialmente inaugurada, el CGPC5 se está instalando en un edificio histórico. Se edifica modificando estructuras externas, con pérdida de estilo y a despecho de la espera de un fallo judicial sobre la presentación de la Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo, que solicitó un amparo. Pero el gobierno ya demuele y construye.
BdD: –No dan respuestas serias. Ni en los hechos ni en el discurso. Están hablando de 140 mil edificios protegidos, un número disparatado que no se ajusta a la verdad. La lista de edificios catalogados en firme es de apenas 2000. Esta desidia no es nueva, pero la actual administración la llevó a niveles nunca antes vistos. Hay sobrados ejemplos que van desde la tala del Totem de la Plaza Canadá –que desde abril de 2008 está cortado en pedazos, tirado en el Parque 3 de Febrero– hasta la alteración de espacios verdes con valor histórico, como el Parque Pereyra o la Plaza Mitre, o la destrucción de los antiguos adoquinados de las calles. El CAAP, lejos de ser el garante de la conservación del patrimonio, se ha convertido en el ente promotor de las demoliciones. La decisión de demoler es vinculante, mientras que en los pocos casos en que un bien es valorado positivamente, el CAAP no cataloga, sólo recomienda la catalogación, lo que implica iniciar un largo proceso que puede durar dos años. Y ese proceso depende de que el Ejecutivo conforme correctamente los expedientes y los envíe rápidamente a la Legislatura, algo que no ocurre. Los que trabajamos en el campo del patrimonio cultural sabemos que lo que se destruye, se pierde para siempre. Y los ciudadanos de Buenos Aires tienen que saber que, hoy, esa destrucción tiene responsables, y que esos funcionarios deben responder por sus acciones.<
"El Poder Ejecutivo porteño está dominado por el negocio inmobiliario"
Publicado el 7 de Junio de 2011 Cinco agrupaciones de vecinos que luchan por frenar la ola de demoliciones en la Ciudad trazan un panorama devastador sobre la inacción del Estado. Afirman que 83 edificios fueron derribados sin siquiera ser evaluados.
Las demoliciones no cesan en la Ciudad de Buenos Aires. De los 140 mil edificios porteños construidos antes de 1941, se han revisado sólo 7640, es decir, apenas el 5%, según reveló Tiempo Argentino en un artículo publicado la semana pasada. De esa cantidad, 2037 fueron catalogados y deben ser protegidos. Pero 83 edificios no pudieron ser siquiera evaluados, porque ya habían sido demolidos. La virtual inacción –por falta de presupuesto y de un lugar físico para funcionar– del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, se ha convertido en una invitación a demoler. Pasados 45 días del aviso de obra, si el CAAP no evalúa el inmueble en cuestión, las retroexcavadoras comienzan su tarea.
Sin embargo, en los últimos meses, en casos como los de La Cuadra y La Imprenta (que estaban catalogados y el CAAP luego desestimó sin argumentos) o el pasaje Santa Rita, fueron los vecinos quienes impidieron demoliciones o construcciones ilegales. Fue así como las diferentes asociaciones empezaron a juntarse en tertulias mensuales y a contar sus problemáticas. Tiempo Argentino dialogó con Leonardo Figueroa (Proteger Barracas), Mario Oybin (SOS Caballito), Eduardo Gaspar Espeche (Salvar a Floresta), Mario Bellocchio (Vecinos de Boedo) y Marcelo Magadán (Basta de Demoler), para conocer de boca de los propios vecinos sus luchas por el cuidado y reacondicionamiento del patrimonio de cada barrio.
–¿Cuántos edificios fueron demolidos en sus barrios en estos últimos años, y cuáles son los más emblemáticos?
Proteger Barracas: –Entre 2006 y 2011 fueron demolidas unas 50 casas de diversas características para ser remplazadas por edificios de entre 10 y 20 pisos, la mayoría en cuadras de casas bajas y en el radio de Barracas perteneciente al Casco Histórico. Tiraron de todo: desde casas chorizo unifamiliares, casas de alto, petit hoteles o edificios industriales. El último caso es el de la sede de la Sociedad Ligure (Azara 645), un edificio de 1889 que está siendo demolido en estos días.
Salvar a Floresta: –En nuestro barrio hay un avance sin control, sobre todo en el centro comercial de la Avenida Avellaneda, donde no sólo las viviendas son remplazadas por locales de baja calidad y diseño, también las viejas casas y casonas se transformaron en talleres de dudosa habilitación y en "neo-conventillos". Los edificios más emblemáticos son tres: el bar El Arbolito (Avellaneda y Bahía Blanca), la casona de Bacacay y San Nicolás, y Villa Elizabeth, de Bacacay 3450. Para esta última, a pesar de existir un proyecto de ley para su protección, el gobierno de la Ciudad igual dio autorización para su demolición.
SOS Caballito: –En Caballito, la construcción más emblemática demolida fue el edificio y los silos de los Molinos Morixe, un maravilloso conjunto arquitectónico que aludía al desarrollo agrícola industrial del país. En ese lugar hoy se levantan torres de nulo valor arquitectónico, pero seguramente de jugosos réditos para el señor Caputo, ex asesor del ingeniero Macri.
Vecinos de Boedo: –Aquí se sigue lamentando la desaparición del edificio del cine Nilo a manos de Hiper Rodó, por lo innecesaria, ya que sólo se demolió la estructura histórica visible, preservando la de soporte, para recubrirla de acrílico y nuevos revoques. Se perdió lo valioso, cuando con un poco de inteligencia se podría haber producido un local de ventas con preservación al estilo del cine Splendid, en la Avenida Santa Fe.
Basta de Demoler: –Los niveles de riesgo son diversos, desde inmuebles abandonados o desmantelados, como la Confitería del Molino, hasta los que se ofrecen engañosamente como terreno baldío, como ocurre con el edificio de la Unione Societa Operai Italiani, en Sarmiento 1364, o la casa de México 1660, en Montserrat, que tiene protección cautelar. Ahora bien, en función de cómo trabaja el Ejecutivo, el riesgo existe en toda la Ciudad. Una de las razones es el modo en que actúa el CAAP, autorizando la destrucción de un altísimo porcentaje de los edificios. A esto se suman las numerosas demoliciones clandestinas, favorecidas por la inacción de las autoridades que deberían impedirlas y por la ausencia de sanciones de peso.
–¿Cuántos y cuáles son los edificios que corren riesgo actualmente?
PB: –Cualquiera que se ponga en venta en Barracas tiene destino de demolición. Contabilizamos actualmente entre 10 y 15 en riesgo, pero es frecuente que las operaciones se efectúen sin carteles a la vista para pasar desapercibidas, así que estimamos al menos el doble.
SaF: –Dentro y fuera del área de protección histórica Floresta, corren riesgo de demolición unos 24 inmuebles.
–¿Cómo pueden actuar los vecinos en esta problemática?
PB: –Si la demolición es ilegal, corresponde hacer las denuncias al GCBA. El problema es que en la mayoría de los casos se trata de obras autorizadas legalmente. Eso, sumado a las desestimaciones del CAAP, deja a los vecinos con muy pocas herramientas a mano para impedir las demoliciones. En Barracas estamos impulsando soluciones de fondo mediante proyectos de cambios de zonificación en el Código de Planeamiento Urbano de las áreas más afectadas, para establecer alturas máximas fijas de 10,50 metros.
SaF: –En Floresta nos dimos cuenta un poco tarde y muchas manzanas se perdieron, pero pudimos salvar 19, las que hoy son el área de protección histórica.
BdD: –En muchísimos casos, los funcionarios se enteran de las irregularidades por la denuncia de los vecinos y tardan tanto en reaccionar que, cuando lo hacen, la destrucción ya se produjo. Recurrir a la justicia a través de recursos de amparo es una alternativa que ha dado resultados positivos. Otra posibilidad son las denuncias ante la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, ante los medios, algo que suele preocupar a los funcionarios políticos, especialmente en época de elecciones. Queda una alternativa aún no implementada: la denuncia penal contra los responsables de la destrucción, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
–¿Qué respuesta reciben del gobierno porteño?
SaF: –Absolutamente ninguna. Uno se puede cansar de hacer denuncias al 147 o por Internet y no consigue nada, pasan los días y a lo sumo llega un correo o un llamado telefónico diciéndote que tu denuncia se cerró.
PB: –Si la política oficial fuera realmente la preservación del patrimonio construido, grupos como el nuestro y tantos otros no existirían. En estos momentos, somos los vecinos quienes más nos ocupamos de cuidarlo, con el apoyo de algunos legisladores sensibles al tema. En Barracas creemos que la evolución y el progreso del barrio no pasan por la proliferación de torres y edificios en altura sino por que la nueva arquitectura se integre de modo inteligente y creativo al perfil que el barrio ya ofrece, respetando su entorno en lugar de destruirlo. Y de ningún modo esto significa la pérdida del interés comercial; hay sobrados ejemplos de que cuando una zona se protege, aumentan a mediano plazo el interés inmobiliario y, por consiguiente, el valor del metro cuadrado.
SOSC: –No hay respuesta de la Ciudad como tampoco hay un plan de desarrollo consensuado con arquitectos y vecinos.
VdB: –El Poder Ejecutivo porteño está dominado por el negocio inmobiliario. O la prepotencia del hecho consumado. En la plaza Mariano Boedo, parcialmente inaugurada, el CGPC5 se está instalando en un edificio histórico. Se edifica modificando estructuras externas, con pérdida de estilo y a despecho de la espera de un fallo judicial sobre la presentación de la Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo, que solicitó un amparo. Pero el gobierno ya demuele y construye.
BdD: –No dan respuestas serias. Ni en los hechos ni en el discurso. Están hablando de 140 mil edificios protegidos, un número disparatado que no se ajusta a la verdad. La lista de edificios catalogados en firme es de apenas 2000. Esta desidia no es nueva, pero la actual administración la llevó a niveles nunca antes vistos. Hay sobrados ejemplos que van desde la tala del Totem de la Plaza Canadá –que desde abril de 2008 está cortado en pedazos, tirado en el Parque 3 de Febrero– hasta la alteración de espacios verdes con valor histórico, como el Parque Pereyra o la Plaza Mitre, o la destrucción de los antiguos adoquinados de las calles. El CAAP, lejos de ser el garante de la conservación del patrimonio, se ha convertido en el ente promotor de las demoliciones. La decisión de demoler es vinculante, mientras que en los pocos casos en que un bien es valorado positivamente, el CAAP no cataloga, sólo recomienda la catalogación, lo que implica iniciar un largo proceso que puede durar dos años. Y ese proceso depende de que el Ejecutivo conforme correctamente los expedientes y los envíe rápidamente a la Legislatura, algo que no ocurre. Los que trabajamos en el campo del patrimonio cultural sabemos que lo que se destruye, se pierde para siempre. Y los ciudadanos de Buenos Aires tienen que saber que, hoy, esa destrucción tiene responsables, y que esos funcionarios deben responder por sus acciones.<
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