El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, acaba de enviarle al secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, una nota para que informe en qué quedamos con las alturas máximas del barrio de Caballito. Como saben hasta el gato y hasta Lostri y los funcionarios que de él dependen, hay una nueva ley que baja drásticamente hasta dónde pueden irse los especuladores inmobiliarios en esa zona tan castigada de Buenos Aires. La ley fue un triunfo de los vecinos movilizados bajo el lema No a las torres, pero se ve que el macrismo aquí también anda buscando puertitas traseras para vaciarla.
Gómez Coronado se centra en la megaobra que toma un terreno enorme que sale a Rojas, Felipe Vallese, Colpayo y Méndez de Andés, con dirección legal en Rojas 629/677, superficie de 10.500 metros cuadrados (dos tercios de la manzana), expediente 89.411/07 y planos registrados el 19 de junio de 2008. En el lugar se están edificando tres torres de 91.92, 75.50 y 63.16 metros de altura, con un SUM y pileta sobre el lado de Vallese. Las obras están rodeadas por casas bajas, ya que recién en Honorio Pueyrredón se vuelve a ver edificación en altura, fuera de lo establecido por la ley de bajada, la 2722.
Lo que los vecinos le señalaron a Gómez Coronado es que nunca se debió dar la autorización de obra a estas torrezotas, porque la ley 2722 fue sancionada el 22 de mayo de 2008 y los planos fueron registrados el 19 de junio de ese mismo año. La ley fue vetada parcialmente a principios de julio pero fue finalmente publicada en el boletín el 24, con lo que el trámite se realizó justito entre el voto de la Legislatura y el trámite de promulgación del Ejecutivo. Tanto apuro parece haber agotado a los especuladores, ya que no arrancaron las obras hasta 2011, tres años después, cosa que los vecinos certificaron con escribano.
Hace exactamente un año, Gómez Coronado pidió al Registro de Obras y Catastro que explique por qué había dejado que la obra se iniciara tan tarde, en lugar de declararla Obra Paralizada, de acuerdo al código. Dgroc se tomó hasta noviembre para contestar, entre una nube de reiteraciones y tecnicismos, que los titulares tienen tres años para arrancar, plazo que habrían cumplido con lo justo. Y aclara que Obra Paralizada es una que arrancó y que después paró y no una que nunca arrancó, lo que de acuerdo a alguna lógica debe ser una diferencia casi metafísica.
Según el defensor adjunto, nada de esto es exacto, ya que el artículo 3.1.1.7 del Código da por vencidos los permisos de obras tras tres años, aunque nunca se haga nada, y porque pasaron más de tres años.
La diferencia que se juega el barrio es importante, porque en lugar de un total de algo más de 240 metros de altura en edificios se podría construir, bajo la nueva zonificación, un máximo de 13.50. Por eso, Gómez Coronado solicita a Lostri que "considere la reformulación del proyecto" para que se ajuste a "las normas urbanísticas determinadas por ley 2722, disminuyendo así su impacto en la zona".
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