El gobierno porteño insiste en permitir un shopping al lado de Ferro
La administración macrista presentó, por tercera vez, un proyecto en la Legislatura porteña para la aprobación de la construcción de un megashopping en Caballito. Los vecinos y los comerciantes del barrio están en contra. Denuncian que no se tiene en cuenta el impacto ambiental.
ANTECEDENTES
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó días atrás, por tercera vez, un proyecto en la Legislatura porteña para la aprobación de un megashopping en Caballito. Pero los vecinos y miembros de la Cámara de Comercio del barrio denuncian irregularidades en la iniciativa, que pretende modificar el Código de Planeamiento Urbano en beneficio de la empresa Irsa, dueña del terreno y quien llevaría adelante en emprendimiento.
En la propuesta, firmada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, se pide recategorizar la zonificación de un predio aledaño a la cancha del Club Ferrocarril Oeste. Eso permitiría la construcción de una estructura de hasta 40 metros de altura y 50 mil metros cuadrados de estacionamiento.
“El proyecto ya fue rechazado en 2008 y 2009 y nuestra posición, no solo en Caballito sino desde la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es de absoluto rechazo por fomentar una competencia desleal entre comerciantes”, dijo a Infojus Noticias Rubén Kavanagh, de la Cámara de Comercio de Caballito. Y opinó que “el proyecto solo está pensado desde el punto de vista del negocio privado, ya que tampoco se tiene en cuenta el impacto ambiental en una zona característica de casas bajas”.
Con respecto al impacto ambiental, Rodolfo Diringuer, de la ONG SOS Caballito, dijo que “el estudio realizado para el proyecto fue realizado por una empresa privada, lo que genera serias dudas en cuanto al nivel real de evaluación de un espacio que no está preparado para un megashopping ni para la torre que quieren construir enfrente, ya que un cuarto de manzana es de la misma empresa”.
El predio ubicado en la calle Avellaneda del 1300 al 1400 es propiedad de la empresa IRSA, que desde hace cinco años pretende realizar una obra que incluye un “centro de compras, cines, grandes tiendas, supermercado total, feria infantil, garaje comercial y juegos mecánicos infantiles”, entre otras cosas.
Para que la empresa logre su megaemprendimiento, la Legislatura debe aprobar una modificación del Código de Planeamiento Urbano. En términos específicos de urbanismo, el proyecto de ley pide “desafectar del Distrito de Zonificación R2 al inmueble de la manzana 39B” para la “localización de un centro comercial minorista de servicios terciarios”. A su vez, pide habilitar que la construcción tenga una “altura máxima de 40 metros y un subsuelo de 50 mil metros cuadrados”, en una zona donde predominan las casas bajas.
Ondina Fraga, miembro de la junta vecinal de Caballito, planteó una preocupación por “el aumento indiscriminado de la construcción en los últimos seis años”. En relación al proyecto IRSA, dijo que “si no es un shopping es una megatorre, y no queremos ninguna de las dos cosas, queremos más espacio verde”.
La junta vecinal que integra Fraga no está en amplia mayoría en contra del proyecto. Esto tiene relación con su conformación: de los siete miembros, cuatro pertenecen al PRO, que es el mismo partido que avala la propuesta en la Legislatura. Los integrantes del consejo consultivo que están en contra de shopping preparan una denuncia si avanza el proyecto.
“Tratan de tapar los graves impactos negativos que se producirían, pero pretenden cambiar la normativa urbanística residencial de la zona para edificar 125000 m2 sin siquiera realizar, a través de una institución pública confiable, la evaluación ambiental estratégica necesaria para analizar los impactos urbanos resultantes”, dice en una parte de la convocatoria que por estos días circula entre vecinos. Los vecinos también denuncian que la empresa “realiza desde hace años otro acto ilícito acumulando containers de incierto contenido”.
Para Kavanagh, “el proyecto no apunta a ninguna planificación sino a la especulación inmobiliaria y la concentración económica de privados. No solo sería un desastre para el comercio establecido, sino también para el 80 por ciento de terreno de absorción fluvial que perdería el suelo, además de los desagües, la energía eléctrica y todos los derivados que acompañan un proyecto de tal magnitud”.
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