Hace pocos años con las “torres caníbales” reclamábamos por la pérdida de sol, aire, y espacios verdes. Hoy estamos en la calle reclamando por muertos.
La respuesta oficial siempre fue la misma, fuegos artificiales desde los medios hasta la próxima “casualidad”, como afirmó Macri sin sonrojarse al principio.
El derrumbe de Villa Urquiza pone en evidencia una vez más, la connivencia entre el poder político y el poder económico sustentada en una burocracia que resulta imprescindible para que el círculo se cierre.
Funcionarios de teflón con cara de acero inoxidable y voluntades fácilmente “lubricables” para garantizar la impunidad de la especulación inmobiliaria, ocultando hipócritamente la causa principal de tantos siniestros: hacer plata rápida y fácil.
Declaraciones altisonantes ponen luego la culpa en otro de menor rango, que tampoco será sancionado si se trata de un profesional, porque esa medida es potestad de los colegios a los cuales pertenecen los matriculados. Y las imputaciones judiciales tampoco prosperarán, porque es ilegal violar la libertad de trabajo.
Si todo ocurre “dentro de la ley” con los”controles adecuados” como afirma el gobierno porteño; ¿por qué son tan ineficaces?
Todos los funcionarios de la administración de Gobierno están al servicio de la especulación inmobiliaria y de las grandes constructoras. Contra la destrucción del patrimonio urbano y la falta de planificación ¿qué voces autorizadas y responsables se han hecho oir?. El silencio cómplice de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; de la Sociedad Central de Arquitectos y del Consejo Profesional de Arquitectura , sorprende en este estado de emergencia ambiental que vive la ciudad. Personajes clave en lugares clave como parte de una asociación ¿lícita? al servicio de los negocios inmobiliarios
Años de sucesivos siniestros y nunca a ninguno de los nombrados se lo escuchó alzar la voz indignado, intentando crear una herramienta que liquide la impunidad que reina en la ciudad. Se comportan como funcionarios felices aprobando permisos de obra con una velocidad insolente, al servicio del terrorismo urbano.
¿Cuál es la solución?
Control profesional y participación vecinal, esa es la solución.
Un comité integrado por una DGFYCO (Dirección General de Fiscalización y Control de Obras) “demolida y reconstruida” con personal idóneo elegido por concurso, no por acomodo y sin funciones de “caja”, ya fuese personal, política o gremial.
Y Comunas funcionando como fija la ley 1777; facilitando la participación de los vecinos en los controles ¿quién se atrevería a afirmar con seriedad que habría el mismo descontrol ? Los vecinos tendríamos la garantía de un rigor en la aprobación y seguimiento de las obras, tal como el que sólo ponen los que son conscientes de que la pérdida de un hijo no se repone con ningún dinero.
La inseguridad por obras mal autorizadas y mal ejecutadas tampoco se resuelve con más inspectores. Se resuelve con voluntad política, aplicando leyes y normas que ya existen y que deliberadamente son postergadas, como es la ley de comunas, el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, todas discutibles y mejorables, pero inútiles cuando sus responsables no las aplican.
Respeto a la vida es respeto a las leyes que contemplan el derecho que tenemos los vecinos a elegir y decidir sobre el barrio y la ciudad en que queremos vivir.
Rodolfo Enrique Diringuer
SOS CABALLITO
15-64493734
14-08-2010
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