"La SRT da un subsidio a la Ciudad para que se cubran los cargos necesarios de inspectores y se puedan inspeccionar las obras"; está claro que es posible porque en sólo tres días inspeccionamos veintidós de las cincuenta construcciones y sobre el fin de esta semana concluiremos con el total de la nómina de obras en riesgo", sostuvo Gaviola.
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UN INFORME OFICIAL REVELA QUE DE CINCO MIL DENUNCIAS EN LA CONSTRUCCION, LA CIUDAD SOLO ACTUO EN 71 CASOSRiesgo "muy grave" en cincuenta obras
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo detectó 833 obras sin plan de seguridad. En 50 casos ya empezaron a demoler o excavar, como ocurrió con el edificio derrumbado. Ante la "inacción" del gobierno porteño, el organismo nacional ya hizo quince clausuras.
La obra de Santa Fe 3760, en Palermo, uno de los lugares cuyas tareas fueron suspendidas por la Superintendencia de Seguridad de Trabajo
Por Carlos Rodríguez, P12
En la ciudad de Buenos Aires hay 10.697 obras en construcción –grandes y pequeñas–, y entre los meses de julio a octubre se recibieron "cerca de cinco mil denuncias de las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) por el incumplimiento, por parte de los empleadores, de las normas de seguridad establecidas" para ese tipo de emprendimientos. En un informe presentado ayer por el superintendente de Riesgos del Trabajo nacional, Juan González Gaviola, se hizo una dura crítica al gobierno porteño porque "sobre las 4881 denuncias realizadas por las ART, sólo se abrieron 119 de los casos, el 2,4 por ciento del total, y apenas se hicieron 71 acciones concretas" para tratar de normalizar la situación. El funcionario aseguró que, ante ese problema, la Superintendencia resolvió "hacer inspecciones en 50 de los casos considerados 'muy graves', porque se trata de edificios en los que se estaban realizando tareas de excavación y de demolición", similares a los que provocaron el derrumbe en Bartolomé Mitre 1232. A partir de esa intervención se suspendieron las tareas en 15 de las primeras 22 obras inspeccionadas por personal de la dependencia nacional.
González Gaviola sostuvo que "en apenas tres días, entre el 9 y el 11 de noviembre, ocho inspectores visitaron 29 de esas 50 obras. Sólo se pudo hacer la inspección en 22 de ellas, dado que en siete de los casos la visita se hizo en un día lluvioso en el cual no había actividad en esos lugares. Como resultado de las inspecciones, en 15 de los casos (ver aparte) se decidió suspender los trabajos" porque las empresas a cargo "no tenían un programa de seguridad aprobado". En una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ministerio de Trabajo, en Alem 650, González Gaviola explicó que el organismo a su cargo intervino porque "está facultado para hacerlo" por el convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese convenio, que data de 1947, habilita a los inspectores de la autoridad laboral a tomar medidas para que "se eliminen los defectos observados" en las obras en construcción, en los casos en que "constituyan razonablemente un peligro para la salud o la seguridad de los trabajadores" de las obras en cuestión. Para justificar su intervención, el superintendente hizo también mención a la Ley 25.212, el llamado Pacto Federal, del año 1999, que faculta a los inspectores a disponer medidas "de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la salud, higiene o seguridad del trabajador", incluyendo "la suspensión de tareas".
"La inacción (del gobierno porteño) que se advierte respecto de las denuncias realizadas por las ART es importantísima", aseguró González Gaviola. Ante una consulta sobre si entendía que hay "ineficiencia o desidia", eludió darle una calificación. De todos modos consideró que "frente a esta falta de acción me niego a señalar como 'accidente' lo ocurrido en el edificio de Bartolomé Mitre 1232", derrumbe que provocó la muerte de una persona. "Tanto la obra de Mitre como la de Jujuy 217, donde hoy (por ayer) hubo un escape de gas, tenían advertencias previas por parte de las ART de que no estaban trabajando como se debía", respecto del cumplimiento de las medidas de seguridad.
Según el funcionario, frente a las irregularidades denunciadas por las ART, "la autoridad de trabajo local, en este caso el gobierno porteño, tiene que suspender las obras por incumplir la normativa vigente". Si no lo hace, "la Ley Federal del Trabajo y el Convenio de la OIT nos permiten actuar, clausurando, cerrando o suspendiendo las obras hasta que la empresa cumpla la normativa, ante la existencia de un peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores, para los vecinos o para los transeúntes que pasen por el lugar", sostuvo González Gaviola.
El funcionario explicó que a través del sistema informático existente en la ciudad de Buenos Aires, "que puede compararse a los mejores del mundo", es muy fácil acceder a la información sobre la existencia de falencias en las obras en construcción. De ese modo, la Superintendencia comprobó que "hay actualmente 833 obras con denuncias por falta de plan de seguridad" (se entregó la lista completa). De ese total "hay 50 consideradas de mayor riesgo, porque están en período de excavación o demolición". Hasta ahora se inspeccionaron 22 y las 28 restantes serán visitadas en los próximos cinco días hábiles. "Quince de las obras visitadas hasta ahora tenían irregularidades graves, lo que obligó a suspender los trabajos", precisó González Gaviola.
"Si el aviso de obra y el plan de seguridad no están aprobados, la obra no debe comenzar y las transgresiones a esta normativa deben ser sancionadas en forma enérgica", explicó el funcionario. El superintendente de Riesgos de Trabajo estimó que hay unas 17 mil obras en marcha en la Ciudad, en lo que va del año, de las cuales están registradas 10.697. El nivel de incumplimiento de las normas es muy alto, de acuerdo con las cifras dadas a conocer en el sentido de que las ART denuncian, por año, casi 260 mil casos de irregularidades de distinta gravedad.
De julio a octubre se constataron 4881 incumplimientos sobre el total de 10.697 casos registrados en forma oficial. González Gaviola cuestionó que el gobierno porteño haya analizado sólo 119 casos y actuado en apenas 71, cuando la Superintendencia "en apenas tres días, con ocho inspectores, hizo 22 inspecciones y concurrió a otros siete lugares, sin poder hacerlo por problemas meteorológicos". Agregó, en ese sentido, que el Gobierno de la Ciudad tiene "más personal" en ese rubro y "recibe el aporte de 20 inspectores cuyos sueldos los paga esta superintendencia".
Otra de las críticas fue que el gobierno de Mauricio Macri "todavía no se ha sumado, pese a que ha sido invitado en varias ocasiones, al grupo que conforman la Superintendencia, la Unión de las ART, la Cámara de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), con quienes nos reunimos en forma periódica para analizar los problemas relacionados con el control de las obras". En la reunión de prensa de ayer estuvo presente el secretario adjunto de la Uocra, Rubén Pronoti, quien sumó sus críticas al macrismo y recordó que muchas de las denuncias fueron presentadas por la organización gremial.
Normas que no se cumplen
Las resoluciones de la Superintendencia de Seguridad del Trabajo número 51, de 1997, y 550, de 2011 son las que establecen las normas específicas para el inicio de una obra en construcción. La normativa 51 establece la obligatoriedad de "informar la obra mediante un aviso de inicio" y "presentar un programa de seguridad específico" según las características que debe ser aprobado por la ART. Si el aviso de obra y el plan "no están aprobados, no debe iniciarse la misma" y los que transgredan esa norma "deben ser sancionados".
La normativa 550, por su parte, establece "un mecanismo de intervención más eficiente para las etapas de demolición de edificios existentes, excavación para subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin de asegurar las medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control de las obras en construcción".
Fija que el responsable de la obra "debe estar presente en cada paso de la misma, verificando cuestiones de seguridad". Debe hacerse un "análisis estructural de las áreas a demoler" y proveer "elementos de protección para los trabajadores" y realizar "acciones preventivas para evitar derrumbes", entre otras obligaciones.Las obras suspendidas
Este es el listado de las quince obras suspendidas por decisión de la Superintendencia de Seguridad del Trabajo:
- Hortiguera 90 (Caballito). Empresa: CMC-Vial. Falta programa de seguridad aprobado.
- Olazábal 4465 (V. Urquiza). Construcciones SRL. Incumplimientos en las obras de excavación.
- Juramento 750 (Belgrano). Rowi Soluciones SRL. Excavación suspendida.
- Amenábar 1352 (Colegiales). Maciel Arzamendi. Falta recalce de muros medianeros.
- Sucre 1238 (Belgrano). Rojas Galeano. Falta de apuntalamiento en excavaciones.
- C. Larralde 2475 (Núñez). CGE Construcciones. Acceso inseguro.
- Estado de Israel 4661 (V. Crespo). Haspe SRL. Riesgo de caída de altura.
- Amenábar 3229 (Núñez). Fideicomiso Amenábar. Riesgo trabajo de altura.
- Camarones 1460 (V. Gral. Mitre). Fideicomiso Camarones. Incumplimiento de la resolución 550.
- Nogoyá 2510 (V. del Parque). Venegoni Hnos. Incumplimiento res. 550.
- García Lorca 124/46 (Caballito). De Villa Hnos. No cumple la 550.
- Ruiz Huidobro 4541 (Saavedra). Angel Rodríguez Ferreira. No tiene programa de seguridad.
- Luis M. Campos 369 (Palermo). Gil Construcciones SA. No cumple la 550.
- Córdoba 3600 (Almagro). Oscar Galván. Faltan barandas de apuntalamiento en la excavación.
- Santa Fe 3760 (Palermo). Riva SA. Debe actualizar la 550, por modificar los trabajos de obra.Escape de gas y evacuación
Ayer por la mañana, en Once, la excavadora de una construcción rompió un conducto de gas que, de acuerdo con lo que señaló el arquitecto responsable de la obra, no figuraba en los planos. El accidente ocurrió en la avenida Jujuy 217 y provocó la evacuación inmediata de una escuela industrial en forma preventiva. La pérdida de gas, originada en la rotura de un caño interno de distribución de gas natural, quedó solucionada cuando una cuadrilla de Metrogas cerró la llave de corte. El arquitecto señaló que el caño no figuraba en los planos, mientras que Metrogas sostuvo que "recién hoy (por ayer), a las 10.53 horas, y con posterioridad a la rotura del caño, ingresó el pedido de corte del servicio por demolición". Por su parte, el titular del Ente Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato, comunicó en una nota al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, su "preocupación" por las "reiteradas" roturas de instalaciones de gas en la ciudad. "Es imprescindible la participación activa de las correspondientes áreas de control de vuestro gobierno", aseguró.
A pagar los platos rotos
La Comisión de Presupuesto debatirá cómo resarcir a los propietarios del edificio de Mitre al 1200. Todos coinciden en pagar el costo de cada inmueble. Hay diferencias sobre el pago de los objetos que había en cada departamento y los daños y perjuicios.
Todos los proyectos prevén darles a los damnificados el valor real de la propiedad que poseían.
Por Emilio Ruchansky
Que sea rápido. En eso coincidían ayer el Ejecutivo porteño, los legisladores opositores y los damnificados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. Hoy se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar la expropiación del inmueble y dos resarcimientos: uno por los objetos que había dentro y otro por daños y perjuicios. "Esas tres cosas son las que piden los vecinos", aseguraron a este diario los legisladores Martín Hourest (GEN) y Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, quien presentó un proyecto que incluye 25 mil pesos "por las molestias ocasionadas" a propietarios, inquilinos y vecinos. "Encontré un departamento parecido al mío, en la misma cuadra, que cuesta alrededor de 1900 dólares el metro cuadrado. Se lo voy a mandar a todos los legisladores, para que vean que no exageramos el precio", comentó anoche Mónica Nizzardo, una de las damnificadas del edificio derrumbado.
Hoy a las 11.30 se debatirán cuatro proyectos de ley. Todos ellos plantean que los vecinos deben recibir el dinero suficiente para comprar un departamento similar en metraje, ubicación y categoría al que poseían. El macrismo, a través del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, envió una iniciativa que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el inmueble y pone como tasador al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa no plantea otros resarcimientos.
Por las "circunstancias particulares del caso", según este proyecto, "se tomará como valor del mismo el valor de mercado que el bien tenía al 3 de noviembre de 2011", es decir, un día antes del derrumbe. La ley marco de expropiación indica que se debe pagar lo que el inmueble cuesta al día de la sanción. Si se hace una excepción, el proyecto debe tener "doble lectura": tiene que sancionarse, aprobarse luego en una audiencia pública y luego votarse nuevamente en la Legislatura porteña.
"Si se toma este camino, los vecinos podrían recibir el dinero recién en tres o cuatro meses", comentó Epszteyn. Para enmendar esta situación, anoche el presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Alvaro González, estudiaba la posibilidad de que se expropie sólo el terreno y se arme un fondo monetario que surja de restar al valor de los departamentos, el costo del terreno. Así, se podría expropiar más rápido. El proyecto original enviado por Grindetti no incluye un plus presente en las iniciativas de Hourest y Epszteyn: que el gobierno porteño cubra los gastos de las futuras operaciones inmobiliarias.
Hourest presentó su iniciativa junto con Claudio Presman, Rubén Campos y otros legisladores. En su artículo 5, el escrito propone subsidios para propietarios e inquilinos por el valor de seis meses de alquiler del departamento que habitaban y un resarcimiento de hasta 50 mil pesos "para la compra de los bienes que fueron afectados a consecuencia del siniestro". Hourest aseguró haber trasladado a las autoridades del gobierno la preocupación de los vecinos por las pertenencias que están bajo los escombros. "La restitución es socioambiental, pedí salvaguardar todos los objetos personales", dijo.
Hoy también se debatirá el proyecto de Epszteyn, el último en presentarse, y que eleva el monto del subsidio por los daños dentro del inmueble a 100 mil pesos. Además, el texto determina en su artículo cuarto "un sistema de reparación que garantice el resarcimiento de los daños y perjuicios generados a todos aquellos afectados" para quienes viven en los alrededores del edificio de la calle Mitre. También requiere al Ejecutivo porteño a iniciar "sumarios, acciones penales y civiles pertinentes" contra los responsables del derrumbe.
El cuarto proyecto es el presentado por la legisladora Silvina Pedreira (PJ), quien propuso, en un principio, una indemnización de 50 mil pesos. Esta iniciativa deja en manos del gobierno porteño los requisitos que deberán cumplir los destinatarios del subsidio. Los vecinos lo rechazaron de plano. "Queremos la plata de los departamentos, lo que corresponde por lo que teníamos dentro y la reparación porque yo estoy faltando al trabajo por todo esto", dijo ayer Nizzardo, quien sigue buscando nuevo hogar.
Si hoy se aprueban los dictámenes en juego, mañana podrían tratarse y votarse en la Legislatura, donde hay consenso sobre la urgencia que viven los propietarios e inquilinos de los 31 departamentos. Algunos pidieron entrar para sacar sus documentos personales. La respuesta fue negativa. El edificio, al parecer, está en constante movimiento y puede terminar de derrumbarse. Por suerte, comentó Nizzardo, hay cámaras para evitar saqueos: hay un tesoro entre los escombros.
emilioru@pagina12.com.ar
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