El PRO impulsa un Código de Planeamiento a la medida de la especulación inmobiliaria
Después de arrogarse la posibilidad de vender terrenos públicos a través de la Agencia de Bienes, estudia derogar el conjunto de normas que desde 1977 rigen las edificaciones porteñas.
Gastón Rodríguez
Sábado 12 de Noviembre de 2016
En su tercer mandato al frente de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO pretende –una vez más–anteponer el interés inmobiliario a las necesidades y derechos de los vecinos. En su afán especulativo, y envalentonado por la creación de la Agencia de Bienes del Estado (ABE), un instrumento formidable para el traspaso de tierras públicas al ámbito privado, el Gobierno porteño promueve ahora la eliminación del Código de Planeamiento Urbano y su remplazo por un proyecto morfológico, es decir, centrado en la apariencia, que implicaría, según especialistas y referentes de las organizaciones vecinales, la multiplicación de torres kilométricas, la pérdida de espacios verdes y el consiguiente daño ambiental, peores condiciones de habitabilidad, un aumento irresponsable de la densidad de la población, mayor concentración de la riqueza y expulsión de los ocupantes originales de los barrios, entre otras consecuencias.
La propuesta, además, se discute de espaldas a la sociedad, sin participación de las comunas, en "foros" cuyos principales oradores son los "desarrolladores urbanos".
El Código de Planeamiento Urbano es el conjunto de normas que "alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, (…) y con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad", según lo establece la Ley 449/2000.
Fue sancionado en 1977 (si bien desde entonces se le hicieron sucesivas modificaciones), cuando la dictadura se ensañaba, a puro desalojo, con los habitantes de los barrios pobres, instalando conceptos como Factor de Ocupación Total (FOT) y Factor de Ocupación del Suelo (FOS) para regular las construcciones en la ciudad. También estableció zonificaciones con regulaciones específicas: residenciales, industriales, etcétera.
La propuesta oficial del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es eliminar estos criterios y remplazarlos por una tipología de construcción "por volumen". Respecto de las alturas, la intención es homogeneizarlas. La sospecha extendida entre los vecinos es que el emparejamiento se hará cada vez más cerca del cielo.
"La intención es ir hacia una mayor compactación de lo edificable con lo edificado, vía igualación de alturas y volúmenes de lo construido con lo que se va a construir. Eso significa peores condiciones de habitabilidad para los ocupantes de viviendas o lugares de trabajo, es decir, departamentos y oficinas con poca ventilación y menos iluminación natural", avisa el arquitecto Osvaldo Guerrica Echeverría, presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y asesor en temas de Planeamiento Urbano y Ambiente en la Legislatura. Opina, en todo caso, sobre lo poco que se sabe.
Para imponer su plan, la administración PRO creó uno bautizado "Foro de Desarrollo Urbano" que se reunió en dos oportunidades en el Palacio Lezama (la ex fábrica Canale) y del que participaron los principales desarrolladores como Eduardo Costantini, Eduardo Elsztain (principal accionista y presidente de IRSA), Milagros Brito (titular de Vizora) y Toribio Pablo de Achával, entre otros. El proyecto también se discutió en ámbitos técnicos como el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), pero no llega a los vecinos.
"Para las organizaciones sociales –dice Fabio Oliva, integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda– es muy difícil sumarse a esas reuniones. Esto es lo que tiene de pecado original el proyecto del gobierno. Todos los que trabajamos para una democracia participativa repudiamos esta modalidad".
El paradigma Puerto Madero
El 9 de junio pasado se aprobó –por 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones– en la Legislatura porteña la ley que creó la Agencia de Bienes Sociedad del Estado. Desde ese día, el gobierno dispone a voluntad de la compra, venta, alquiler, concesión y canje de unos 2400 inmuebles estatales. Con la Agencia, que cumple funciones similares a las que tuvieron la Corporación Puerto Madero y la Corporación Buenos Aires Sur, también con formato Sociedad del Estado, los ciudadanos perdieron el derecho a decidir sobre el destino y uso del patrimonio común, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas, acentuando la política de privatización y negocios con la tierra pública impulsada por el PRO desde que asumió el gobierno en el año 2007.
"La venta de inmuebles públicos genera su descapitalización y se pierde la posibilidad de disponerlos para fines sociales y ambientales. Entonces, se gobierna para favorecer los negocios inmobiliarios especulativos, lo que provoca la concentración de la tierra en pocas manos, agudizando la crisis de vivienda y expulsando de sus barrios de origen a las personas de menores ingresos", explica Jonathan Baldiviezo, titular del Observatorio de la Ciudad.
Para Baldiviezo, la planificación que propone el PRO "está monopolizada por intereses económicos". A través de su organización demandó al gobierno porteño por "violación a la democracia participativa", exigiendo que "el debate sea meditado, profundo y amplio".
"Es verdad que hay que reordenar morfológica y espacialmente la ciudad, pero no estamos de acuerdo con el planteo. Generaron un foro, invitaron a los principales desarrolladores inmobiliarios y lo resolvieron planteando una selva de concreto. Tendrían que facilitar la participación de las comunas a la hora de repensar nuestra ciudad. Sin embargo, todos los resortes constitucionales han sido salteados", se queja la arquitecta Nidia Marinaro, de PropAMBA. "En esta nueva aventura del Gobierno de la Ciudad –continúa–, lo que se está buscando es un conglomerado urbano más denso, pero con edificios vacíos, en resumen, lo que se busca es que prolifere el perfil de Puerto Madero".
Tanto entusiasmo por la expansión del cemento hizo olvidar la cuestión ambiental, un detalle que no es novedoso para la gestión PRO.
"No hay previsión –dice Guerrica Echeverría– acerca de nuevos espacios verdes. Directamente no dicen de dónde los van a sacar. Sólo hay una mención al Plan Buenos Aires Verde, una sanata sin pies ni cabeza". Para el especialista, la última propuesta del PRO no tiene criterios ambientales, por la simple razón de que no fueron tomados en cuenta en la elaboración de las nuevas normas. Tampoco hay, explica, criterios especiales para áreas inundables, a pesar de la mala experiencia en el tema. «
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