En 2003, la Legislatura porteña autorizó la expropiación de un inmueble para la instalación de un centro de salud, pero el Ministerio de Salud porteño cedió tres pisos de la propiedad al Ministerio Público Fiscal que dirige el macrista Germán Garavano. La Defensoría General del kirchnerista Kestelboim trabó el uso mediante un amparo que denunció la violación del "objeto de la expropiación". Un capítulo más de un sordo enfrentamiento que conmueve a la justicia porteña.
No es un secreto -e incluso forma parte del sistema organizativo del Ministerio Público de la Ciudad- que tanto el fiscal general Germán Garavano como el defensor Mario Kestelboim, se juntan -ellos mismos o bien sus asesores- al menos, una vez por semana, pese a que el primero de ellos suele emparantarselo con el macrismo y al defensor con el peronismo kirchnerista.
Lo cierto es que más allá de la relación “respetuosa” entre ambas cabezas del Ministerio Público porteño –cúpula que completa la Asesoría Tutelar, a cargo de Laura Musa-, la Defensoría Nº 3 que responde a Kestelboim salió a trabar judicialemente el uso de un inmueble por parte de Garavano.
La polémica comenzó cuando por medio de la ley 1220 del 27 de noviembre de 2003, la Legislatura porteña autorizó la “expropiación del inmueble e instalaciones ubicado en la calle Medrano Nº 350 y 358”. En ese momento se lo declaró “de utilidad pública” a la propiedad de tres pisos que en un principio estaba en manos de la Asociación Mutualista Evangélica. Se decidió que allí debía instalarse el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 38, en Almagro.
Sin embargo, según denunció la defensoría a cargo de Kestelboim, no se cumplió con el objeto de la licitación que fijaba que el inmueble debía destinarse al “funcionamiento de un efector de salud integrado operativamente a la red prestacional de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según detalla la ley 1220.
Según explicaron fuentes de la Defensoría General –que patrocina al vecino demandante y representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita, Leonardo Chazanowski- a LPO, “el problema es que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Administración de Bienes y el Ministerio Público Fiscal (MPF), celebraron un convenio –el 14 de enero de este año- y le cedieron a la Fiscalía ‘para uso de gestión’ los tres pisos por sobre la planta baja en vista a la falta de espacio de algunas dependencias porteñas, violando el destino primero de la expropiación”.
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Lo cierto es que más allá de la relación “respetuosa” entre ambas cabezas del Ministerio Público porteño –cúpula que completa la Asesoría Tutelar, a cargo de Laura Musa-, la Defensoría Nº 3 que responde a Kestelboim salió a trabar judicialemente el uso de un inmueble por parte de Garavano.
La polémica comenzó cuando por medio de la ley 1220 del 27 de noviembre de 2003, la Legislatura porteña autorizó la “expropiación del inmueble e instalaciones ubicado en la calle Medrano Nº 350 y 358”. En ese momento se lo declaró “de utilidad pública” a la propiedad de tres pisos que en un principio estaba en manos de la Asociación Mutualista Evangélica. Se decidió que allí debía instalarse el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 38, en Almagro.
Sin embargo, según denunció la defensoría a cargo de Kestelboim, no se cumplió con el objeto de la licitación que fijaba que el inmueble debía destinarse al “funcionamiento de un efector de salud integrado operativamente a la red prestacional de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según detalla la ley 1220.
Según explicaron fuentes de la Defensoría General –que patrocina al vecino demandante y representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita, Leonardo Chazanowski- a LPO, “el problema es que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Administración de Bienes y el Ministerio Público Fiscal (MPF), celebraron un convenio –el 14 de enero de este año- y le cedieron a la Fiscalía ‘para uso de gestión’ los tres pisos por sobre la planta baja en vista a la falta de espacio de algunas dependencias porteñas, violando el destino primero de la expropiación”.
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“Pedimos que se cumpla la ley”
“Lo único que pedimos es que se cumpla con la ley 1220”, afirmó el denunciante Chazanowski a LPO. El problema es que el inmueble jamás llegó a ser integrado en su totalidad como CESAC, ya que “los tres pisos cedidos a la Fiscalía funcionaban como un depósito de materiales”, comentaron en la Defensoría, menos drásticos que en la descripción del amparo que refiere a dichos ambientes como “un depósito de escombros y basura”. Esto se suma a que recién en 2006 el Gobierno de la Ciudad puso en funcionamiento el citado CESAC.
“Siendo ese inmueble de la Fiscalía, perdemos la posibilidad de tener un efector de salud. Allí podría funcionar un piso de salud mental, gerontología, hospital de día, ambulatorio, que hoy no tienen lugar porque no hay ni camas, aunque podrían instalarse unas 48”, explicó el representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita, que detalla que hoy, los tres pisos en pugna están sin utilidad.
El conflicto, según Chazanowski, no deja de revelar las prioridades del macrismo. “Priorizaron dar mas lugar al Ministerio Público Fiscal -es decir la rama del Poder Judicial que persigue el delito- a un centro de salud”.
Por otro lado, reconoce que “costó mucho que la Defensoría tomara el caso, pero entendieron que el reclamo era genuino. Hay que darse cuenta que acá se superponen intereses que conviven en el Ministerio Público”. Es que si bien se trata de funciones separadas, tanto Kestelboim como Garavano integran el Ministerio Público porteño.
Para motivar el reclamo, juntaron firmas y recibieron el apoyo de varios miembros de la Legislatura porteña que incluso prepararon un proyecto de declaración.
Denuncia presiones
Por último, Chazanowski deslizó: “Me llegó el rumor de que me están investigando”, haciendo alusión a eventuales “presiones” para que desestime su pretención. “La forma más eficiente de hacer caer el amparo –explicó- es descalificándome”.
La Política Online pudo acceder al amparo y a lo resuelto el 4 de junio último –en cuanto a una medida cautelar, a la que se hace lugar- por el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 11 de la Ciudad, Fernando Lima (ver imagenes asociadas).
Allí, Lima resuelve “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio Público Fiscal que se abstengan de llevar adelante actuación alguna que afecte o ponga en riesgo el actual funcionamiento del CESAC Nº 38 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estas actuaciones”.
La medida reporta un revés para el Ministerio Público Fiscal –que apeló ayer el fallo (ver documentos añadidos)-, ya que aunque todavía no se resolvió el amparo, “cualquier obra o inversión que efectúen en dicho inmueble se halla sujeta a la eventualidad que implica la circunstancia de que el propio título en virtud del cual se podrían hacer tales mejoras se halla sujeto a litigio en razón de su pretendida nulidad”, expone ya sobre el final el juez Lima. El día 30 de junio vence la acción de fondo, por lo que se espera que el litigio tenga definición a fin de mes.
La defensa de la Fiscalía
Contra la cautelar a la que dio luz verde el juez Lima, desde el Ministerio Público Fiscal interpusieron ayer (martes 22 de junio) recurso de apelación (ver documentos añadidos) en 16 fojas, alegando que “el objeto de la medida cautelar dictada carece de vinculación con la realidad, en tanto nunca se llevarán adelante actuaciones que afecten o pongan en riesgo el actual funcionamiento del Centro de Salud y Acción Cooperativa” ya que la cesión de los tres pisos por sobre la planta baja en donde funciona el CESAC, no comprometen al Centro de Salud en cuestión, y argumentan que “no hay convenio que impacte sobre el CESAC 38, no hay derecho vulnerado, no hay acto ilegítimo alguno”.
En off, fuentes del Ministerio Público Fiscal aportaron a LPO que “esta causa es más política que otra cosa. Basta con saber quién es Chazanowski: un militante peronista del barrio de Almagro, que fue deligado sindical de la cooperativa cuando el edificio de Medrano era de la Asociación Mutualista Evangélica. Además, Chazanowski trabaja con la ex diputada kirchnerista Silvia La Ruffa”.
“Si esto fuera todo lo que dicen y en la forma en que lo hacen, ¿Pensás que presentarían en la Legislatura un mero proyecto de declaración? Podrían haber hecho una denuncia penal”, retrucaron ante LPO fuentes de la Fiscalía.
A su vez, otro pilar de la defensa de la gente de Garavano es que “la ley pone un plazo en el que se debe mantener el objeto de la expropiación; ese plazo prescribió”, y agregan: “El lugar está destruido. Acá se preguntan en qué pensaban cuando aceptaron el inmueble. Antes de que lo recibamos, habían arrancado caños y marcos de las puertas”. Tal vez la respuesta esté en la apelación, que considera que utilizando el inmueble cedido, el MPF se ahorraba “del erario público una suma que puede estimarse mensualmente en $ 1.296.000”.
Por otro lado, desde el MPF le bajaron el tono a la confrontación legal con la Defensoría y aseguran que “tenemos cosas más complicadas que éstas con ellos, como la interpretación de normas y temas relativos a la disputa de espacios, porque compartimos edificios. Indudablemente tenemos miradas distintas de muchas cosas”, concluyeron.
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